Ejecutivos del megaproyecto Copiaport-E que aparecen vinculados a sociedades offshore y a los bullados Panama Papers, mantienen gestiones ante autoridades para su avance.
Hace poco más de una semana, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la Municipalidad de Caldera contra el megaproyecto portuario Copiaport-E. La decisión dejó a la iniciativa, valorizada en US$450 millones, un paso más cerca de concretarse, aunque aún enfrenta recursos judiciales y permisos pendientes antes de su eventual construcción.
Detrás del proyecto, sin embargo, continúan los mismos ejecutivos que impulsaban la iniciativa cuando ésta estaba ligada al holding del empresario brasileño Eike Batista. Documentos corporativos, registros de sociedades offshore y antecedentes de lobby revisados por El Desconcierto muestran que varios de ellos siguen encabezando las gestiones para sacar adelante el puerto.
Copiaport-E contempla la construcción de un terminal portuario en Punta Cachos, entre las comunas de Caldera y Copiapó. El proyecto considera dos terminales: uno de graneles limpios, con capacidad para transferir hasta 10 millones de toneladas anuales de productos como maíz, trigo y soya; y otro multipropósito destinado a contenedores, carga general y fertilizantes.
Tras obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en septiembre de 2025, la Municipalidad de Caldera presentó un reclamo administrativo. Sin embargo, el Comité de Ministros declaró inadmisible la acción al considerar que las observaciones debían formularse durante el proceso de Participación Ciudadana (PAC). Frente a ello, el municipio recurrió al Primer Tribunal Ambiental, que confirmó esa decisión.
El fallo, no obstante, no fue unánime. El ministro Marcelo Hernández estuvo por acoger la reclamación al estimar que la municipalidad sí había presentado observaciones fundadas mediante oficios, uno de ellos dentro del plazo del primer proceso de participación ciudadana.
En su voto disidente sostuvo además que la Corte Suprema ya ha reconocido, en causas anteriores, que los oficios emitidos por las municipalidades pueden constituir observaciones válidas dentro del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).
Desde el municipio de Caldera recuerdan que, en un caso de características similares tramitado años atrás, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación bajo ese criterio.
Con esta resolución, Copiaport-E sumó un nuevo paso en su tramitación. Sin embargo, el proyecto aún está lejos de convertirse en una realidad. Desde el municipio adelantaron a El Desconcierto que en los próximos días recurrirán a la Corte Suprema.
¿Qué sabes? El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de la Municipalidad de Caldera contra Copiaport-E, confirmando que el municipio no presentó observaciones válidas durante la Participación Ciudadana. El fallo no fue unánime —el ministro Marcelo Hernández votó por acogerla— y el municipio anunció que recurrirá a la Corte Suprema.
Ingresado al SEA en 2020 por Copiaport-E Operaciones Marítimas SpA, el proyecto ha generado controversia por los impactos que podría tener sobre el entorno ambiental y distintas actividades productivas de la zona.
La iniciativa busca emplazarse en Bahía Chasco, en la Región de Atacama, un área que alberga una biodiversidad particular y que constituye hábitat de especies como el pingüino de Humboldt, el yunco y la tortuga verde.
Las reclamaciones presentadas —algunas de ellas aún pendientes de resolución— también apuntan a los efectos que tendría sobre la pesca artesanal, el ecoturismo y prácticas tradicionales como la construcción utilizando vegetación de humedales, particularmente totora.
Aunque la estructura societaria detrás de Copiaport-E es amplia, existe un grupo de ejecutivos cuyos nombres se repiten desde las primeras versiones del proyecto y que hoy continúan representándolo. Son los mismos que aparecen tanto en documentos corporativos como en registros de lobby revisados por este medio.
En Chile, la iniciativa es representada por Copiaport-E Operaciones Marítimas SpA, encabezada por el ciudadano brasileño Alexandre Soderi Hendzel. Según publicaciones del Diario Oficial, la sociedad está integrada por Rex Inversiones S.A., EBX Inversiones S.A. y ECP S.A.
Hendzel ha estado presente desde las primeras etapas del proyecto. En 2018, cuando el puerto aún estaba vinculado al grupo EBX mediante Rex Inversiones, el principal controlador era el empresario brasileño Eike Batista, quien posteriormente fue condenado en Brasil en distintas causas por delitos económicos.
Los nombres que aparecían entonces son, en buena medida, los mismos que hoy siguen vinculados a Copiaport-E. A Hendzel se suman Rodrigo Bascuñán Barros y Vinicius Bacca.
La continuidad también se refleja en la estructura societaria. Los tres integran Rex Inversiones III, sociedad constituida en Panamá en 2009 que, según registros revisados por El Desconcierto, figura suspendida desde 2025 pero no disuelta. Esto quiere decir que aquella firma puede volver a funcionar si sus dueños lo requieren.
Los vínculos con ese país tampoco son nuevos. Cuando se conocieron los antecedentes de los Panama Papers también aparecieron operaciones relacionadas con empresas del holding de Eike Batista.
En esa investigación internacional se reveló que el empresario utilizó, al menos, 22 sociedades offshore para estructurar parte de su patrimonio y de sus inversiones. Entre ellas figuraba Lawson Holdings, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, donde Rodrigo Bascuñán aparecía como uno de sus accionistas, el mismo ejecutivo que actualmente realiza gestiones de lobby para el avance de Copiaport-E.
De acuerdo con la base de datos que reúne registros de sociedades offshore revisada por El Desconcierto, Bascuñán integró formalmente Lawson Holdings desde 2006 y desempeñó un rol activo dentro de esa sociedad.
A fines de ese año y comienzos de 2007, Eike Batista desembarcó en Chile mediante la constitución de distintas empresas, según consta en publicaciones del Diario Oficial. Entre las inversiones impulsadas entonces estuvo la adquisición de terrenos en la Región de Atacama para desarrollar Hacienda Castilla, iniciativa que contemplaba una central termoeléctrica y un puerto.
Ese proyecto nunca llegó a concretarse. Sin embargo, con los años dio paso a la iniciativa que hoy se conoce como Copiaport-E.
¿Qué sabes? Detrás de Copiaport-E figuran los mismos ejecutivos vinculados al proyecto cuando estaba ligado al holding del brasileño Eike Batista, condenado por delitos económicos. La operativa chilena la encabeza Alexandre Soderi Hendzel, junto a Rodrigo Bascuñán y Vinicius Bacca, los tres integrantes de Rex Inversiones III, sociedad panameña suspendida desde 2025. Bascuñán aparece además como accionista de Lawson Holdings, una de las 22 sociedades offshore que Batista usó para estructurar su patrimonio según los Panama Papers. El proyecto tiene su origen en Hacienda Castilla, iniciativa que Batista impulsó en Atacama desde 2006 y nunca prosperó.
Mientras el proyecto avanzaba en su tramitación ambiental, sus principales representantes sostuvieron reuniones con distintas autoridades para conocer el estado de las reclamaciones, los permisos pendientes y los próximos pasos de la iniciativa.
El 28 de mayo pasado, el proyecto obtuvo un nuevo respaldo luego de que el Comité de Ministros ratificara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en septiembre de 2025 por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Atacama.
La mañana de ese mismo día, Alexandre Hendzel, Rodrigo Bascuñán y el abogado Felipe Leiva —en representación de Hidroeléctrica Dos Valles— acudieron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en Copiapó para consultar por el proceso de reclamación que resolvería el Comité de Ministros. Según el acta de la reunión, el servicio informó que su informe abordaba materias de patrimonio cultural y paisaje, y que las solicitudes de invalidación serían revisadas una vez concluido ese proceso.
No fue un hecho aislado. Durante 2026, representantes de Copiaport-E se reunieron en tres ocasiones con el SEA para consultar por el avance de las reclamaciones administrativas. En total, entre 2025 y 2026 sostuvieron 18 reuniones registradas por Ley de Lobby con distintas autoridades.
Una parte importante de esos encuentros se concentró tras la aprobación de la RCA. Uno de ellos fue con el delegado presidencial de Atacama, Rodrigo Illanes, donde participaron Hendzel, Rodrigo Bascuñán, Nicholas Winters y Todd Callender —quien también figura en los Panama Papers y comparte con ellos la sociedad panameña Rex Inversiones III—.
Según el registro de lobby, consultaron sobre la materialización del proyecto y manifestaron su preocupación por organizaciones que, a su juicio, podrían afectar su ejecución.
Posteriormente también sostuvieron reuniones con el Ministerio de Transportes y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para abordar el avance de las concesiones marítimas, uno de los permisos indispensables para construir el puerto y que actualmente continúa en etapa de tramitación.
¿Qué sabes? Entre 2025 y 2026, representantes de Copiaport-E sostuvieron 18 reuniones registradas por Ley de Lobby, concentradas tras la aprobación de la RCA. Las gestiones incluyeron consultas al SEA sobre reclamaciones administrativas, una reunión con el delegado presidencial de Atacama —donde participó Todd Callender, quien aparece en los Panama Papers y comparte con Hendzel y Bascuñán la sociedad panameña Rex Inversiones III— y encuentros con el Ministerio de Transportes y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para avanzar en las concesiones marítimas, permiso aún pendiente.