Hoy que el país está inmerso en una crisis económica que se agudiza diariamente, con un gobierno con signos autoritarios, la "Asamblea de la Civilidad" y parte importante de “la Demanda de Chile”, adquieren importancia.
Panfleto de las movilizaciones de julio de 1986 convocadas por la Asamblea de la Civilidad / Crédito: alertaley.cl
El 2 y 3 de julio de 1986, hace exactamente cuatro décadas, en casi todo el país, se realizaron las más importantes manifestaciones contra la dictadura civil-militar. Estas fueron organizadas por una entidad llamada Asamblea de la Civilidad.
Se habría vulnerado el principio de juridicidad, consagrado en nuestra Constitución Política de la República e infringido el principio de legalidad y responsabilidad, cuya sanción es la nulidad de derecho público.
Tres meses antes, el sábado 26 de abril, en un céntrico local santiaguino, el doctor Juan Luis González, presidente del Colegio Médico, expresaba.
Así quedaba conformada la Asamblea de la Civilidad. La integraban las 18 organizaciones más importantes de las capas medias y de los sectores populares. Entre otras, la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), el Comando Unitario de Pobladores, los Colegios Profesionales, las organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y los partidos políticos desde la Centro derecha hasta la izquierda. La Asamblea era, sin lugar a duda, la mayor organización político-social que se había creado para oponerse a la Dictadura. Su objetivo era nítido: retornar a la democracia.
La Asamblea presentó una propuesta estratégica titulada la “Demanda de Chile”, que contenía las medidas que debían implementarse para retornar a la democracia.
En este acápite se proponía la eliminación del sueldo vital y su transformación en un ingreso que cubriera la adquisición de bienes básicos; derogar la recientemente aprobada ley de Salud; una solución al endeudamiento de los sectores productivos.
En este punto, entre otros aspectos, se exigía el reconocimiento a los derechos de los trabajadores; la negociación por rama de actividad, la derogación del Plan Laboral; el reconocimiento de las federaciones estudiantiles democráticas; la integración a la vida nacional de las minorías religiosas, culturales y étnicas; la derogación del impuesto específico al combustible recientemente creado.
En este acápite se proponía terminar con los procesos de privatización y municipalización de la Educación; terminar con los rectores delegados permitiendo la libre elección de autoridades universitarias; construir un sistema pluralista donde todas las visiones filosóficas estuvieran representadas; la creación de una política para resguardar el patrimonio artístico y cultural del país; reestablecer la libertad de prensa y eliminación de la censura.
En este capítulo, se sostenía que no era posible la reconciliación nacional sin reparación a las víctimas de las mayores injusticias, como los que habían sufrido torturas y encarcelamientos por motivos políticos, los familiares de los detenidos desaparecidos, las personas que habían sido expulsados de sus trabajos y estudios por defender la democracia, los ciudadanos que habían sido obligadas a partir al destierro, los jubilados a quienes la dictadura les habían quitado sus pensiones.
En este apartado se proponía la derogación del Artículo 24 Transitorio de la Constitución Política de 1980, por el que se otorgaba al Presidente de la República, facultades extraordinarias para restringir libertades públicas sin la necesidad de declarar un Estado de Sitio o de Emergencia; la renovación del Poder Judicial para garantizar la defensa de los ciudadanos; la disolución de la CNI; otorgar la libertad a los presos políticos.
Se planteaba terminar con la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, crear una política de concertación con los países de América Latina y el Tercer Mundo.
En el último capítulo se proponía el restablecimiento de la soberanía popular para consagrar una sociedad democrática para lo que era necesario una Constitución legitimada por la ciudadanía.
El dos de junio, la Asamblea señaló que habiéndose cumplido el plazo que había otorgado para que la dictadura respondiera a “las urgentes reivindicaciones contenidas en la Demanda de Chile”, se iniciará una serie de movilizaciones que culminarán con un paro nacional a comienzos de julio.
El lunes 30 de junio en otra declaración pública, la Asamblea llama “a expresarse pacíficamente y a evitar todo tipo de provocaciones, permaneciendo en sus casas a partir de las 14.00 horas en los días señalados”.
Un panfleto entregaba instrucciones precisas: “30 de junio y 1° de julio. Nos preparamos para el Paro: (…) hacemos todas las compras, adelantamos los trámites indispensables. 2 y 3 de julio (…) no vamos a trabajar, no mandamos a los niños al colegio, no hacemos compras, no hacemos trámites, a las 12 horas: acudimos a la Plaza de Armas de nuestra ciudad a cantar la Canción Nacional. No aceptamos provocaciones. A las 14:00 horas: nos retiramos a nuestro barrio, a las 20:30 horas escuchamos el himno de la Demanda de Chile; apagamos la luz; encendemos velas; tocamos cacerolas, pitos bocinas y campanas”.
Previendo la masividad del paro, la dictadura militarizó el país. Así, temprano el miércoles 2 de julio de 1986, las grandes ciudades amanecieron en estado de guerra con vehículos militares con ametralladoras .30 patrullando calles y vigilando puntos claves.
En un clima tremendamente tenso, las urbes estaban casi paralizadas, pocos buses y vehículos circulaban, escasas personas se veían en las calles, las tiendas y oficinas, en su mayoría, permanecieron cerradas. En muchos campus universitarios y colegios de educación media se realizaron manifestaciones. Las industrias trabajaron a media máquina.
Al mediodía grupos de personas encabezados por dirigentes políticos y sociales se reunieron en las plazas de armas de diversas ciudades para entonar el himno nacional. Estas fueron reprimidas duramente por fuerzas policiales.
Ese mediodía, los manifestantes aún no saben que esa mañana, en la población Los Nogales, una patrulla militar del Regimiento de Caballería Blindada N° 10 “Libertadores”, al mando del teniente Pedro Fernández Dittus, había quemado vivos al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, y a Carmen Gloria Quintana.
Por la noche, en muchos barrios se realizaron marchas, se hicieron barricadas con neumáticos, y zanjas para impedir la entrada de vehículos militares y policiales. En algunas poblaciones hubo intercambio de disparos entre milicianos y uniformados. Al día siguiente la situación fue parecida.
Como resultado de la represión dictatorial, en dos días, ocho personas fueron asesinadas, decenas heridas a bala, y más de 600 detenidas.
Esas manifestaciones fueron las mayores protestas populares antidictatoriales porque fueron dirigidas y coordinadas por la Asamblea de la Civilidad. Las expresiones contestarías fueron masivas e incluyeron brotes insurreccionales que en algunas ciudades se tradujeron en la creación de zonas liberadas.
La forma que adquirió la protesta tuvo consecuencias porque parte importante de la oposición decidió marginarse de estas temiendo que se avanzara hacia un levantamiento popular de pronóstico reservado. Esta convicción se vio incrementada al mes siguiente con el descubrimiento de los arsenales del Partido Comunista.
Entonces, las organizaciones sociales representativas de las capas medias viraron hacia una política para derrotar a la dictadura en su propio cronograma constitucional. Con esta mutación, la Asamblea de la Civilidad perdió su esencia porque dejo de ser una organización que agrupaba a las capas medias y populares en un mismo objetivo.
Hoy que el país está inmerso en una crisis económica que se agudiza diariamente, con un gobierno con signos autoritarios, la Asamblea de la Civilidad; cuyo lema: “Todos juntos. Al mismo tiempo”; y parte importante de su propuesta política democratizadora: “la Demanda de Chile”, adquieren importancia.