Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de universidades estatales –en el tercer trámite de la iniciativa, que venía con las modificaciones que le introdujo el Senado también durante esta jornada– por lo que fue despachado del Congreso y ya está en condiciones de convertirse en ley, una vez que cumpla con el control en el Tribunal Constitucional.

La decisión se adoptó con 81 votos a favor, luego de una tramitación que se extendió por un año y medio y que generó polémica por parte de distintos actores del sector, tanto estudiantes, como académicos y rectores. Fue tanto así que el Ejecutivo terminó por eliminar el capítulo que hacía referencia a las universidades del Estado e ingresó una indicación para reestructurar parte importante del texto.

Tras el despacho, la presidenta Michelle Bachelet celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter y aseguró que ella "devuelve al Estado su rol protagónico en asegurar una educación superior pública de calidad".

https://twitter.com/mbachelet/status/956285786718076928

Este proyecto, que es parte de la Reforma Educacional, regula la organización y funcionamiento de este tipo de planteles, que define como instituciones de Educación Superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y la cultura.

También se determinó que los estatutos de cada universidad podrán establecer un ámbito territorial preferente de su quehacer institucional, a partir de su domicilio principal y la misión específica de estas instituciones. Dado lo anterior, se estableció además que las universidades estatales deben promover que sus estudiantes tengan una vinculación con los requerimientos y desafíos del país y sus regiones durante su formación.

En medio de su intervención en la sala de la Cámara Alta, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, destacó que la iniciativa “es un gran paso y un avance contar con una legislación que el país no tiene, en materia del vínculo con las universidades que han sido creadas por el Estado”.

En cuanto al plan de fortalecimiento, el texto Plantea la creación de un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, que buscará promover una visión estratégica y de largo plazo, y se aprobó que los recursos destinados pasen de $150 mil millones a $300 mil millones. La cantidad que se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las leyes de presupuestos del sector público correspondientes.

De este modo, con el despacho de esta ley se da fin a la tramitación de la Reforma Educacional –a pocos días de que el Congreso cese sus funciones, a fines de enero–, y que también incluyó la Ley de Inclusión Escolar (fin al copago y selección), Nueva Educación Pública (desmunicipalización), y la de Educación Superior (que fija la gratuidad por ley).