El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para los gobiernos regionales no solo frena la expansión de recursos, sino que representa un retroceso en la capacidad de las regiones para contribuir al desarrollo social y económico.
El ministro de hacienda Jorge Quiroz junto al presidente de la república, José Antonio Kast - Agencia Uno
La administración del presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso Nacional su primer proyecto de ley de presupuestos para el año 2027. Quienes observamos y promovemos la descentralización regional desde la academia, vemos con preocupación que esta propuesta se aleja de los esfuerzos de administraciones anteriores por fortalecer financieramente el quehacer de los gobiernos regionales, contradiciendo, incluso, los diagnósticos de su propio programa de gobierno.
Todo esto ocurre en un contexto de fuerte contención fiscal durante el presente año, bajo desempeño económico, ajustes a programas sociales y una expansión fiscal total de apenas un 1,5% para 2027, según adelantó el Ministerio de Hacienda.
El primer problema es dilucidar la magnitud real de esta rebaja. Al observar la inversión distribuida directamente a los gobiernos regionales (aquel presupuesto que no depende de reasignaciones posteriores y que más interesa a los gobernadores), el Ejecutivo informa una contracción del 6,2%, lo que equivale a $104.075 millones menos. Sin embargo, hay dos factores adicionales a considerar.
El primero, y más evidente, es que la base de comparación es menor que la aprobada por el Congreso Nacional para 2026, producto de ajustes fiscales aplicados por decreto. Como la distribución de estos ajustes termina siendo discrecional para la autoridad fiscal, no necesariamente se reflejará en futuros presupuestos. Si analizamos la propuesta de $1.572.568 millones para 2027 bajo esta consideración, la caída global alcanza un 9,4% respecto al año anterior (equivalente a $166.676 millones).
En términos relativos, esto nos hace retroceder tres años, volviendo a los montos de la ley aprobada en 2024. Ningún gobierno regional se salva. Aunque las rebajas varían según los porcentajes de distribución vigentes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y otros ingresos, los más afectados serían Atacama, Coquimbo, Maule, La Araucanía, Los Lagos, Magallanes, Arica y Parinacota, y Ñuble, con caídas superiores al 10%.
El segundo factor es que la propuesta para 2027 incluye ingresos que no están contemplados en la ley del año en curso, correspondientes a la recaudación por casinos de juego y transferencias desde la Subsecretaría de Bienes Nacionales por la venta de inmuebles fiscales. Si bien es correcto y necesario incorporar estos ingresos en el análisis, al hacerlo se genera el problema de comparar peras con manzanas. Al sincerar este nuevo dato, la contracción real se empina a un preocupante 12,5% ($216.859 millones), empeorando el panorama para regiones como Magallanes, Biobío, O’Higgins, Valparaíso, Atacama y Antofagasta, que sufrirían recortes de entre un 13% y un 19%.
Un debate público claro requiere consenso sobre cómo medimos las verdaderas fuentes de ingresos de los gobiernos regionales. Esto es fundamental no solo para mejorar la calidad de la información y asegurar la transparencia, sino también para ajustar correctamente las expectativas de gasto de estas instituciones. Lo cierto es que esta rebaja es la mayor en años e implicará serias dificultades para generar nuevos proyectos de inversión. Esto tendrá un efecto directo en las economías locales y en el desempleo, especialmente considerando que los últimos datos del Banco Central y del INE revelan regiones en recesión técnica y tasas de desocupación que superan el 10%.
En otra dimensión del problema, aunque el apartado de glosas comunes en esta propuesta tiende a simplificar ciertas tipologías de gasto, es que esto no se ha traducido en una mayor facilidad para la ejecución presupuestaria. Los gobiernos regionales siguen dependiendo en gran medida del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República para la visación y toma de razón de múltiples actos administrativos.
Así, una decisión del Consejo o del propio Gobierno Regional puede tardar meses en tramitarse, corriendo el riesgo de no ejecutarse dentro del año. Desde la autonomía política de los gobiernos regionales, durante los últimos ocho años, el diseño presupuestario ha oscilado erráticamente entre dotar a las regiones de mayor autonomía o volver a supeditarlas al Gobierno Central, lo que acarrea evidentes costos en gestión administrativa, trabas en la interpretación de la norma y una merma en la capacidad real de ejecutar el gasto.
Finalmente, hay que hacer hincapié en que esta propuesta no recoge en absoluto las verdaderas necesidades de fortalecimiento regional. A la fecha, no existe un pronunciamiento claro de la administración del presidente Kast sobre los proyectos de ley que podrían cambiar este panorama (presentados en 2018, 2020 y 2023) y que permanecen entrampados en el Congreso.
Despachar estas iniciativas requiere un acuerdo político transversal que difícilmente se alcanzará en el corto plazo, pues abordan materias como la responsabilidad fiscal regional, nuevas fuentes de ingresos y capacidad de endeudamiento; temas que aún no generan consenso, pero que resultan indispensables para el equilibrio y la sostenibilidad del proceso descentralizador.
En conclusión, el proceso de descentralización chileno se ha estancado en los últimos años. El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para los gobiernos regionales no solo frena la expansión de recursos, sino que representa un retroceso en la capacidad de las regiones para contribuir al desarrollo social y económico, en un contexto en que se espera más acción de cada una de las autoridades nacional, regionales y locales. Quedará por ver en el Congreso Nacional si los gobernadores regionales tienen la fuerza necesaria para revertir esta situación y exigir un presupuesto que, por fin, piense en el desarrollo más allá de Santiago.
