La controversia por los dichos de Ítalo Omegna volvió a poner bajo escrutinio una serie de casos que han afectado al Partido Republicano, al PNL y al Gobierno de José Antonio Kast.
Ítalo Omegna y Sebastián Parraguez - Redes Sociales
La polémica generada por los comentarios del exasesor legislativo Ítalo Omegna sobre pedofilia y niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) reabrió el debate sobre cómo distintos sectores de la derecha chilena han enfrentado casos de connotación sexual que involucran a militantes, exautoridades y colaboradores cercanos.
Aunque los episodios tienen naturalezas jurídicas muy distintas —desde condenas firmes hasta denuncias que nunca llegaron a tribunales—, todos han impactado políticamente al Partido Republicano, al Partido Nacional Libertario (PNL) y, recientemente, al Gobierno del presidente José Antonio Kast.
El episodio más reciente ocurrió durante el fin de semana, cuando se difundió un video grabado en un contexto privado en el que Ítalo Omegna, entonces asesor legislativo del diputado Hans Marowski, realizó comentarios relacionados con la pedofilia y la violación de niños con trastorno del espectro autista.
Tras conocerse las imágenes, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó los dichos como "inaceptables", aunque descartó asumir una responsabilidad institucional, afirmando que el partido no se hace cargo de declaraciones realizadas a título personal.
Posteriormente, Omegna presentó su renuncia al cargo, mientras que el Instituto Mises Cono Sur inició su desvinculación. Paralelamente, la Federación Nacional de Autismo (Fenaut) presentó una denuncia solicitando una investigación formal.
La controversia coincidió con otro episodio que afectó al Ejecutivo. El Ministerio de Salud solicitó la renuncia del entonces seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, luego de conocerse una investigación penal en su contra.
Horas después, Carabineros concretó su detención por un presunto delito de índole sexual y el Juzgado de Garantía de Punta Arenas amplió la detención hasta el martes 28 de julio. Según los antecedentes expuestos durante el control de detención, la causa involucraría a una persona que prestaba servicios de acompañante, mientras la defensa sostiene que existió una relación consentida y que el conflicto surgió por un desacuerdo económico.
El documento precisa además que Barrientos era un nombramiento técnico —matrón de profesión y con experiencia en gestión hospitalaria— y que no existen antecedentes públicos que lo vinculen con una militancia partidaria específica.
Entre todos los casos mencionados, el de Sebastián Parraguez, exconsejero constitucional del Partido Republicano, es el único que cuenta con una sentencia condenatoria firme.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique lo declaró culpable por unanimidad de tres delitos de abuso sexual por sorpresa contra dos alumnas de 15 y 17 años del colegio Rupanic School de Alto Hospicio, hechos ocurridos entre marzo y junio de 2024.
La sentencia, dictada en abril de este año, estableció una pena de cuatro años de libertad vigilada. Tras el fallo, el Partido Republicano solicitó formalmente su expulsión.
Otro caso corresponde a Patrick Casanova, excandidato a alcalde de Victoria y exjefe de gabinete del senador Rojo Edwards.
Fue formalizado en julio de 2024 por delitos de abuso sexual infantil reiterado y violación. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó una medida cautelar menos gravosa y decretó su prisión preventiva. Hasta ahora, la investigación continúa y no existe una sentencia definitiva.
El caso de Aldo Sanhueza, consejero constitucional electo por Biobío en 2023, tuvo un desenlace distinto.
Tras una denuncia presentada en 2019 por presuntos abusos contra una mujer en un bus interurbano, aceptó una suspensión condicional del procedimiento con orden de alejamiento. Posteriormente, la causa terminó con sobreseimiento. Sanhueza renunció al Partido Republicano antes de asumir como consejero constitucional.
El recuento también incluye situaciones que no han derivado en procesos judiciales. Una corresponde al concejal de La Serena Alejandro Astudillo, cuya militancia permanece suspendida desde agosto de 2025 tras una denuncia interna por acoso sexual que continúa siendo tramitada por el Tribunal Supremo del Partido Republicano.
La otra involucra al consejero constitucional Carlos Solar, quien enfrentó denuncias públicas de acoso sexual formuladas por exalumnas de Medicina de la Universidad de Antofagasta. Solar rechazó las acusaciones, calificándolas como "oportunismo político", y, según los antecedentes disponibles, estas no derivaron en una formalización judicial ni en un sumario universitario. El Partido Republicano respaldó al consejero cuando se conocieron los hechos.
Uno de los elementos centrales para analizar estos casos es distinguir el estado procesal de cada uno.
Mientras Sebastián Parraguez cuenta con una condena firme y Patrick Casanova enfrenta una investigación bajo prisión preventiva, el caso de Fabián Barrientos Andrade se encuentra en una etapa preliminar, con detención ampliada y sin formalización al momento de los antecedentes contenidos en este recuento.
En tanto, las situaciones de Carlos Solar y Alejandro Astudillo permanecen en el ámbito de denuncias sin judicialización, mientras que Aldo Sanhueza concluyó su proceso con un sobreseimiento tras una suspensión condicional del procedimiento. Estas diferencias jurídicas resultan relevantes para comprender el alcance y estado de cada caso.
