Tal como anunciara a fines de septiembre el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, en el programa televisivo Tolerancia Cero, el lunes 18 de octubre se empezó a escribir la futura Constitución de Chile o, más precisamente, se inició el debate de fondo con los discursos de apertura de los constituyentes, la instalación de las siete comisiones temáticas de la Convención, la recepción de las iniciativas constituyentes y de iniciativas populares. Entramos ya en tierra derecha en la redacción de una propuesta que deberá ser sometida a la ciudadanía para su aprobación el próximo año. La fecha, tal como declarara el propio Bassa, es simbólica pues coincide con la conmemoración del segundo aniversario del inicio del estallido social. Sería injusto y alejado de la realidad pensar que esto comienza sólo ahora y que, desde su instalación, el pasado 4 de julio, la Convención haya hecho poco o nada. Por el contrario, en un plazo de algo más de tres meses ha avanzado muchísimo en términos de organización de su trabajo y, aún más importante, en lo que respecta a discutir los mecanismos y normas que regirán el proceso de deliberación y acuerdo para las futuras disposiciones constitucionales mediante la adopción de sus reglamentos.

La ciudadanía ha sido testigo de tres meses de intensa labor que no han estado exentos de polémicas de distinta naturaleza. Algunas ya anunciadas desde antes de la instalación de la Convención, como la de los 2/3; otras suscitadas por hechos sobrevinientes y no previstos, como la renuncia del convencional Rojas Vade; otras que más bien remiten a discusiones muy de fondo como la cuestión del negacionismo... y qué decir de todo lo que la Convención ha hecho para abordar aspectos de representación, funcionamiento y apoyo logístico con la elección de las vicepresidencias, organización de comisiones, reasignación de recursos, rol de la secretaría administrativa (que hoy por hoy parece funcionar adecuadamente tras el bochorno de las primeras semanas), participación de asesores y una larga lista de etcéteras. Este intenso trabajo permite pensar que el anuncio de Bassa está en condiciones de ser cumplido. Algunos países de la región con experiencias similares tomaron más tiempo en preparar el terreno sobre el que construyeron sus propuestas. Nuestra Constituyente es paritaria y se ha dado un reglamento de participación indígena conforme a estándares internacionales y cuenta con mecanismos de participación ciudadana inéditos, como las iniciativas populares constituyentes. Tal como está previsto, la Convención probablemente precisará prorrogar tres meses a su mandato. Tenemos por delante nueve meses de continuidad del arduo trabajo de convencionales y equipos de apoyo. Tiempo en el que además ellos mismos, comisiones y plenario recibirán invitados y en los que se prevén audiencias públicas y participación.

Entre los debates en curso y los por venir, hay dos que se han tomado la agenda las últimas semanas. Uno suscitado por el mismo Jaime Bassa en la entrevista ya señalada: ¿puede incidir la Convención en la duración del mandato del próximo Presidente de la República? El otro tiene que ver con la posibilidad de revisar los tratados internacionales y eso vino de la mano de alguna candidatura presidencial. Excede la intención de esta columna comentarlos, sólo decir que pareciera que ambos temas tienen que ver con el modo en que se entienden los límites de la Convención. Seguro vendrán otros muchos y es de esperar se aborden con sus matices y complejidades sin excluirlos a priori de su agenda.