Este 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, tenemos poco que celebrar y mucho que defender. Mientras reconocemos a quienes sostienen la agricultura familiar, la alimentación y la economía de nuestros territorios, el Gobierno de José Antonio Kast propone cerrar Prodemu, una institución que durante más de tres décadas ha acompañado a miles de mujeres en su camino hacia la autonomía económica. Una contradicción difícil de justificar.
El Presupuesto 2027 contempla financiar su funcionamiento solo hasta marzo del próximo año, poniendo en riesgo años de trabajo territorial. Esto se suma al término del histórico convenio entre INDAP y Prodemu, que ya había encendido las alertas sobre el futuro del Programa Mujeres Rurales.
No hablamos simplemente de cerrar una fundación, sino de debilitar espacios de formación, organización y acompañamiento que han permitido a muchas mujeres emprender, generar ingresos y construir independencia.
En provincias como Petorca y San Felipe, donde las mujeres campesinas enfrentan la escasez hídrica, las dificultades de conectividad y las enormes brechas de acceso a oportunidades, estas decisiones tienen consecuencias concretas.
Porque emprender en la ruralidad no es lo mismo que hacerlo en una gran ciudad, especialmente cuando además se sostienen las labores domésticas y de cuidados, tantas veces invisibilizadas.
El Gobierno habla de eficiencia y promete mantener los apoyos a través de otras instituciones. Pero si existen problemas de gestión, corresponde corregirlos, no hacer que las mujeres paguen las consecuencias. Se necesitan garantías concretas de continuidad, recursos y acompañamiento, no solamente anuncios.
Las mujeres rurales no necesitan homenajes vacíos ni reconocimientos que duren un día. Necesitan un Estado presente, que valore su trabajo y amplíe sus oportunidades. Porque no hay desarrollo rural posible sin las mujeres, y no puede haber igualdad cuando el propio Estado decide retroceder en sus compromisos con ellas.