La vocera de la corte suprema, Gloria Ana Chevesich se refirió a la acusación constitucional formulada en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso este jueves por un grupo de diputados de diversos partidos políticos.

Esta imputación se debe a que la magistrada en cuestión fue quien en el año 2016 otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado por el asesinato de la menor Ámbar Cornejo en Villa Alemana.

Si bien, Chevesich destacó que el artículo 52 de la Constitución Política de la República permite a los diputados formular acusaciones a los miembros de los tribunales de justicia por notable abandono de sus deberes, salió en defensa de la cuestionada jueza.

“La Corte Suprema respeta el ejercicio de dicha atribución constitucional por parte de los miembros del Congreso Nacional, pero estima que en el presente caso no se configura el presupuesto de hecho que establece dicha norma”, enfatizó la vocera de la Suprema.

[Te puede interesar]: Nabila Rifo y el crimen de Ámbar Cornejo: “La madre es la que tiene la mayor responsabilidad”

Junto a lo anterior, añadió que “en efecto se trata de una decisión que en el año 2016 adoptó la comisión de libertad condicional y la Corte de Apelaciones de Valparaíso que de manera unánime le otorgó la libertad condicional a una persona que figura como el principal responsable de la muerte de la adolescente Ámbar”.

Para concluir, Chevesich sostuvo que la jueza Donoso presentó su voto “conforme a la normativa vigente de esa época, que no es la misma que está vigente en la actualidad”, indicando que ese decreto ley que permite el régimen de libertades condicionales se modificó este año, solicitando nuevos requisitos para otorgar dicho beneficio.

Por su parte, el diputado Andrés Longton, uno de los diputados que formalizaron esta acusación, señaló esta tarde que a través de esta presentación y en la discusión de la misma “vamos a acreditar que ese no es un hecho aislado, son actos deliberados, constantes de omitir informes que son sustanciales a la hora de tomar una determinación de dejar en libertad a internos”.

El escrito presentado en el Congreso tiene dos capítulos acusatorios, uno por notable abandono de deberes, por haber aplicado un criterio “torcido” y “arbitrario” de la ley y "no haber sido imparcial en la aplicación de la misma", explicó Longton.

Y el segundo, por la transgresión de tratados internacionales que tienen que ver con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además las sanciones acordes a delitos graves como los cometidos por Hugo Bustamante.