Este martes, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, ideólogo de la iniciativa de distribución de gas municipal a precio justo, comentó el dictamen de Contraloría oficializado ayer.

En él, la entidad estableció que los municipios no tienen facultades para la venta de gas licuado, por lo que se requiere de un cambio en la normativa legal para implementarlo.

Sin embargo, el jefe comunal que impulsó esta idea conversó con Cooperativa, emisora donde aseguró que la idea seguirá adelante y se concretará.

"En el supuesto caso que mantenga su decisión, nosotros podemos formar una asociación de municipios que sí va a dedicarse a la actividad comercial sin desnaturalizar la función principal de los municipios. Y en el caso de una actividad pública, no pretender fines de lucro", aclaró.

De hecho, la autoridad comentó que los alcaldes buscarán continuar con la idea de llevar gas a precio justo a la gente. Incluso aseguró que junto a sus colegas con como "monos porfiados en el afán de servir a los vecinos".

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Paralelamente, otro de los que aludió a la resolución de Contraloría fue el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, planteando que "debe prevalecer el bien común", considerando que "hay muchas personas que no pueden adquirir productos esenciales", como el gas.

A través de un comunicado, Díaz dijo que los pensionados que reciben alrededor de 155 mil pesos por la Pensión Básica Solidaria, no pueden cubrir sus gastos mensuales en el contexto actual. Y agregó que al elevado costo de este producto, hay que sumarle "alimentación, el consumo eléctrico, agua potable, los medicamentos. La ecuación no da por ningún lado", destacó.

"Eso no nos puede ser indiferente y tenemos que aunar los esfuerzos y buscar la fórmula para corregir esta inequidad" en los bienes y servicios esenciales, concluyó.