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La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, abordó las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y a internos de Punta Peuco, los desafíos de la oposición, la respuesta del gobierno ante las emergencias climáticas y los recortes del Presupuesto 2027.
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Recientemente, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que el Gobierno de José Antonio Kast concedió rebajas de condena a dos internos de Punta Peuco sentenciados por violaciones a los derechos humanos.
La revelación se sumó a la de los 56 decretos de rebaja de condena emitidos entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Al respecto la diputada del Frente Amplio por el distrito 10, Emilia Schneider, se refirió a la polémica y a su entrevero con el senador Squella, entre otros temas.
-Pocas horas antes de esta entrevista nos enteramos que, además de los 56 decretos que rebajaron condenas a pedófilos, hubo otros tres casos. Dos de ellos favorecieron a internos de Punta Peuco, uno condenado por secuestro y otro por torturas. ¿Cómo ha tomado esta nueva información?
Creo que esto es muy lamentable y una muy mala señal. Lo más grave es que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para justificar bajarles las penas a abusadores y violadores de menores, dice una mentira. Afirma que hay un criterio unificado y una sola jurisprudencia asentada de la Corte Suprema en esta materia, y eso es falso. Hay fallos de la Corte Suprema que conceden las rebajas de penas y otros que no.
Es una discusión muy jurídica, pero está abierta. La ley que se aprobó en 2022 rebaja las penas, pero excluye explícitamente los delitos sexuales contra menores, entre otros. El punto es si esa exclusión aplica hacia atrás o no. Yo creo que sí aplica hacia atrás, porque no es una ley de derecho penal sustantivo y no opera el principio pro reo. Lo pongo en palabras muy sencillas: no pretendo hacer una exposición de derecho detallada, sino que se entienda.
Lo segundo es que me parece muy lamentable, y una impostura de parte del gobierno, que el ministro Rabat, conocido miembro del equipo defensor del dictador Augusto Pinochet, nos venga a hablar de derecho humanitario. Y que esa humanidad, esa compasión, solo aplique a abusadores de menores y a violadores de derechos humanos, porque, como bien decías, se colaron algunos violadores de derechos humanos en estas rebajas de penas.
Con esto cierro la reflexión. Mira lo que han hecho el gobierno y la derecha en el último tiempo. En el verano, el Senado aprobó la ley de conmutación de penas, con la que todas las personas mayores de 75 años se iban para la casa sin importar ningún criterio. Muchos de ellos, violadores de derechos humanos y abusadores de menores. Luego intentaron una puesta en escena en torno a Aliste Vega, casi como un pasando y pasando, como si eso fuera humanidad.
Todo eso es para bajarle el costo, para construir un escenario donde ellos puedan liberar a los violadores de derechos humanos de la dictadura. Eso es lo que les interesa. Creo que ni siquiera les interesa tanto liberar a los carabineros del estallido social, que es la campaña que ha levantado la bancada del Partido Republicano. Eso también es un instrumento para ese otro fin.
Yo lo que quisiera es que el gobierno sea honesto. Si esa es su convicción, que miren al país y le digan: “Sí, yo quiero liberar a los violadores de derechos humanos”. Pero que lo digan.
-Hace poco tuvo un cruce en la red X con el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, quien anunció un proyecto de ley transversal para impedir estas rebajas. ¿Cómo se entiende esa desconexión, con un gobierno que -hasta el momento- defiende lo hecho por el ministro de Justicia y un partido oficialista que empuja una ley en sentido contrario?
Lo cierto es que esconden la mano, porque ellos tomaron una decisión. La discusión que tuve con el senador Squella en X, esa red de Elon Musk, era si había otra forma de enfrentar esta situación.
Ellos dicen que en el gobierno de Boric hubo tantas rebajas. Pero si uno saca la cuenta, a este ritmo van a terminar con muchas más al final del gobierno. Y eso tiene una razón concreta. La ley de rebaja de penas está vigente desde febrero de 2022. Le tocó implementarla primero al ministro Hernán Larraín, del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Luego vinieron la ministra Marcela Ríos, el ministro Luis Cordero y el ministro Jaime Gajardo, y el criterio era más o menos el mismo.
Ese criterio es que esta no es una ley de derecho penal sustantivo. Por lo tanto, la exclusión es retroactiva: no se aplica en favor del imputado o acusado, sino que en este caso lo excluye de estos beneficios. Los gobiernos, particularmente el anterior, además de rechazar la solicitud, peleaban esto en tribunales. Cuando la Corte Suprema fallaba en uno u otro sentido, lo respetaban, evidentemente, porque esa es la regla del juego. Pero no sin antes manifestar la posición del gobierno.
Eso ha ido generando también un cambio en el criterio. Quizás en un momento la Corte Suprema estaba más inclinada a conceder estas rebajas de pena, pero luego hay fallos contundentes en el sentido contrario.
