Diputados, senadores, agrupaciones de presos políticos y organizaciones de derechos humanos enviaron una carta dirgida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los allanamientos ocurridos durante la madrugada del jueves pasado en Iquique y Alto Hospicio, que terminaron con la detención de 17 personas acusadas de delitos relativos a las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019.

En específico la misiva va dirigida a Joel Hernández, Comisionado y Relator para Chile; Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada y Relatora sobre los Derechos de la Niñez; y Pedro Vaca, Relator de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

La carta tiene el objeto "de que se requiera al Estado y sus diversas autoridades involucradas, toda la información pertinente sobre los desproporcionales allanamientos, incautaciones y detenciones que fueron realizadas durante la jornada del jueves 18 de marzo en la comuna de Iquique y Alto Hospicio en la zona norte de Chile, contra 17 personas dirigentes sociales, personas defensoras de derechos humanos y participantes de ollas comunes".

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"Destacamos nuestra preocupación por el hecho de que 5 de las detenciones se realizaron contra adolescentes, menores de edad. Así como el hecho de que las ollas comunes son relevantes mecanismos de organización social, cruciales para que muchas familias puedan acceder a alimentos", señala.

"Solicitamos a la CIDH que requiera al Estado antecedentes respecto de las autorizaciones judiciales, órdenes escritas emanadas de las autoridades que autorizan y ordenan estos allanamientos y aquellos que permiten presumir la comisión de los delitos imputados", pidieron a la CIDH.

Además, solicitaron que "se informe el estado de salud y constatación de lesiones de las personas detenidas, puesto que se ha logrado observar en los últimos días que existe de parte de la institución de Carabineros y Policía de Investigaciones un uso excesivo de la fuerza y faltas a los protocolos establecidos para las detenciones".

"Es importante señalar que la gran mayoría de las personas detenidas son ex presos y presas políticas de la revuelta social, cuyas causas habían terminado en muchos casos por falta de prueba o absueltos por medio de los juicios quedando en libertad de forma inmediata", afirma.

"Recordamos que la CIDH no solo ha reiterado la obligación de las autoridades estatales de defender y respetar el principio de inocencia de cara a procesos judiciales especialmente de índole penal, sino que además ha reiterado la prohibición del uso de discursos estigmatizantes, así como de la criminalización de la protesta", añade.

Puedes leer la carta completa y revisar la lista de firmantes a continuación: