Es evidente que Chile carece de instrumentos efectivos para impedir el ingreso de mercancías producidas bajo explotación laboral, así como de mecanismos para prevenir, detectar y sancionar realmente estas prácticas dentro de su propia economía.
En el contexto de la investigación abierta por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre 60 países que omiten aplicar prohibiciones efectivas a productos elaborados con trabajo forzoso, el gobierno norteamericano anunció la aplicación de un arancel adicional de 12,5% a las importaciones agrícolas y de salmón provenientes de Chile.
La administración Trump justificó esta medida comercial, actualmente en consulta pública, debido a la ausencia de mecanismos robustos que prevengan, detecten y sancionen de manera efectiva la producción e importación de bienes exportables elaborados mediante condiciones de trabajo forzoso. Esta práctica es considerada una forma de esclavitud moderna y de dumping laboral que viola los derechos humanos, además de constituir una forma de comercio desleal que genera una competencia destructiva y daña la industria y el empleo local.
El anuncio realizado desde el gabinete presidencial norteamericano ocurre con posterioridad a la entrega de información de la Fundación Libera a la USTR (Sección 301), relacionada con las deficiencias estructurales y funcionales del sistema chileno, que tolera y/o omite la aplicación efectiva de la prohibición de emplear trabajo forzoso en la salmonicultura y la agricultura industrial de exportación.
La organización ciudadana documentó la existencia de 11 indicadores de trabajo forzoso descritos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con abusos hacia trabajadores en condiciones de vulnerabilidad que laboran en pisciculturas, centros de cultivo y plantas de procesamiento de estos monocultivos industriales destinados a la exportación.
Entre ellos destacan el pago de menores salarios debido a condiciones laborales inestables; promesas de trabajo engañosas, precarias y de alto riesgo, sin que los afectados puedan resistirse, dado que la salmonicultura constituye la única fuente laboral disponible a nivel local o regional. En los casos en que existieron reclamos, estos fueron aislados y sus autores puestos en listas negras.
En relación con los buzos que laboran subcontratados en los centros de cultivo —la mayoría buzos mariscadores básicos provenientes de la pesca artesanal—, éstos presentan una tasa de mortalidad récord en la industria salmonera global, lo cual ha sido ampliamente documentado por el Centro Ecoceanos, cuyos registros señalan las muertes de 90 buzos, tripulantes y trabajadores de plantas procesadoras entre 2013 y 2026.
Que la administración Trump haya identificado a Chile como un exportador de bienes elaborados mediante condiciones de trabajo forzoso no constituye un hecho nuevo, ya que existen denuncias previas de organizaciones de la sociedad civil y de trabajadores, así como evaluaciones de la OIT e informes del propio Estado chileno, como el Estudio Observacional de la Superintendencia de Seguridad Social de 2020 sobre las condiciones laborales de los buzos en la salmonicultura.
Todos ellos señalan bajos niveles de cumplimiento del Estado chileno en materia de derechos y condiciones laborales, incluidos los indicadores de trabajo forzoso. Es evidente que Chile carece de instrumentos efectivos para impedir el ingreso de mercancías producidas bajo explotación laboral, así como de mecanismos para prevenir, detectar y sancionar realmente estas prácticas dentro de su propia economía.
Tampoco posee una definición legal de trabajo forzoso, ya que solo existe la insuficiente figura de trata con fines de trabajo forzoso, la que resulta funcional a los intereses de las grandes empresas que contratan trabajadores(as) vulnerables para actividades agrícolas o de acuicultura intensiva destinadas a la exportación, dado que solo permite su detección cuando la persona ya está siendo objeto de explotación.
La inexistencia de una prohibición efectiva del trabajo forzoso doméstico transforma a estas producciones en una amenaza para mercados internacionales como el norteamericano, destino del 40% del valor total de las exportaciones chilenas de salmónidos. Las actuales políticas de criminalización de la migración irregular solo consolidarán esta forma de esclavitud con amparo estatal, especialmente en el contexto del actual proyecto gubernamental que busca duplicar las producciones de salmónidos hacia 2040.
De no implementarse urgentes reformas estructurales, solo veremos profundizarse las vulneraciones ya documentadas que afectan a buzos precarizados y trabajadores vulnerables en el segundo país productor de salmones a nivel mundial. La ciudadanía chilena, las organizaciones de trabajadores, las comunidades migrantes y los consumidores chilenos y norteamericanos tienen la palabra.