Lo que yo le decía al presidente del Partido Republicano es que, más que hacerse el indignado, tiene que tomar su teléfono y llamar al presidente Kast. Lo debe tener entre sus primeros chats de WhatsApp —yo creo que deben hablar harto—, o en Signal, no sé dónde hablarán. Y decirle: “Oiga, instrúyale al ministro Rabat que vuelva al criterio histórico del gobierno, y demos el debate de todos los proyectos de ley”. Nosotros, como Frente Amplio, también vamos a presentar un proyecto de ley para aclarar la interpretación de esta norma.
Pero también quiero decir que ahora se hacen los escandalizados y se muestran sensibles con las víctimas. ¿Por qué no empatizan de la misma forma con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos? Ahí no dicen ni pío. Y los violadores de derechos humanos que quieren liberar también cometieron delitos sexuales, también contra niños, niñas y adolescentes.
La impostura es total. El gobierno dice que todo está bien y cambia un criterio institucional, como lo ha hecho con otras cosas. El presidente del Partido Republicano se hace el indignado para no asumir el costo, pero solo con lo que está en la agenda, con lo que está en la encuesta. Creo que no tiene una convicción real de que esos delitos sean tan terribles, porque los justifican en un periodo de la historia.
-¿Cree que esto tendrá un costo político para el Gobierno, y de ser el caso, en qué sentido lo proyecta?
El gobierno siempre va a tratar de empatar. Ha sido su actitud ante cualquier problema: esto es culpa del gobierno anterior. Creo que ya ha pasado un tiempo razonable para no dar esa respuesta.
Esto, en particular, le pega en la legitimidad, como le pegaría a cualquiera que siquiera relativice la condena a los delitos sexuales contra menores, porque genera mucha indignación en la sociedad. Creo que la derecha no lo ha calibrado en distintos momentos de nuestra historia: Colonia Dignidad, el caso Spiniak, los abusos en la Iglesia, recientemente el caso Macaya. No creo que la derecha haya tenido una posición de ponerse siempre del lado de las víctimas de estos delitos. Más bien ha obstaculizado medidas que pueden combatir esos abusos, como la educación sexual integral.
Pero, más allá de eso, esto le pega en dos aspectos muy centrales de la legitimidad del gobierno. Lo primero es la propia confianza en el presidente. Él vendió que este era un gobierno de emergencia, que iba a atender la urgencia de la gente. ¿En qué mundo es una urgencia liberar a violadores de derechos humanos y pedófilos? En ninguna parte.
Además, esto no es un indulto, pero él dijo que no iba a indultar a nadie, y vemos que esa puerta sigue abierta. Lo mismo con el presupuesto, cuando dijo que no iba a cortar beneficios sociales. Una serie de coyunturas apuntan a que se empiece a ver que el presidente mintió, que no es un tipo confiable, que su palabra no vale mucho. Eso lo ha instalado el propio gobierno; no es una genialidad de la oposición. Es más bien la verdad.
Lo segundo es la seguridad. Su primera línea era “nos vamos a hacer cargo de la seguridad”, y no han tenido nada nuevo que mostrar: la chambonada de la ministra Steinert, la reforma constitucional que todo el mundo califica de autoritaria. Y ahora este tipo de señales. Su discurso era de buenos y malos: quienes defendían a las víctimas, a los ciudadanos de bien, a los chilenos de verdad, y quienes defendían a los delincuentes. Parece que ellos quedan del lado de los delincuentes, y de los peores de la sociedad. Ahí se les van cayendo atributos centrales del gobierno.
-¿Cómo evalúa la forma en que la oposición ha enfrentado esta seguidilla de problemas? Desde afuera parece que solo reaccionara crisis tras crisis, y algunas críticas apuntan también a una falta de cohesión...
Un poco de todo. Está muy instalado en el análisis que la oposición está desunida, y quiero hacerme cargo de eso. Yo creo que la oposición está muy articulada y tiene espacios de reunión fijos. Ahí hemos avanzado sustantivamente. Por ejemplo, yo soy jefa de bancada del Frente Amplio y nos coordinamos con las jefaturas de bancada y los partidos. Hay instancias, con amplitud, y nadie se ha ido escapando.
Dicho eso, lo que nos falta es dar el salto: de estar articulados y tener temas y prioridades comunes, a consolidar un proyecto alternativo. Ahí estamos al debe todavía. Efectivamente, hay algo de reacción. Tenemos propuestas ante las coyunturas, y eso también es un poco reactivo: propuestas para contrastar la megarreforma, ideas para contrastar el presupuesto. Pero no logramos articular un todo que la oposición le proponga al país.
Eso es difícil por falencias de la oposición —hay que hacer la autocrítica—, pero también por el momento. El gobierno adoptó la estrategia de inundar la zona con muchas noticias y muchas cosas pasando. Vivimos un momento de mucha inmediatez. Los proyectos políticos, sean partidos o coaliciones, tienen que ser capaces de darle seguimiento a las cosas. No solo hacer una maniobra para el titular del día, sino pensar cómo esta maniobra, sumada a otras, me lleva a construir el escenario en el que quiero desplegar una política e instalar una discusión.
