El juez de Garantía de Arica, Rodrigo Urrutia, excluyó de la investigación fiscal la declaración dada por el boliviano Juan Carlos Quispe Chacolla, en la cual confesaba ser el autor de la muerte de dos carabineros en el altiplano chileno (entre Visviri y Tacora) el pasado 22 de enero 2015.

La razón que tuvo el juez para no incluir la prueba en la carpeta de investigación, fue la vulneración de los derechos y garantías de Quispe, quien habría sido presionado para reconocer el crimen de los funcionarios policiales chilenos.

El defensor local jefe de Arica, Raúl Gil, refuerza lo que la Defensoría Penal Pública ha argumentado desde el principio, en cuanto a que el imputado no es el autor de la muerte de los carabineros y que confesó sólo para evitar ser linchado y por presión de la policía chilena.

“Juan Carlos Quispe es inocente, él no participó en el crimen que terminó con la vida de los carabineros. Nosotros contamos con pruebas que dan cuenta de que él estaba realizando el servicio militar en Bolivia el día en el que ellos fueron asesinados; esto sumado a que las muestras de ADN que había en el sitio del suceso no eran de él. Ya que ahora el Juzgado de Garantía resolvió que sus declaraciones fueron tomadas vulnerando el derecho a defensa y sus garantías, le da más validez a nuestra postura”, dijo el abogado.

Situación de vulnerabilidad

El juez explicó que el imputado se encontraba en una situación de vulnerabilidad cuando confesó el crimen. Esto debido a que a las cuatro de la tarde del 9 de diciembre de 2015 fue entregado a funcionarios de Carabineros en la frontera, visiblemente herido tras ser golpeado por una turba que lo había querido linchar. Además, fue interrogado por policías chilenos desde las 2 hasta las 5:30 de la mañana sin recibir atención médica (a las 6:20 de la mañana fue la primera atención de un paramédico) ni asesoría de un abogado defensor (a pesar de que la Defensoría puso a disposición de la policía un abogado para atender a Quispe), desconociendo que en ese momento ya se encontraba en calidad de imputado y le amparaba el derecho a defensa.

Otro punto relevado por el juez en su resolución fue que, en dicha declaración tampoco estuvo presente el fiscal de Putre, vulnerando el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal que limita los interrogatorios autónomos de la policía y exige que, si el imputado quiere declarar y no está su defensor, debe hacerlo ante el fiscal.

Todos estos elementos, sumado a la presión que vive una persona indígena al ser imputado en un país extranjero, hicieron que dichas declaraciones perdieran validez para el magistrado quien decidió dejarlas fuera de la carpeta de investigación del caso de maltrato de obra a carabineros con resultado de muerte.