Este domingo, la Defensoría Popular interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco, en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, y Luis Sepúlveda, jefe de Zona de la Defensa Nacional, en relación a los episodios de violencia racial vividos en La Araucanía.

Esta, sería la primera acción legal interpuesta en contra del ministro del Interior, y está a manos de Rodrigo Roman y Lorenzo Morales, abogados con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con el documento, el recurso de Amparo sería una acción constitucional de Amparo correctivo, "por los hechos de violencia sufrida por distintas comunidades indígenas en la madrugada de anoche, en particular en la comuna de Curacautín y Victoria".

Así, piden a la Corte que adopte de inmediato las providencias necesarias para oficiar a la instituciones, a fin de que den cuenta sobre la efectividad del cumplimiento de la ley, toda vez que incluso hay toque de queda, en la cual los particulares que tomaron diversas acciones de violencia, en contra de comunidades indígenas, "da un marco de gravedad que no puede estar amparado por Autoridad Alguna, en función de que se debe resguardar a la vida y su protección individual".

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A modo de antecedentes, la Defensoría Popular estableció que el ministro Pérez se reunió con diversas autoridades y dirigentes de la zona, obviando reunirse con las autoridades indígenas.

Las comunidades mapuche buscan concertar un encuentro con el ministro para tratar el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, sobre la autodeterminación de los pueblos. Allí, se afirma que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento (a los miembros de pueblos originarios)”.

De esta forma, acusan que ante la solicitud de las comunidades mapuche, hasta este minuto la violencia estatal ha sido la única respuesta. En específico, lo ocurrido en la madrugada, en donde se acometió violentamente en contra de distintas comunidades, en especial en las comunas de Victoria y Curacautín.

Allí, el recurso detalla que civiles, en estado de emergencia y con toque de queda vigente, acometieron "de manera violenta de manera física y verbal en contra de los pueblos originarios, y las comunidades que se manifestaron en dichos municipios, lo cual es inaceptable, debido a la seguridad pública y a la omisión de la autoridad vigente".

El recurso interpuesto va en contra de quienes resulten responsables de la perturbación o amenaza que eventualmente puede afectar el ejercicio legítimo de la libertad personal y seguridad individual de las comunidades indígenas que reivindican el Convenio 169 de la OIT.