La realidad no desaparece porque se deje de mirar. Cuando el Estado se retira de los territorios rurales, las mujeres no solo pierden un programa, se debilita también el reconocimiento efectivo de sus derechos.
Gobierno proyecta fin de Programa Mujeres Rurales. Créditos: INDAP.
Cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Naciones Unidas lo celebra desde 2008 para visibilizar y reconocer el aporte de estas mujeres al desarrollo agrícola y rural de los países. La fecha no es casual: un día antes del Día Mundial de la Alimentación. Recuerda que buena parte de los alimentos que llegan a nuestras mesas pasa por manos de mujeres rurales. Paradójicamente, es también en ellas, donde se concentran la mayor experiencia de pobreza y hambre.
Esa paradoja tiene explicación. En las mujeres rurales se cruzan varias formas de exclusión: ser mujer, vivir en la ruralidad y, muchas veces también, ser indígena o migrante. Cada una de estas dimensiones implica brechas específicas que, al combinarse, se refuerzan y profundizan. Sin embargo, estas desigualdades suelen quedar invisibilizadas en las estadísticas, en las prioridades presupuestarias y el debate público.
Este año la fecha llega a Chile en un escenario especialmente adverso. PRODEMU, que durante 30 años sostuvo Mujeres Rurales, el único programa público dirigido específicamente a esta población, anunció su cierre. Se habló inicialmente de un cierre paulatino. Sin embargo, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 solo contempla recursos para cerrar la institución, no para dar continuidad al programa.
Toda una cohorte de mujeres queda así sin acompañamiento, y se suspende la incorporación de nuevas beneficiarias. La gravedad es tal que el sindicato de PRODEMU, junto a ANAMURI, presentó una denuncia contra el Estado de Chile ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas.
No se trata de una decisión aislada. El mismo proyecto de presupuesto eliminó el formulario que permitía identificar qué partidas contribuían a reducir las brechas de género, una herramienta que el país había incorporado recientemente. En agosto, además, la dirección regional metropolitana del SernamEG instruyó dejar de usar la palabra "territorio" por considerarla política. Se retiran los recursos, pero también los instrumentos para medir la desigualdad y las palabras para nombrarla. Es una triple invisibilización: lo que no se financia, no se mide y no se nombra, termina por dejar de existir para la política pública.
Pero la realidad no desaparece porque se deje de mirar. Cuando el Estado se retira de los territorios rurales, las mujeres no solo pierden un programa, se debilita también el reconocimiento efectivo de sus derechos. Esto nos hace volver sobre algo central: construir políticas públicas de amplio respaldo no es simple.
Por supuesto, estas políticas siempre deben revisarse y pueden mejorarse, pero alcanzar acuerdos amplios que se sostengan en el tiempo, sobre todo hoy en día, tiene una complejidad mayor. Por eso, retirar un programa sin proponer un nuevo horizonte genera un vacío que no solo el Estado, sino la sociedad debe preguntarse cómo abordarlo, porque hoy los mecanismos acordados para poder enfrentar esas brechas quedan inconclusos.
Ante este escenario, la evidencia investigativa es clara: género y territorio están intrínsecamente ligados. Así lo plantea el reciente libro Descentrar el género: desigualdades y territorios en Chile (RIL editores, 2026), donde tuvimos la oportunidad de participar con un capítulo. No se puede comprender la desigualdad de género sin mirar dónde viven y trabajan las mujeres, ni entender las brechas territoriales sin una mirada de género. La evidencia también desmiente una idea cómoda: que estas desigualdades son cosa del pasado. Hoy se reproducen con fuerza, y en algunos casos con más fuerza que nunca.
Este 15 de octubre, conmemorar a las mujeres rurales no es solo un saludo protocolar. Exige preguntarnos qué Estado queremos para ellas y si estamos dispuestos a aceptar que, una vez más, queden fuera del mapa.
