La ilegitimidad de una ley está en su génesis de validez, en su proceso de elaboración y procesamiento parlamentario hasta convertirse en ley, proceso que no puede ser espurio, que debe estar apegado a los marcos en que la ley permite ejecutar actos parlamentarios. La compra de la voluntad parlamentaria, tiene pruebas sustanciales según consta en procesos que están en la justicia,  es un delito, un acto de soborno, que supone la transacción por dinero de un marco legal favorable a intereses privados.

De público conocimiento son las “coimas” pagadas a la ex diputada Marta Isasi, y el actual senador desaforado, Jaime Orpis por un ex gerente de CORPESCA, Francisco Mujica. Un contubernio incestuoso entre capital privado corruptor y parlamentarios sin muchos escrúpulos corruptibles.

El quiebre de un principio legal y republicano,  la compra de una vital influencia legislativa para promover espacios de soberanía respecto a un recurso marino que pertenece a todos los chilenos, es ilegitimo e ilegal, por tanto, la “nulidad” es una sentencia que tiene todo argumento a su favor.

La dimensión contractual, es un espacio de reconocimiento del interés común, de la noción de república democrática, estos son aspectos constituyentes, principios fundadores. La democracia es la soberanía de las mayorías.

Y en este sentido,  el interés de las mayorías, que interesa a la nación toda, es la trasgresión de los intereses de todos los nacionales, y la soberanía de su mar que tranquilo nos baña en una extensa franja costera de 4400 kilómetros desde el límite norte hasta el Estrecho de Magallanes.

La defensa de nuestra soberanía, es lo que nos devuelve la “nulidad” de la “Ley Longueira”, es la reconstitución del interés nacional, por el interés de particulares, que además actuaron con dolo, comprando a representantes parlamentarios que definían e influía en decisiones respecto a esta ley. Una distorsión que establece un acto de falta de probidad absoluta.

Esto es delictual, en un contexto parlamentario que supone la representación de una soberanía. Es la expresión paradigmática de la “política como subsistema del mercado”, por eso que la presentación del proyecto de ley que declara la nulidad de la ley N° 20.657, General de Pesca y Acuicultura (LGPA), presentada por Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, nos devuelve parte de la política que binominalizada generaba un cierre perimetral a una acción realmente fiscalizadora. Es la instalación de un “nuevo imaginario de lo público”, situado en el interés nacional.

Es la instalación de una nueva hegemonía de lo público, que debe primar frente a un neoliberalismo que ha trasuntado en prácticas que destruyen la noción de “república democrática”, y en esto Hayek es decidor, “La democracia es esencialmente un medio, un expediente utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual”, un “expediente utilitario”,  es una definición que desvaloriza la “democracia” como principio de legitimación basado en un contrato social y en una soberanía de las mayorías.

Su filosofía pragmática, se expone en la defensa de un interés fundamental como principio rector de la sociedad, la “la libertad individual”, traducible a la libertad de los privados, los privados como actores fuertes, predominantes.

En su caracterización fáctica, se expresa en tentáculos corruptibles hacia dominios de deliberación soberana, achicando la cancha a la democracia y ampliado el espacio de la “acumulación de capital”, de su concentración en base a la apropiación de un recurso natural fundamental, emblemático, de nuestra idea de nación. Tanto es así que su sello está en el himno patrio, es de una condición simbólica fundacional. Es la transmutación desde un ideario republicano, hacia una escena rasca de corrupción y apropiación del interés soberano.

El interés de lo público como soberanía del pueblo, de esa representación de una soberanía ideal, en ella reside el principio de nulidad. Frente a una operación fraudulenta del peor estilo, que desvanece el espíritu republicano instalando una licuación que banaliza la sustancialidad de la democracia y su legitimidad como opción de convivencia.

No son actos de privados cualesquiera, son actos de privados poderosos, que amparados en una jibarización nacional altamente excluyente, relativiza el interés nacional de las mayorías, por un interés privado, se apropian en el centro de una operación corrupta del espíritu de la democracia.

Destruye el contrato social de votación popular, y lo transforma en una escena fraudulenta y pragmática de compra de beneficios, reduce la política a un acto de ficción, y la democracia a un relato vacío e impopular. Lumpeniza las relaciones institucionales generando una escena al mejor postor, y todo para unos pocos, los mismos de siempre.

La “nulidad” es la reinstalación de un dimensión ético política, en favor de los intereses de un estado nación, de una idea de país donde se legisla por el interés común, no es mucho pedir que se imponga un principio democrático, por sobre un principio particular espurio. Por tanto, se trata de su ilegalidad, y de su profunda ilegitimidad que es el contexto robusto que le da sustento.

En definitiva es la legitimidad de la democracia la que se juega puntos relevantes en el ejercicio del derecho anular lo que ha nacido de un acto ilegal e ilegitimo.