Un Estado que facilita la aprobación de proyectos de inversión sin fortalecer las garantías ambientales y sociales termina debilitando tanto los ecosistemas como las condiciones de vida de la población.
Sala del Senado aprueba megareforma del gobierno. Créditos: Agencia Uno.
Los últimos meses han transcurrido a una velocidad vertiginosa. El gobierno, recién asumido, ha optado por una estrategia de copamiento mediático propia de una terapia de shock: el alza de las bencinas, el retiro de 43 decretos ambientales y el anuncio de una reforma tributaria que, lejos de orientarse al bienestar socioambiental, incorpora propuestas que representan graves retrocesos.
El denominado proyecto de reconstrucción flexibiliza la evaluación ambiental al permitir modificaciones en proyectos ya aprobados sin una nueva evaluación, siempre que la autoridad estime que no generan impactos relevantes, un criterio que deja un amplio margen de discrecionalidad. A ello se suma la restricción del acceso a la justicia ambiental al eliminar la posibilidad de reclamar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ante los tribunales ambientales, además de crear una vía expedita para aprobar proyectos y establecer mecanismos para compensar a las empresas por los gastos incurridos si una RCA posteriormente es anulada.
Estas medidas se complementan con señales preocupantes respecto de los ecosistemas. Se ha relativizado la importancia de los humedales, como si fueran ecosistemas prescindibles, y también se ha puesto en duda el origen humano del cambio climático, una cuestión ampliamente respaldada por el consenso científico. Al mismo tiempo, distintas autoridades han insistido en un discurso que exalta la inversión mientras reduce el valor ecológico de los territorios y de las especies que los habitan.
Sumado a lo anterior, el gobierno ha anunciado el término del Programa Mujeres Rurales para 2029 y promueve una regulación sobre semillas que pone en riesgo la conservación y el libre intercambio de variedades tradicionales. La propuesta impone requisitos técnicos y económicos difíciles de cumplir para la agricultura familiar, campesina e indígena, y crea nuevas figuras administrativas que podrían facilitar la apropiación de semillas desarrolladas y resguardadas históricamente por las comunidades. El resultado es un fortalecimiento de la privatización del patrimonio genético y de la soberanía alimentaria, con consecuencias directas para la biodiversidad.
A todo este debilitamiento ambiental se suma el aumento del costo de la vida y la reducción presupuestaria a programas sociales y de salud relevantes. Y se aproxima la discusión del Presupuesto 2027, cuya propuesta corresponde exclusivamente al Ejecutivo. En ese proceso el Congreso solo puede aprobar o rechazar las partidas, pero no modificarlas, lo que anticipa un escenario complejo si se profundiza la reducción de recursos destinados a políticas sociales
Todo ello contrasta con el énfasis que el propio gobierno ha puesto en aumentar la natalidad. Si realmente se busca que las personas decidan formar una familia, las políticas públicas debieran orientarse a construir un entorno que entregue certezas: proteger los ecosistemas, fortalecer la educación, garantizar condiciones materiales dignas y promover un bienestar social y ambiental efectivo.
La mirada ambiental, por su parte, continúa reducida a una lógica utilitarista, donde la naturaleza aparece principalmente como soporte de la inversión. Esa visión desconoce la magnitud de la crisis climática y ecológica que ya se manifiesta con fuerza en distintos lugares del mundo: la reciente ola de calor en Europa, con temperaturas cercanas a los 44 °C, o las inundaciones repentinas en la ciudad de Nueva York, donde cayeron cerca de 50 milímetros de lluvia en apenas veinte minutos, son recordatorios de que el deterioro ambiental ya no pertenece al futuro, sino al presente.
Seguir ignorando estas señales mientras se debilitan los mecanismos de protección ambiental y se profundiza la precariedad social constituye una apuesta riesgosa. Un Estado que facilita la aprobación de proyectos de inversión sin fortalecer las garantías ambientales y sociales termina debilitando tanto los ecosistemas como las condiciones de vida de la población.
Si realmente existe preocupación por el futuro demográfico del país, la respuesta no pasa únicamente por incentivar la natalidad como un deseo vacío. Antes que eso, es necesario construir un país donde valga la pena imaginar el futuro. Un país que cuide su naturaleza y fortalezca el bienestar de las personas, en donde se garanticen condiciones dignas para las generaciones presentes y futuras.
Porque difícilmente alguien deseará traer hijos e hijas a un mundo que se percibe cada vez más cercano a la distopía. Cuidar la naturaleza no es un lujo ni un obstáculo para el desarrollo: es una condición indispensable para la salud, el bienestar y la continuidad de la vida.