Estudio del Observatorio Ciudadano revela que la Ley Lafkenche no frena a las salmoneras y que el conflicto responde a la subutilización y faltas del Estado.
Estudio revela que Ley Lafkenche no paraliza a la industria salmonera.
Pese al millonario dinamismo económico que exhibe la industria de la salmonicultura en Chile —registrando envíos al extranjero por sobre los US$6.500 millones y cosechas anuales que superaron el millón de toneladas durante 2025—, los gremios corporativos han articulado una intensa ofensiva política para reformar la Ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche.
¿El argumento central? Una supuesta paralización y asfixia del sector productivo en el sur austral provocada por las solicitudes indígenas de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Sin embargo, la evidencia empírica desmiente este diagnóstico de raíz.
Un exhaustivo reporte del Observatorio Ciudadano, elaborado a partir de las bases de datos geográficas oficiales de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) actualizadas a mayo de 2026, desmoronó la tesis del estancamiento.
La investigación, conducida por los especialistas Lorena Arce, Christian Paredes y Santiago Kaulen, examinó la totalidad de las 1.323 concesiones otorgadas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. El hallazgo principal es categórico: el escenario predominante entre las comunidades originarias y el aparataje salmonero es de estricta coexistencia y no de bloqueo.
La clave radica en diferenciar la mera coincidencia geográfica de una afectación jurídica real. De acuerdo al informe, aunque 760 concesiones (equivalentes al 57,4%) registran algún tipo de cruce territorial con áreas solicitadas o decretadas como ECMPO, la totalidad de ellas sigue funcionando sin alteración alguna.
Esto obedece a que el marco legal de la Ley Lafkenche resguarda explícitamente los derechos adquiridos, impidiendo de forma taxativa que un espacio indígena se superponga a resoluciones acuícolas validadas con anterioridad.
El denominado "efecto suspensivo" de la ley actúa de manera exclusiva sobre las solicitudes nuevas que aún se encuentran en etapas intermedias de tramitación estatal.
En este segmento, el impacto real resulta marginal: de un total de 157 concesiones salmoneras que se encuentran actualmente en trámite, apenas 55 están sujetas a esta paralización temporal. Dicha cifra representa el 35% de los expedientes en evaluación y apenas un ínfimo 4,1% del volumen global de concesiones acuícolas vigentes en el maritorio austral.
El escenario en los procesos de relocalización es bastante similar. De 253 requerimientos de traslado identificados en la macrozona sur, solo 42 expedientes (el 16,6%) sufren la suspensión por la tramitación de un espacio costero. Las carpetas restantes corresponden a prohibiciones legales absolutas por encontrarse en ECMPO ya consolidados, o bien, se encuentran supeditadas a determinaciones de tribunales de justicia.
El estudio del Observatorio Ciudadano desvía los focos de atención y apunta a factores de fondo ajenos a las demandas indígenas para explicar los topes territoriales que experimenta la salmonicultura. En primer término, destaca el congelamiento o la nula disponibilidad de nuevas Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) decretada en las tres regiones de análisis, lo que restringe administrativamente el crecimiento superficial.
Asimismo, los investigadores relevan el peso de la Ley N°21.600 del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta normativa impone severas restricciones operacionales dentro de zonas de resguardo ecológico que carecen de un plan de manejo técnico ratificado, una encrucijada regulatoria que hoy incide directamente sobre ecosistemas vulnerables como las Reservas Nacionales Kawésqar y Las Guaitecas.
Por otra parte, la propia ineficiencia interna de las firmas salmoneras matiza las quejas gremiales sobre la falta de espacio. Rescatando estadísticas de la Fundación Terram, el reporte puntualiza que cerca del 27% de las concesiones ya otorgadas por el Estado permanecieron completamente inactivas durante toda la década comprendida entre 2012 y 2022.
Esta subutilización crónica demuestra que las tensiones por hectáreas marítimas responden, en gran medida, a un fenómeno especulativo o de mala gestión del espacio ya asignado a los propios industriales.
La investigación del Observatorio Ciudadano concluye que la Ley Lafkenche sí adolece de problemas graves, pero estos se vinculan de forma directa con la precariedad institucional y la gestión del aparato público, distanciándose completamente del espíritu o articulado de la ley.
La burocracia estatal congela las solicitudes de ECMPO por períodos que vulneran sistemáticamente los plazos que la legislación mandata, un panorama de incertidumbre institucional que termina damnificando de igual forma tanto a los pueblos originarios peticionarios como a los inversionistas que esperan resolver sus concesiones en trámite.
"El problema no radica en la existencia del mecanismo, sino en la incapacidad del Estado para cumplir en tiempos razonables con el procedimiento que la propia ley establece", señala el informe.
El centro del debate legislativo actual busca modificar el estatuto, teniendo como principal blanco de ataque la derogación o el vaciamiento del efecto suspensivo.
Ante esto, el Observatorio Ciudadano formula una severa advertencia: legislar y ceder a presiones corporativas basándose en premisas falsas y sin respaldo de evidencia real representa un peligro democrático latente.
Modificar la norma bajo estas lógicas solo conseguirá erosionar de forma desproporcionada las conquistas territoriales de las primeras naciones —las cuales se encuentran sólidamente respaldadas por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT—, todo con el fin de beneficiar de forma exclusiva a un sector empresarial cuyas limitantes actuales se explican por motivos completamente ajenos a los ECMPO.
