En medio del explosivo incremento de contagios de coronavirus en Chile, la continuidad del ministro a cargo de la pandemia se ha visto seriamente cuestionada durante los últimos días. "El responsable de esta segunda ola del COVID-19, que tiene altísimas cifras de contagiados y fallecidos, tiene nombre y apellido, es Enrique Paris, el actual ministro de Salud. Porque no quiso ver o no vio venir este rebrote epidemiológico que era advertido por toda la sociedad médica, por el Colegio Médico y los expertos”, dijo este lunes el diputado PS, Leonardo Soto, insistiendo en que la “permanencia del ministro Paris en Salud es insostenible”.
A su juicio, “él prefirió, en su ansiedad por comunicar los éxitos de este gobierno, tener una política comunicacional centrada en alabar al gobierno en la adquisición de vacunas en cantidad suficiente para atender a la población, en vez de haber fortalecido los cuidados y haber colocado con mayor claridad el riesgo que enfrentaban los chilenos”.
Para el parlamentario, “hoy ya es tarde, el virus está desatado y fuera de control y vamos a tardar semanas en poder recuperarnos. Lo insólito es que al mismo que causó esta segunda ola y los estragos que está causando en la población, se le ha encargado que recupere la salud y el control del virus, cuestión que no va a ocurrir”.
"Si no renuncia se deberá analizar una acusación constitucional"
En consecuencia, Soto insistió en que es “absolutamente necesario que el gobierno pida la renuncia de Enrique Paris y sea otro el ministro de Salud el que se haga cargo de resolver los problemas que él causó”.
De hecho, según el diputado, “por errores similares de falso triunfalismo y por promover una vuelta a la normalidad apresurada e imprudente, debió renunciar Jaime Mañalich. Paris cometió el mismo error, desoyendo todas las advertencias". Y agregó que "el daño que se ha causado al país es inmenso”.
Por último, el diputado planteó que su permanencia en el cargo "es un premio inmerecido atendido los terribles resultados de su gestión. Si no renuncia, se deberá analizar la viabilidad de una acusación constitucional”, aclaró Soto.
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