Una protección civil que no protege a todas las personas, simplemente no protege. Es hora de escuchar esta emergencia silenciosa, mientras todavía hay agua en las calles, para que la próxima vez nadie quede atrás.
Mientras escribimos estas líneas, Chile sigue bajo una intensa lluvia. El temporal de julio de 2026 golpea diez regiones, desde Atacama hasta Los Ríos, y ya deja al menos diez muertos, cuatro desaparecidos y cerca de 100.000 personas aisladas; el Gobierno decretó Estado de Catástrofe en Coquimbo y en la provincia de Huasco.
Los balances oficiales detallan rutas cortadas, viviendas destruidas, albergues habilitados. Pero en toda esa información hay un vacío sistemático: casi ninguna cifra, ninguna medida, ninguna mención a cómo esta emergencia golpea a las personas con discapacidad. Ese silencio, que se repite en cada catástrofe, es exactamente lo que queremos nombrar.
No hablamos de una minoría marginal. Las personas con discapacidad son el 17,6% de la población en Chile: casi una de cada cinco personas. Y, sin embargo, cuando se activan los planes de evacuación, cuando se informa el estado de la emergencia y cuando suenan las alertas, sus cuerpos y sus necesidades quedan, una y otra vez, fuera del diseño de la respuesta.
El problema no es la mala suerte: es la arquitectura de nuestras políticas públicas, heredera de una época en que la discapacidad se consideraba prescindible. Hoy sabemos que la discapacidad surge de la interacción entre una condición personal y un entorno lleno de barreras. En el desastre, esas barreras no se mantienen: se amplifican brutalmente.
¿Cómo se entera una persona sorda de una alerta de evacuación si el comunicado no tiene interpretación en lengua de señas? ¿Cómo se orienta una persona ciega en un territorio devastado, o evacúa a tiempo una persona en silla de ruedas cuando la calle se vuelve barrial? A eso se suma el riesgo de un triage discriminatorio, donde el prejuicio reduce las posibilidades reales de recibir atención médica o rescate oportuno.
La exclusión no termina cuando baja el río. Los albergues de emergencia —los mismos que hoy se levantan en Coquimbo y Atacama— suelen tener barreras arquitectónicas infranqueables. Los programas de reconstrucción rara vez consideran ajustes razonables. Y en el desorden posterior, muchas personas con discapacidad son separadas de sus redes de apoyo o pierden sus ayudas técnicas, sin voz ni voto, expuestas al abandono.
Esto no es solo falta de humanidad: es incumplimiento de compromisos que Chile firmó, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Marco de Sendai, que exigen garantizar accesibilidad y participación en toda la gestión del riesgo.
Hay señales alentadoras, como la capacitación en Rescate Inclusivo que impulsan el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Academia Nacional de Bomberos: un esfuerzo pionero, pero aislado, sin financiamiento ni cobertura nacional. Es el ejemplo de lo que deberíamos hacer estructuralmente, no una excusa para la autocomplacencia. Los propios equipos de primera respuesta reconocen que carecen de formación para atender emergencias con personas con discapacidad; no falta vocación, faltan protocolos y una mirada inclusiva desde el diseño mismo del sistema.
Necesitamos una Política Nacional de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres, con tres pilares.
Primero, inteligencia proactiva: un registro de apoyo en emergencias, de inscripción voluntaria, que permita saber dónde están y qué necesitan las personas con discapacidad y alta dependencia antes de que suene la alarma, para pasar de reaccionar a anticipar.
Segundo, versatilidad en terreno: certificación obligatoria en Primera Respuesta Inclusiva y un Sello de Accesibilidad Universal que impida que los albergues y la reconstrucción se conviertan en una segunda catástrofe de exclusión.
Tercero, el pilar que sostiene todo lo demás: participación real y vinculante de las personas con discapacidad en cada etapa, de la preparación a la recuperación, para que dejen de ser objeto de asistencia y pasen a ser protagonistas de su propia seguridad.
El próximo temporal, el próximo sismo, el próximo incendio, llegarán: es la única certeza que nos da nuestra geografía. La pregunta es si seguiremos planificando la emergencia para una mayoría funcional, dejando que la suerte decida el destino de casi un quinto de la población, o si por fin entenderemos que una sociedad inclusiva es, por definición, una sociedad más justa y mejor preparada. Una protección civil que no protege a todas las personas, simplemente no protege. Es hora de escuchar esta emergencia silenciosa, mientras todavía hay agua en las calles, para que la próxima vez nadie quede atrás.
