Como un informe contundente calificó el presidente de la Comisión Investigadora del gas licuado, diputado Miguel Ángel Calisto, el documento aprobado este viernes en dicha instancia legislativa y que establece que “existen especiales condiciones que podrían dar origen a una colusión en el mercado del gas”.

El parlamentario aseguró, luego del estudio de la instancia parlamentaria, que “el gobierno está siendo cómplice de estas empresas al no presentar aún ningún proyecto que modifique el marco regulatorio en este mercado”.

Paralelamente, Calisto comentó el análisis del mercado de este producto que permitió llegar a esta certeza. “En el informe establecemos que existen antecedentes suficientes para suponer que hay colusión en el mercado del gas licuado. Con una alta concentración, baja intensidad competitiva y con precios que no han dejado de subir en las tres principales marcas, a pesar que hubo periodos importantes donde el petróleo bajó de precio, lo que nunca benefició a los consumidores”, sostuvo.

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"Esto es un abuso que no podemos dejar pasar"

“La Fiscalía Nacional Económica (FNE) estima que la gente paga anualmente 181 millones de dólares extra, cerca de 15% de sobreprecio. Esto es un abuso que no podemos dejar pasar, por lo que instamos al fiscal nacional económico a que presente un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la eventual colusión en el mercado del gas licuado de petróleo”, dijo.

Adicionalmente, el parlamentario insistió en cuestionar al Ejecutivo por su actitud frente a estos hechos. “Hacemos una crítica fuerte al gobierno, porque ha estado como un mero espectador en todo esto, mientras son los propios municipios los que se la están jugando para buscar una alternativa que permita bajar los precios. El gobierno está siendo cómplice al no presentar aun un proyecto para modificar el marco regulatorio”, sostuvo.

“En nuestro informe estamos planteando una serie de propuestas para modificar el marco regulatorio del mercado del gas, como que las distribuidoras mayoristas no deben acceder a la propiedad. O al control o administración ni en forma directa ni indirecta de las empresas que distribuyen en forma minorista el GLP, y ello a nivel nacional; prohibición de todas las cláusulas que importen exclusividad o exigencias al distribuidor minorista de ser monomarca", agregó el parlamentario.

Sobreprecios incluso mayores en zonas extremas del país

Calisto plantea además que "los distribuidores minoristas deben tener completa y total libertad de comercializar la o las marcas de GLP que más le convengan conforme el precio de mercado vigente, entre otras medidas”.

En el informe también se establece un aspecto relacionado al alto costo que tiene este elemento en las zonas extremas. Ante esto, el parlamentario indicó que “en nuestro informe reconocemos la gran diferencia de precios que existe en las localidades más alejadas de nuestro país, como es el caso de la Región de Asyén”.

“Por eso estamos solicitando que se cree un mecanismo que permita a las zonas extremas tener el mismo subsidio que existe en Magallanes para el gas. Como comisión investigadora, apelamos al principio de ‘misma razón, misma disposición’”, aseguró.