De “la estupidez que los caracteriza” a “cada persona es un cacho”: cuando Chile discute su cuestión laboral, el diagnóstico suele apuntar al carácter o al costo del trabajador antes que al contrato que se le ofrece.
Acusan trabajo forzado en Chile.
En julio de 2026, el presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, David Bravo, explicó por televisión una propuesta para reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio. Al traducir el argumento desde la perspectiva del empleador, dijo: “Mayor costo de despido es... cada persona es un cacho, digamos. Cuando tú ves costo de despido, ¿qué es lo que es? Es costo de contratación”.
La frase describe un problema económico real: el costo de despedir puede influir en la decisión de contratar. Pero su interés está en la naturalidad con que una persona pasó a ser nombrada como costo, riesgo y carga. Cuando una palabra así aparece en una explicación técnica, es porque un encuadre ya se ha vuelto sentido común.
Ese encuadre tiene archivo. Atraviesa casi dos siglos de historia laboral chilena y tres modelos económicos, cambiando de vocabulario, pero no de dirección. La comparación no equipara la gravedad de las épocas: sigue el lugar donde se deposita el problema.
En 1829, el periódico santiaguino El Fanal reprochaba a los artesanos que se reunían para aprender sus derechos “la estupidez que los caracteriza”. En 1845, la Revista Católica sostenía que en Chile, más que buenos artesanos, “se forman jugadores o borrachos”. Los congresos patronales de 1876 y 1899 consolidaron la figura del peón “alzado”: flojo, violento, inconstante y difícil de disciplinar. En cada episodio, documentado por Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, el diagnóstico apuntó al carácter del trabajador.
Mucho menos se hablaba del contrato. El enganche podía ser verbal, el castigo físico era conocido y, en las oficinas salitreras, gran parte del salario se pagaba en fichas canjeables únicamente en la pulpería del patrón. Pedro Belisario Gálvez, cronista del diario católico-popular El Chileno, resumió esa aritmética en 1904: el salitrero “da cinco con la mano derecha y recoge seis con la izquierda”. Económicamente, escribió, aquello era “una esclavitud sin nombre”.
Frente a ese contrato, muchos trabajadores desertaron. Salazar muestra un peonaje con identidad de fuga antes que identidad laboral: la salida fue interpretada como confirmación de la flojera, cuando también era una respuesta racional a las condiciones ofrecidas. Y cuando se organizaron, la respuesta estatal fue con frecuencia la represión. Rory Miller, historiador económico británico y coeditor de Historia económica de Chile desde la Independencia, resume el ciclo salitrero así: “la represión, no la reforma, fue la respuesta estatal”. Las matanzas de 1905 en Santiago y de 1907 en la Escuela Santa María de Iquique simbolizan una cuestión social tratada primero como problema de orden.
El diagnóstico, además, operaba principalmente hacia abajo. Las combinaciones salitreras protegían con cuotas de producción a empresas ineficientes y los bancos prestaban a sus propios directores mientras restringían el crédito a otros actores productivos. La ineficiencia del socio era un problema que debía administrarse; la del trabajador, un defecto de origen.
La historia ofrece una prueba inversa. Entre fines de la década de 1930 y fines de la de 1960, Chile modificó de manera más sustantiva el contrato social y laboral. En la reconstrucción del historiador económico Javier Rodríguez Weber, el decil superior redujo su participación en el ingreso desde aproximadamente 57% a 38%. La doctora Nora Reyes Campos muestra, además, que la mejoría salarial no provino únicamente de la industrialización: importaron la organización sindical, la legislación y los mecanismos de reajuste. Cuando cambió el contrato, el supuesto carácter del trabajador dejó de explicar por sí solo los resultados.
La dictadura interrumpió ese proceso de una manera que impide cualquier equivalencia retórica. Entre 1973 y 1979 no apareció simplemente un nuevo vocabulario: se eliminó al interlocutor. La CUT fue disuelta, la negociación colectiva y la huelga fueron suspendidas, y la persecución sindical antecedió al Plan Laboral. Las nuevas reglas se escribieron cuando una de las partes estaba proscrita, encarcelada, exiliada o muerta. Después, el conflicto pudo ser descrito como rigidez y el derecho como costo.
La postdictadura refinó el lenguaje. Ya no era aceptable decir que el trabajador era flojo o alzado. Se explicó que le faltaba capital humano, empleabilidad, adaptación o mérito. En La política de la élite, los sociólogos Modesto Gayo y María Luisa Méndez —investigadores de la reproducción del privilegio y la movilidad social en Chile— describen el mérito como un “léxico para justificar fortunas cada vez mayores”, expresión del “colapso de una auténtica ética de responsabilidad colectiva”.
Su investigación más reciente agrega una precisión. En Mérito, origen o suerte, un estudio de 2026 basado en más de 300 entrevistas y una encuesta nacional a más de 1.500 personas, Méndez, Gayo y su equipo muestran que cualidades presentadas como naturales —autoconfianza, comunicación eficaz, orientación al logro y seguridad para “encajar”— también son cultivadas en las familias más privilegiadas. No todos llegan a la competencia con las mismas redes, códigos ni oportunidades.
La explicación se volvió más educada, pero conservó la dirección: la distancia entre lo que unos y otros ganan se atribuye a lo que cada persona hizo o dejó de hacer antes que a las reglas y al poder distribuido. Su eco aparece en frases conocidas: “las nuevas generaciones no quieren trabajar”, “no hay talento” o “la gente no se adapta”. El peón alzado reaparece con vocabulario de consultoría.
Así llegamos nuevamente al “cacho”. El Informe Final de la Mesa de Reactivación Laboral reúne 22 propuestas diversas y algunas abordan problemas reales. Pero en su núcleo regulatorio reaparece un marco reconocible: “alza en costos laborales”, indemnización como “pasivo contingente incierto”, ampliación de la polifuncionalidad y reposición de la “falta de adecuación del trabajador o trabajadora” como causal de despido. No es necesario atribuir mala fe para observar qué entra al diagnóstico y qué queda fuera.
Hay críticas fundadas al régimen laboral y la indemnización por años de servicio tiene problemas de diseño y cobertura. El punto es anterior a cualquier solución particular. Entre la pulpería y el “cacho” median vocabularios morales, políticos, económicos, meritocráticos y contables, pero una gramática persiste: cuando Chile discute su cuestión laboral, suele preguntarse primero qué les pasa a los trabajadores.
La pregunta menos frecuente es qué contrato les ofrece: cuánto paga, cuánta seguridad entrega, qué voz reconoce y cómo distribuye los frutos del crecimiento. Los diagnósticos sobre el carácter de quienes trabajan han envejecido mal. Los cambios duraderos en salarios, productividad, estabilidad y paz social han dependido mucho más de las instituciones que de una supuesta transformación moral de la fuerza laboral.
Tal vez una época comienza a cambiar no cuando encuentra una nueva respuesta, sino cuando por fin cambia la pregunta.
