Inminente cierre de la Universidad La República: Superintendencia de Educación solicita revocar reconocimiento

Inminente cierre de la Universidad La República: Superintendencia de Educación solicita revocar reconocimiento

Por: Rubén Escobar Salinas | 30.03.2021
La Superintendencia de Educación Superior (SES) resolvió no aprobar el plan de recuperación propuesto por la Universidad La República y propuso al Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial de la casa de estudio, lo que determinaría su cierre y la relocalización de sus estudiantes.

La Superintendencia de Educación Superior (SES) resolvió rechazar la propuesta del plan de recuperación de la Universidad La República (ULARE), por lo que propuso al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la casa de estudios, lo que determinaría su cierre y la reubicación de sus estudiantes.

La resolución se tomó luego de una investigación en el marco de un procedimiento administrativo instruido a la universidad, que se extendió por más de un año.

La ULARE fue identificada como una de las instituciones que presentaba un mayor nivel de riesgo en materia financiera y administrativa, lo que determinó que, a fines de 2019, se le instruyera un proceso formal de investigación y luego un procedimiento sancionatorio.

Tras conocer los descargos de la institución y ejecutar una serie de acciones de fiscalización, la SES resolvió -en diciembre de 2020- sancionar a ULARE con la presentación de un plan de recuperación, que le permitiera subsanar los problemas que afectan gravemente a su comunidad universitaria.

De esta forma, la autoridad reguladora otorgó a la universidad la opción de proponer un conjunto de medidas que permitieran avanzar en soluciones concretas a los problemas financieros, patrimoniales y administrativos que la aquejan.

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El pasado lunes 22 de marzo, la Universidad La República presentó a la SES su propuesta de plan de recuperación. Sin embargo, el organismo consideró que las medidas comprometidas no permiten subsanar la crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta la institución, ni garantizar la continuidad del préstamo del servicio educativo. Bajo esa convicción, el superintendente Jorge Avilés resolvió rechazar el plan de recuperación e iniciar las gestiones ante el Mineduc.

Al respecto, Avilés destacó que “el principal objetivo de la sanción impuesta a la Universidad es proteger los intereses de los estudiantes, de manera de evitarles un daño mayor y permitirles continuar sus estudios en otras universidades que sí les den mayores garantías de calidad. Sanciones como ésta dan cuenta que la nueva institucionalidad está funcionando, subiéndole los estándares exigidos a las casas de estudios, de manera de ir aumentando la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema y resguardando así la fe pública depositada por las personas en las diversas instituciones de educación superior del país”.

En los próximos días, la cartera de Educación debiese revisar los antecedentes remitidos para iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica de la universidad, para lo cual nombrará a un administrador de cierre que tomará el control de la institución y velará por la continuidad de estudios de sus alumnos, pudiendo para esos efectos proceder a la relocalización de estos en otras universidades.

Millonarias deudas e incumplimientos laborales

Entre los hechos considerados por la Superintendencia de Educación Superior para solicitar la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad La República, destacan los siguientes:

Creciente déficit financiero que no le permite a la Universidad contar con recursos suficientes para cubrir oportunamente sus costos y gastos operacionales; Disminución sostenida de la matrícula de estudiantes, decreciendo en un 37% desde el 2018 al 2020; Incumplimiento recurrente de sus obligaciones previsionales con sus trabajadores, existiendo a la fecha al menos 4.105 deudas previsionales, multas vigentes impuestas por la Dirección del Trabajo a la Universidad por un monto superior a los $102.000.000 y demandas en contra de la institución por más de $5.000.000.000.

Además de deudas por pago de impuestos o créditos fiscales por un monto de $1.725.724.091, suma que corresponde a la deuda neta, reajustes, intereses y multas; Morosidad comercial y letras protestadas por más de $93.000.000; Incumplimiento en el pago de los contratos de arrendamientos de los inmuebles en que funcionan sus sedes; entre otros.

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