El Frente Amplio lanzó su programa de gobierno llamado en una actividad realizada en la comuna de Ñuñoa.

El documento lleva por nombre "El programa de muchos" y sus principales propuestas son: El restablecimiento de confianzas con Bolivia, la nacionalización de empresas estratégicas, la evaluación de Tratados de Libre Comercio (TLC), una reducción de salarios a las autoridades en un 50%, el derecho a aborto sin causales en el primer trimestre, impulsar asamblea constituyente, la nacionalización de SQM y el establecimiento un control público sobre Inacap.

En relación a los conflictos que ha tenido Chile con Bolivia, la propuesta es llevar adelante una agenda trinacional que tenga por objetivo: avanzar en el establecimiento de confianzas mutuas y la reposición de las relaciones con el Estado Plurinacional de Bolivia, según consigna El Mercurio.

Por otro lado, se propone una política estatal de nacionalizaciones, que apunte a empresas estratégicas y de servicios básicos como electricidad, agua potable y otros, donde reiteradamente han fallado en “asegurar el acceso de los ciudadanos a bienes a los que todos tenemos derechos”, según consigna el programa.

En lo referente a la administración del Estado y los cargos públicos, se propone el establecimiento de una asamblea legislativa unicameral, la posibilidad de revocación de todos los cargos de elección popular, así como también, establecer un límite de reelección a dos mandatos consecutivos y la reducción de los salarios de diputados, ministros y subsecretarios en un 50%.

Desde el Frente Amplio también buscan el establecimiento de un aborto sin causales hasta el primer trimestre y abrir la posibilidad de un diálogo sobre la eutanasia.

En términos de cultura cívica proponen que el derecho a voto sea desde los 16 años y también la posibilidad de hacer un plebiscito para hacer una asamblea constituyente.

En materia de educación se propone la creación de un Consejo de Educación Superior Pública formado por universidades del estado y colaboradoras, además de recuperar el control público de Inacap.

El conglomerado político también propone la nacionalización de SQM creando una empresa mixta con capitales extranjeros, además de esto buscarán crear una nueva ley de pesca que “reformulará el sistema de cuotas marítimas vigentes, con soberanía sobre los recursos pesqueros y revocando, sin compensación, las concesiones sobre nuestros recursos naturales entregadas a grandes grupos económicos”.

En materia de empresas, proponen que el 20% de los cargos en los directorios sean elegidos por los mismos trabajadores en empresas que cuenten con más de 200 personas. Junto con esto el establecimiento de una ley de cuotas para que el 40% de los cargos directivos sean mujeres.

Además de esto proponen legalizar la marihuana y el autocultivo, y además de esto generar una política de reducción de daños que asuma el consumo problemático como un tema de salud pública.

En términos de libertad de expresión se propone la creación de normas generales sobre emisión o publicación de contenidos similares, en la línea de las elaboradas por el Consejo Nacional de Televisión, para los órganos reguladores de la radiodifusión (Subsecretaría de Telecomunicaciones) y de la prensa escrita digital e impresa (Secretaría General de Gobierno) y también el establecimiento de sistemas de queja y denuncia para toda la ciudadanía.