Si la izquierda del Cono Sur no asume la soberanía tecnológica como un proyecto común, con instituciones y no solo con declaraciones, otros seguirán decidiendo qué se hace con el agua, los minerales y los datos de la región
En la última Asamblea General de Naciones Unidas ocurrió algo que en Chile pasó casi inadvertido. Mandatarios de 22 países pidieron crear bajo el alero de la ONU un organismo que fije reglas para la inteligencia artificial y verifique su cumplimiento. Al día siguiente, Donald Trump rechazó lo que llamó un “esquema globalista” para controlar esta tecnología y anunció que su gobierno pasaría a llamarla “superinteligencia”.
Una semana después lo firmó por orden ejecutiva, el mismo día en que reunió en la Casa Blanca a los líderes de Google, Meta, Nvidia, xAI y Anthropic para acordar un compromiso voluntario de seguridad, es decir, que las empresas se vigilen a sí mismas.
En esa discusión Chile se ubicó bastante cerca de Washington. Mientras la Asamblea sesionaba, la ministra Ximena Lincolao recorría la NASA, la Casa Blanca y las oficinas de OpenAi. A su vuelta afirmó que allá nadie hablaba de riesgos, justo cuando el primer ministro australiano le reclamaba a Sam Altman porque un agente de OpenAI había entrado sin autorización a un portal de salud de su país y la empresa se demoró 84 días en avisar.
A eso se suma la reunión del Presidente Kast con Peter Thiel, conocida por la respuesta a un oficio parlamentario y no por voluntad del gobierno, y una posible indicación sustitutiva que elimina las categorías de riesgo de la ley marco de IA.
La sintonía con EEUU, va más allá de la tecnología. El embajador Brandon Judd afirmó que el estallido de 2019 “provino de organizaciones de izquierda” según la inteligencia de su país y que aplicar la “Doctrina Donroe” sería “más fácil” con un gobierno como el de Kast. La Cancillería se limitó a citarlo a una conversación y a recordar que los embajadores no deben opinar de política interna, sin la nota de protesta que pidió la oposición, y un gobierno que le rinde esa pleitesía al embajador difícilmente pondrá condiciones a las empresas de su país.
El contraste con 2023 es claro, porque ese año fue Chile quien convocó en La Moneda a 20 países, firmó la Declaración de Santiago y propuso avanzar hacia un consejo intergubernamental latinoamericano de inteligencia artificial. El país pasó de convocar a la región para construir una mirada propia a viajar al norte para escuchar la ajena, y esa es una decisión de política exterior aunque se presente como un debate técnico.
Esa subordinación ya está escrita en el presupuesto de ciencia 2027, ya quel proyecto crea $412 millones para acceso a cómputo de IA que, según el propio ministerio, se destinarían a comprar tokens a proveedores comerciales, en su mayoría estadounidenses, en vez de fortalecer infraestructura pública como el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, y lo hace sin glosa que defina beneficiarios ni resguarde los datos de investigación.
Suma $514 millones para promover en el exterior empresas de base tecnológica, con un primer pabellón chileno en la feria CES de Las Vegas, mientras los institutos públicos pierden cerca del doble de ambas partidas y ANID recorta 29,1% sus recursos para evaluadores. Esto refleja cómo las plataformas quieren a los Estados latinoamericanos, como clientes que arriendan su tecnología y no como productores de capacidades propias.
El caso chileno no es aislado. Milei gobierna Argentina, Peña gobierna Paraguay, Bolivia giró hacia la derecha y en junio Colombia eligió a Abelardo de la Espriella. Buena parte de Sudamérica comparte la idea de dejar la tecnología en manos de quienes ya la controlan y alinearse con un Washington cuyos aliados son los dueños de esas empresas, porque Musk y Thiel forman parte de una derecha transnacional que entiende que la infraestructura digital es poder.
El costo es concreto y hay voces señalando. El secretario de Presidencia uruguayo, Alejandro Sánchez, advirtió que en la disputa por la IA la región aparece como proveedora de energías limpias, recursos naturales e insumos críticos. El litio y el cobre de los chips, el agua y la energía de los data centers y los datos de millones de personas salen de aquí, mientras los costos recaen en territorios y comunidades que nunca participan de la conversación.
Las excepciones existen, por ejemplo Uruguay, con Orsi, fue el primer país latinoamericano en firmar el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA y derechos humanos. Brasil, con Lula, convirtió la agenda digital en un asunto estratégico y demostró en 2024 que un país grande puede hacer cumplir sus reglas, cuando X nombró representante legal tras cinco semanas suspendida.
Ningún país pequeño logra eso solo, de modo que la escala regional es la única donde la regulación latinoamericana tiene dientes. Por eso importa tanto el 25 de octubre, cuando Lula enfrenta en segunda vuelta a Flávio Bolsonaro, que lo superó por dos puntos en la primera. Si gana Bolsonaro, Uruguay quedaría prácticamente solo en el Cono Sur.
La izquierda también tiene un balance pendiente, la unidad que se necesita es programática y regional, con una agenda común sobre clasificación por riesgo, domicilio legal de las plataformas, cómputo público, agua, energía, trabajo y cuidados, coordinada entre partidos y parlamentarios de oposición.
Trump entiende que nombrar una tecnología y decidir quién la regula es una forma de ejercer poder. Al rebautizar la IA y rechazar reglas comunes deja claro que esa infraestructura pertenece a su país y a sus empresas, y que el resto del mundo puede usarla pero no gobernarla. Si la izquierda del Cono Sur no asume la soberanía tecnológica como un proyecto común, con instituciones y no solo con declaraciones, otros seguirán decidiendo qué se hace con el agua, los minerales y los datos de la región.
