La crisis en la Región de Coquimbo revela un problema que trasciende esta emergencia: cómo incorporamos el conocimiento territorial en las decisiones públicas.
Industria del pisco sufrió daños por las lluvias en Región de Coquimbo - Agencia Uno
Caminos cortados, localidades aisladas, viviendas inundadas, quebradas que volvieron a correr con fuerza, familias esperando noticias de sus seres queridos y equipos de emergencia desplegados día y noche en distintos puntos de la Región de Coquimbo. Las imágenes de estos días muestran la magnitud de una crisis que todavía está en desarrollo.
En medio de esa emergencia ocurrió algo que también merece atención. Mientras alcaldes, equipos municipales y organismos de emergencia informaban desde las comunas afectadas, desde Santiago se cuestionaban públicamente esos reportes. En la región, la reacción fue de indignación. ¿Cómo podían ponerse en duda los diagnósticos de quienes llevaban días enfrentando la emergencia sobre el terreno?
Cuando pase la emergencia seguiremos discutiendo sobre responsabilidades, tiempos de respuesta y reconstrucción. Pero este episodio deja instalada una pregunta que merece permanecer cuando las cámaras ya no estén sobre la región: ¿qué lugar ocupa el conocimiento territorial cuando el Estado toma decisiones sobre los territorios?
Como antropóloga que habita e investiga desde la Región de Coquimbo, me resultó imposible observar esa escena sin volver a una conversación que había tenido algunos meses antes durante la Escuela de Dirigentes Campesinos Hugo Maturana González, una iniciativa surgida del Consejo Regional Campesino y la Mesa Regional de Desarrollo Rural.
Esa escuela no es una experiencia aislada. Es el resultado de años de trabajo conjunto entre organizaciones campesinas, municipios, servicios públicos, universidades y otros actores que han construido espacios permanentes de gobernanza territorial. Demuestra que el problema no radica en la ausencia de interlocutores ni de conocimiento. Los territorios ya cuentan con redes capaces de producirlo, discutirlo y transformarlo en propuestas. La pregunta es cuánto pesan esas voces cuando llega el momento de decidir.
Allí surgió una advertencia que hoy resulta urgente: demasiadas decisiones continúan tomándose desde escritorios alejados de los lugares donde esas decisiones tendrán consecuencias.
Las comunidades campesinas conocen el comportamiento de las quebradas, los lugares donde vuelve a aparecer el agua después de ciertos inviernos y las transformaciones de las cuencas con el paso del tiempo. Equipos científicos de universidades y centros de investigación regionales estudian esos mismos procesos desde la hidrología, la geología, la ecología y otras disciplinas. Sus métodos son distintos, pero sus diagnósticos suelen coincidir. Desde hace años vienen alertando sobre la ocupación de zonas de riesgo, la degradación de las cuencas, los efectos acumulativos de múltiples intervenciones y la creciente exposición frente a eventos climáticos extremos.
En medio del debate sobre la permisología, la discusión suele concentrarse en cuánto demora un permiso o cuántos proyectos pueden aprobarse más rápido. Después de lo ocurrido en Coquimbo, quizás deberíamos incorporar otra pregunta: ¿qué tan bien conocemos los territorios sobre los que estamos decidiendo? Acelerar los procesos puede ser un objetivo legítimo. Hacerlo sin fortalecer las capacidades para comprender los territorios supone asumir costos que, más temprano que tarde, terminarán pagando otros.
La descentralización también se juega ahí. Comprender un territorio requiere tiempo, presencia y continuidad. Muchas evaluaciones ambientales descansan en campañas de terreno acotadas, realizadas por equipos que llegan desde otras regiones para conocer un lugar en pocos días. Ese trabajo puede ser técnicamente riguroso, pero difícilmente reemplaza el conocimiento construido durante años por quienes habitan esos paisajes o los investigan de manera permanente desde las regiones.
Los territorios no se conocen desde un escritorio ni en una campaña de terreno. Se conocen habitándolos, investigándolos y construyendo relaciones de largo plazo con quienes les dan vida. Fortalecer las capacidades científicas y técnicas regionales, junto con los espacios de gobernanza que el propio territorio ha construido, no responde únicamente a un principio de descentralización. Es una condición para tomar mejores decisiones.
Cada decisión sobre un territorio también distribuye riesgos. Cuando el conocimiento disponible no logra incorporarse de manera efectiva, esos riesgos no desaparecen. Se trasladan hacia las comunidades que vivirán con sus consecuencias y hacia un Estado que, tarde o temprano, deberá responder a emergencias que pudieron haberse anticipado mejor.
Toda decisión tomada desde la distancia deja fuera parte de lo que el territorio ya sabe. Las lluvias pasarán. Habrá reconstrucción y la atención pública se desplazará hacia otras urgencias. Ojalá esta emergencia deje una enseñanza más duradera: Los territorios no se conocen desde un escritorio ni en una campaña de terreno, se conocen habitándolos, investigándolos y aprendiendo de quienes han construido con ellos una relación de largo plazo.
En un país que enfrentará eventos extremos cada vez con mayor frecuencia, seguir tomando decisiones de espaldas al territorio ya no es sólo una mala decisión. Es un error que Chile no puede seguir repitiendo.
