Este caso expone cómo ciertos círculos de poder mediático-político operan con doble estándar: exigiendo austeridad al país mientras privatizan el lujo y socializan las pérdidas sobre trabajadores y acreedores.
Foto de Katherine Echaiz escuchando detrás de la puerta de Carmen Castillo / Crédito: @CarmenTuitera
En las páginas satinadas de Revista Velvet, Katherine Echaiz despliega un mundo de lujo impecable. Sin embargo, detrás de ese papel couché se acumulan más de $471 millones en deudas empresariales, demandas que superan los $150 millones, reclamos laborales reiterados y una denuncia penal por presunta violación de morada.
Esta realidad, expuesta por EnEstrado.cl (junio de 2026), revela no solo una gestión financiera cuestionable, sino una hipocresía que se agrava por su matrimonio con el senador UDI Javier Macaya.
Las cifras o deudas son elocuentes. Velvet Comunicaciones SpA acumula cerca de $314 millones en obligaciones; Ediciones Giro País SpA, controladora de El Dínamo, registra aproximadamente $91.257.000; y Velvet Latam Group SpA suma unos $66 millones. En total, $471.257.000 solo con personas jurídicas; sumando la deuda personal de Echaiz, el pasivo alcanza $502.684.000, con un puntaje Dicom de 254 que señala alto riesgo crediticio.
Estas deudas no quedan en registros comerciales: Banpro Factoring reclama más de $23 millones contra Velvet Latam con pagaré vencido, solicitando embargos; Go Capital exige unos $61 millones de la misma sociedad y más de $51 millones de Ediciones Giro País por facturas de 2025. A ello se suman $10.7 millones de Flow SpA por tres facturas y $1.78 millones de Global Media. En conjunto, las acciones judiciales bordean los $150 millones.
En la esfera laboral, excolaboradores denuncian boletas impagas por meses —una periodista lleva 10 meses reclamando cerca de $1 millón por cinco entrevistas publicadas—, cotizaciones previsionales abonadas a cuenta gotas o no pagadas, y rotación alta de personal.
Una exeditora con ocho años en los medios demandó por despido injustificado, reclamando indemnizaciones cercanas a $28 millones, alegando incluso discriminación política tras supuestas instrucciones de Echaiz de convertir El Dínamo en “un medio de derecha, como ExAnte”. Cuatro mujeres más han denunciado incumplimientos similares. Mientras tanto, Echaiz proyecta en redes sociales una vida de viajes, viñas y eventos de lujo.
La denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, presentada por la escritora e influencer Carmen Castillo (“Carmen Tuitera”) en junio de 2026, añade un capítulo oscuro. Según la querellante, en 2023 —mientras mantenía un vínculo con Macaya— fue contactada por una periodista de Velvet para una supuesta reunión laboral.
En su domicilio se presentó Echaiz, quien ingresó y permaneció varias horas. Castillo permitió el acceso en ese contexto, pero denunció un fuerte impacto emocional. Los hechos están en investigación y no han sido judicialmente acreditados, pero ilustran un patrón de intrusión y opacidad.
La excusa de la “Feria Velvet” como origen de un “agujero financiero”choca con testimonios de proveedores que esperan más de $45 millones desde hace dos años. Esta conducta no es mero descuido empresarial, es un desprecio sistemático hacia trabajadores, proveedores y pymes que sostienen el glamour que ella vende.
El vínculo matrimonial con Macaya intensifica la gravedad. Macaya, figura relevante de la UDI, representa un partido que suele predicar responsabilidad fiscal y valores tradicionales. Que su cónyuge lidere empresas con deudas millonarias, demandas por factoring y reclamos laborales mientras exhibe un estilo de vida de alta gama genera un conflicto ético evidente. ¿Cómo conciliar la defensa pública de la empresa privada y el orden económico con esta realidad doméstica? La omisión de Macaya, o su aparente tolerancia, sugiere que el poder político sirve también como escudo simbólico para opacidades privadas.
Como alertaba Hannah Arendt el mayor peligro no siempre reside en la monstruosidad intencional, sino en esa falta de pensamiento reflexivo que permite a personas comunes perpetrar injusticias cotidianas bajo la apariencia de normalidad. Echaiz parece encarnar esta banalidad, no necesariamente por maldad declarada, sino por una desconexión entre sus discursos de empoderamiento (en su campaña “NO MÁS” contra abusos y por derechos de las mujeres) y su práctica concreta de dejar a periodistas y colaboradores sin pago tras publicar su trabajo.
Pierre Bourdieu, por su parte, describía cómo el capital simbólico permite a las élites reproducir dominación mientras ocultan las desigualdades materiales que lo sustentan. La “distinción” de Velvet, con sus oficinas en Nueva Costanera y sus perfiles ABC1, opera precisamente así: vende aspiracionalidad mientras sus bases laborales y financieras se desmoronan, utilizando el glamour como velo que invisibiliza a quienes sostienen la estructura.
Este caso expone cómo ciertos círculos de poder mediático-político operan con doble estándar: exigiendo austeridad al país mientras privatizan el lujo y socializan las pérdidas sobre trabajadores y acreedores.
Echaiz debe enfrentar sus deudas, honrar sus compromisos laborales y responder por las denuncias en curso. Hasta entonces, el terciopelo de Velvet continuará luciendo elegante, pero manchado por las facturas impagas y las promesas rotas.