La agenda restauradora del actual gobierno -impulsada a través del Ejecutivo- ha sido muy agresiva (405 decretos de la administración anterior removidos en sólo 15 días según anunciaba un titular por las redes sociales). Sin embargo, esto no ha significado sólo un cambio normativo. La actitud reaccionaria y la fuerte agenda de la Derecha alienta y envalentona a todo su sector a actuar colectivamente bajo su mandato, revitalizando a aquellos personajes que descansan ilegítimamente en el Congreso como el diputado Ignacio Urrutia (UDI), quien se atreve a tildar de “terroristas” a las víctimas de la dictadura cívico-militar, o el exdiputado y candidato presidencial -fundador de su propio movimiento “republicano”- José Antonio Kast quien continúa paseándose por las universidades del país para generar un falso e ilusorio escenario de intolerancia, con un discurso abiertamente violento.

En este contexto de rearticulación de la derecha en múltiples frentes se suma la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien durante el mes de marzo y ante la proliferación del comercio ambulante en la comuna, anunciaba la creación de un cuerpo de fiscalizadores apoyado por ambas policías, Seguridad Ciudadana y personeros del comercio establecido para combatir la venta de productos en la calle. La edil explicaba que su equipo habría entendido -en dos semanas- cómo opera el comercio ambulante concluyendo que “detrás de esto hay mafias peligrosas”, que convierten el espacio público en una “industria del robo”. El análisis del gran equipo multidisciplinario habría terminado en un rápido operativo que tomaba detenidos a los vendedores ambulantes, vaciando la calle de su presencia, específicamente en Luis Thayer Ojeda, nuevo lugar de tránsito comercial entre la salida del Metro Tobalaba y el “bebé de 300 metros” de Horst Paulmann.

A pesar del meticuloso estudio de este grupo de “expertos”, el pasado 12 de abril, distintos medios cubrieron un nuevo enfrentamiento entre vendedores ambulantes e inspectores municipales quienes salieron fuertemente agredidos tras intentar sacarlos de la calle, poniendo en peligro a los transeúntes ante la ausencia de Carabineros. Debido a los incidentes producidos en el nuevo operativo -esta vez fallido- y las lesiones que sufrieron patrulleros municipales, la molestia de la alcaldesa no se hizo esperar y declaró una “guerra frontal” contra los trabajadores ambulantes, quienes -reitera ante la prensa- serían “mafias peligrosas” y “delincuentes”, muchos de ellos con antecedentes penales.

Y así fue, su lucha contra la delincuencia, en sintonía con la agenda del gobierno no se hizo esperar e inmediatamente -al otro día- un video o “viral” circulaba por las redes sociales en el que se mostraba la detención de un vendedor ambulante en el Metro Los Leones, Providencia. Aunque esta vez, se trataba de un vendedor de dulces de La Ligua, quién se encontraba solo con su carrito de dulces y una pechera blanca que decía “Dulces de La Ligua: Patrimonio Gastronómico de Chile” y gritaba la misma consigna mientras era detenido entre varios carabineros.

El comercio ambulante callejero aumentó considerablemente en la Región Metropolitana (más del 50% en el 2017), y la prensa anunció más de 3900 vendedores sólo en las calles de la comuna de Providencia. Sumado a su aumento numérico, en términos cualitativos también ha experimentado cambios y la venta de artículos en la calle tiene cada vez más un rostro migrante. Por ejemplo, durante el primer operativo en la famosa calle de Providencia, según los medios se detuvieron a 18 personas, donde 8 de ellas fueron derivadas a personal de Extranjería por encontrarse en condición de irregularidad en el país.

En una columna anterior, denunciábamos el carácter limitado del proyecto de la Nueva Ley de Migraciones del actual gobierno, por tratarse de un instrumento legislativo -en conjunto con su instructivo presidencial- básico, que sólo regula el régimen de visas que deben otorgarse, restringiéndose al simple acto de fiscalización en la frontera, sin comprender el carácter multidisciplinario de las trayectorias de nuevas personas que ingresan junto a sus familias al país, y la relevancia que tiene comprometerse en reconocer y garantizar sus derechos en términos de trabajo, educación, salud, vivienda, como a su vez, regularizar aspectos de convivencia, en la calle, en los servicios públicos y en el entorno inmediato que habitan y se desenvuelven junto a otros, tanto nacionales como extranjeros..

Sin embargo, al igual que la vigente Ley de Extranjería de 1975, el nuevo proyecto se ampara en la doctrina de la Soberanía de Estado y la Seguridad Interior, lo que afecta directamente los diversos ámbitos del entramado institucional a nivel normativo y discursivo. En este escenario se encuentran hoy los gobiernos locales, quienes son los que tienen que enfrentarse directamente a los “problemas” de la migración. Mientras persista la ausencia de una normativa integral que reconozca las múltiples trayectorias que conforma un país diverso e intercultural al largo plazo, se mantendrá activa una política restrictiva, discriminatoria y represiva que persigue a cualquier persona por su condición de irregularidad bajo la forma de delincuente, mafioso o terrorista -esta vez como vendedor ambulante callejero- y en definitiva como un sujeto migrante criminalizado por la normativa, al contrario de lo que propone cualquier organismo internacional, a saber, garantizar el reconocimiento legal de sus derechos y necesidades como trabajador/as -y la de sus familiares- lo que les permita desarrollar sus potencialidades en el país.