La pregunta, entonces, no es solamente cuánto debemos extraer. Ni siquiera qué debemos extraer. La pregunta es quién tendrá el poder de decidirlo. Porque descarbonizar la economía no equivale, necesariamente, a democratizar el desarrollo.
Minería del litio en el Salar de Atacama.
Foto: Agencia UNO.
Para salvar el planeta necesitamos seguir excavándolo. Aunque parezca contradictorio, esa es una de las grandes paradojas de la transición energética contemporánea. Detrás de cada vehículo eléctrico, cada batería y cada promesa de un futuro libre de combustibles fósiles existe una creciente demanda de cobre, litio y otros minerales extraídos de las entrañas de nuestra tierra, soportando el peso material de nuestras aspiraciones.
Mientras el mundo proyecta los beneficios de descarbonizar sus economías, los territorios donde se encuentran esas materias primas enfrentan preguntas bastante menos abstractas: quién decidirá sobre sus recursos, quién recibirá los beneficios y quién asumirá los costos ambientales de extraerlos.
La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda mundial de litio podría más que triplicarse hacia 2040 bajo su escenario de políticas declaradas. Para países como Chile aquello abre oportunidades económicas enormes, pero también revive preguntas que conocemos demasiado bien.
Porque la transición energética no elimina nuestra relación ético-jurídica con la naturaleza. Puede, simplemente, blanquearla. Nos vendieron acribillar como cribar. Nuestra América conoce esta historia desde hace siglos. Alimentamos industrias del norte mientras la promesa de prosperidad permanecía enajenada. Vivimos imperios y vivimos repúblicas; desarrollos heterogéneos, sentencias homogéneas: neoextractivismo.
Hoy los minerales críticos vuelven a colocarnos frente a la misma pregunta: ¿esta nueva demanda mundial permitirá transformar nuestras economías o simplemente renovará nuestra añeja especialización extractiva? Ese es el verdadero conflicto. No transición energética versus inmovilismo. No desarrollo versus ecologismo. La disputa es qué transición queremos y quién tendrá poder para dirigirla.
Una transición conducida casi exclusivamente por las señales del mercado puede movilizar capital, acelerar inversiones y expandir tecnologías limpias. Pero la rentabilidad no constituye justicia y la desregulación no constituye libertad completa. El mercado no garantiza que quienes reciben los beneficios sean también quienes soportan los sacrificios.
Podemos cambiar petróleo por litio, carbón por cobre, motores por baterías, y aun así conservar exactamente las mismas relaciones entre centro y periferia, capital y territorio, beneficio y sacrificio. Porque un proyecto puede contribuir a reducir emisiones globales mientras profundiza conflictos locales por el agua, los ecosistemas o la distribución de sus beneficios. No toda transformación energética transforma nuestra relación con el territorio.
Aquí aparece también una cuestión de justicia.
Rawls nos recordó, mediante su principio de ahorro justo, que nuestras decisiones presentes tienen obligaciones respecto de quienes vendrán después. Pero la justicia ambiental demanda agregar una pregunta igualmente urgente: ¿qué ocurre con quienes soportan hoy los costos de aquello que beneficiará mañana a generaciones enteras?
Debemos preguntar junto a ello quién pierde agua, quién ve alterado su territorio, quién participa de las decisiones y quién recibe las rentas generadas por aquello que se extrae bajo sus pies.
La alternativa, entonces, no pasa por detener la transición. Pasa por disputarla. Planificar qué extraemos, cuánto, para qué y bajo qué condiciones. Diversificar nuestras economías para no volver a ocupar eternamente el mismo lugar subordinado en las cadenas globales. Expandir el reciclaje de minerales críticos, invertir en innovación y disminuir, cuando sea posible, la presión sobre nuevos territorios.
La Agencia Internacional de Energía estima que una expansión significativa del reciclaje podría reducir las necesidades de nuevas minas entre un 25% y un 40% hacia mediados de siglo, dependiendo del mineral. No es una solución milagrosa, pero demuestra algo importante: incluso dentro de la transición existen caminos distintos.
Y, sobre todo, las comunidades que cargan con los costos deben tener poder real sobre las decisiones y participar también de sus beneficios. Porque la transición energética no es solamente una discusión tecnológica. Es una disputa sobre propiedad, territorio y poder.
Nuestra América conoce demasiado bien las consecuencias de ocupar una posición subordinada en las cadenas internacionales de producción. La expansión de las tecnologías limpias puede abrir nuevas oportunidades económicas, pero también puede profundizar nuestra especialización primaria si dejamos que las decisiones sobre recursos estratégicos sean determinadas exclusivamente por su rentabilidad internacional.
Por eso la crítica al neoliberalismo adquiere aquí una dimensión profundamente territorial. No se trata de rechazar el mercado. Se trata de negarnos a aceptar que el mercado decida, por sí solo, qué territorios deben sacrificarse, qué recursos deben extraerse y qué comunidades deben esperar mientras otros capturan los beneficios.
Después de siglos exportando recursos para sostener el crecimiento de otras economías, nuestra América vuelve a encontrarse frente a una promesa de prosperidad construida sobre sus riquezas naturales. Tal vez esta vez podamos cambiar algo más que la fuente de energía. Porque podemos descarbonizar la economía y seguir concentrando la propiedad. Podemos electrificar el transporte y continuar expulsando los costos hacia las periferias. Podemos llenar el mundo de tecnologías verdes mientras algunos territorios siguen siendo tratados como espacios sacrificables.
Salvar el planeta no puede significar condenar nuevamente a quienes viven sobre aquello que necesitamos para salvarlo. La pregunta, entonces, no es solamente cuánto debemos extraer. Ni siquiera qué debemos extraer. La pregunta es quién tendrá el poder de decidirlo. Porque descarbonizar la economía no equivale, necesariamente, a democratizar el desarrollo.
