El senador explicó que actualmente la Ley Zamudio castiga con multa los discursos de odio, sanción que no es suficiente para disuadirlos.
Presentan proyecto que sanciona con cárcel incitación al odio.
El senador Francisco Huenchumilla (DC) formalizó esta semana el ingreso de un proyecto de reforma al Código Penal que crea tipos penales específicos para perseguir la violencia simbólica, los discursos de odio y el negacionismo, a falta de sanciones de la Ley Zamudio.
La iniciativa busca fortalecer el marco penal chileno para resguardar la convivencia democrática y los derechos fundamentales de colectivos vulnerables.
El diagnóstico del parlamentario por La Araucanía apunta a que la arquitectura legal del país se ha quedado relegada en comparación con los parámetros jurídicos de las naciones desarrolladas.
Actualmente, los agravios infligidos mediante discursos discriminatorios carecen de reproche penal autónomo en la normativa local, dependiendo de figuras genéricas que resultan insuficientes para cautelar la igualdad colectiva.
“Estamos al debe. Es necesario poner al país en el estándar de la OCDE y la tendencia internacional”, sostuvo el legislador.
La propuesta legislativa articula la adición de un título inédito en el articulado del Código Penal, denominado de forma explícita: “De los delitos de atentados graves contra la dignidad y la igualdad e incitación pública al odio”.
“El nuevo tipo penal, entonces, sancionará: Las expresiones públicas gravemente humillantes, denigrantes o vejatorias contra un grupo determinado, o contra una persona por su pertenencia a él, con fundamento en motivos discriminatorios; la incitación pública al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia por dichos motivos; el negacionismo agravado de genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra; y la producción o difusión de material sobre ello”, explicó.
Sobre el abanico de sanciones aplicables, el parlamentario precisó el escalafón punitivo contemplado: “en el caso de expresiones públicas graves, se plantea presidio menor en grado mínimo (61 días hasta 540 días) a medio (desde 541 días hasta 3 años) más multa".
Para los casos que incitan al odio o al negacionismo agravado, se establece una sanción de presidio grado medio a máximo (desde los 541 días hasta los 5 años), más una multa.
Al explicar el alcance del proyecto frente a los mecanismos vigentes en Chile, el senador rememoró los avances conquistados por la Ley N° 20.609 (conocida como Ley Zamudio) y la posterior incorporación de la agravante contemplada en el Artículo 12 Nº21 del Código Penal.
El parlamentario advirtió que la arquitectura jurídica muestra severas limitaciones punitivas para desincentivar estos discursos, pues la Ley Zamudio contempla exclusivamente sanciones pecuniarias administrativas (castigo económico) que resultan insuficientes para disuadir agresiones sistemáticas a la dignidad.
“Esos son grandes avances, pero todavía insuficientes para las exigencias actuales (…) la Ley Zamudio sanciona los actos de discriminación con multa máxima de 50 UTM, pero no existen tipos penales autónomos ni para la incitación pública al odio, ni para actos o atentados graves contra la dignidad e igualdad –como sería, por ejemplo, la injuria racial– lo que hace menos eficaz el combate de la discriminación y la violencia”, subrayó.
En esa línea, el legislador fundamentó su propuesta tras efectuar una exhaustiva revisión comparada de las normativas vigentes en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), identificando cómo potencias como Alemania, España, Reino Unido, Canadá, Colombia y México abordan estas conductas.
A modo de cierre, el congresista hizo una llamada amplia a los actores políticos y a la ciudadanía para procesar institucionalmente esta discusión, subrayando que contar con este estándar penal es una salvaguarda indispensable para el futuro democrático.
“Son tiempos de profunda polarización en la política y el debate público, donde los límites de lo que hasta ahora considerábamos tolerable son presionados día tras día. La aprobación de un proyecto de esta naturaleza nos pondría a la par con la sensatez y la civilidad de las democracias que tomamos como referente en el mundo, y sería una herramienta más para cuidar la paz social”, concluyó.