Ante la inmediatez, todos carecemos un poco de eso, y es algo que también planteo dentro de mi partido. La oposición se ha ido consolidando como oposición y ahora tiene que ser alternativa. Queda mucho tiempo, por cierto, pero se pasa volando. Después de este primer año, el gobierno se ha encargado —principalmente ellos, pero también con aciertos nuestros— de dejar muy claro que no gobiernan para la mayoría, que gobiernan para los ricos, y que no lo están haciendo bien. Las encuestas lo demuestran. Ahora, ¿por qué nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que responder y que todavía no queda del todo clara.
-¿Qué se está haciendo desde el Congreso para pasar de la reacción a la prevención y enfrentar el discurso negacionista, considerando, además, las dificultades del Presupuesto 2027 en esta materia?
Siempre que hay una catástrofe o una emergencia trato de no criticar en el momento y de manifestar mis críticas después. No porque sea experta en el tema, sino por respeto y por sobriedad. Pero sí tengo varias críticas a la gestión del gobierno.
Primero, una autocrítica al Estado de Chile. No tiene ningún sentido ser solamente reactivos en esta materia. Probablemente se necesitarán obras de mitigación y de control que, en un momento en que no esté pasando nada, generen preguntas: “¿Qué es esto? ¿Por qué cierran acá?”. Pero cuando llega la crisis, se vuelven necesarias. Nuestro país tiene que construir condiciones de mucha mayor resiliencia ante situaciones climáticas adversas. Somos una larga y angosta faja de tierra en una circunstancia complicada.
No son solo los terremotos, que es lo típico. Hay muchas otras realidades climáticas en un país tan largo, con comunidades que enfrentan condiciones muy distintas. El Estado de Chile tiene que ser más previsor e invertir en infraestructura.
Segundo, y ya entrando en la crítica al gobierno, la comunicación de riesgo fue fatal. Un ministro decía una cosa y dos subsecretarios decían dos cosas distintas. Menos mal no pasó a una catástrofe mayor, más allá de lo terrible y lo mal que lo pasaron muchas familias chilenas, a quienes mando mi empatía y mi solidaridad. Espero que podamos trabajar para reparar esa situación. Pero no puede ser que se le comunique así a la ciudadanía.
Y en tercer lugar, creo que es muy difícil para un gobierno que niega la influencia humana en el cambio climático hacerse cargo de este tipo de situaciones.
-¿Cree que esa postura es transversal en el gobierno, o son algunos sectores los que la sostienen?
Se lo he preguntado a diputados de otros sectores en debates, y creo que no todos lo creen, pero nadie se atreve a llevarle la contra al presidente. Recuerdo que la ministra de Medio Ambiente, en su debut en una entrevista, no fue capaz de responder si estaba de acuerdo con el 99% de la ciencia, o más, que dice que la actividad humana tiene una influencia en el calentamiento global y el cambio climático que estamos viviendo. Ellos dicen: “No, es que siempre ha habido cambio climático”. Pero miren los datos desde la primera revolución industrial a la fecha, por favor.
Es muy difícil para un gobierno plantear ese debate en serio, porque esto está íntimamente relacionado con aquello. Implica invertir en infraestructura y un montón de cosas. No es eso de “chao, guías ambientales”, como decía Kast.
Pero ese es el presidente que tenemos para enfrentar esto. Y, como bien decías, en el presupuesto viene una disminución para Senapred. ¿Cómo puede ser, si estas situaciones van a ser cada vez más comunes?
Lo más grave, y con esto cierro, es que el sector político de Kast, la derecha que él lidera —donde Chile Vamos está arriba de la camioneta hasta que no diga lo contrario—, niega que la actividad humana tenga una incidencia primordial en esto. Y al negarlo, también niega la posibilidad de que tomemos decisiones para cambiarlo, para mitigarlo. Niega nuestra agencia: esto está pasando porque tiene que pasar, porque es la tierra y sus tiempos, que son perfectos. Eso no es así.
-Hace poco miles de estudiantes volvieron a marchar contra los recortes y otros problemas estructurales. Usted integra la Comisión de Educación. ¿Cómo ve que está el termómetro en esta área?
Parto diciendo que estoy muy contenta de que el movimiento estudiantil vuelva a tener una voz tan importante en el debate. Cuando no está, se nota. Lo veo en la FECh, que esta semana cumplió 120 años; lo veo en la Confech y en las y los secundarios.
Esa voz es súper importante, y la consigna que caracterizó la marcha fue “ni un peso menos para la educación”. No es que estén pidiendo una locura: están pidiendo mantener siquiera lo que tenemos. Y la Confech ya decía que la ministra de Educación no les ha dado una reunión. ¿Y cuántas veces se ha reunido con representantes de otros intereses, del mercado educativo o del conservadurismo educativo? No tienen disposición a dialogar con otras personas, y eso me parece muy complejo.
En general, creo que el presupuesto es muy tramposo. Las cifras de crecimiento e inflación, todo tiene letra chica. Pero en educación hay un problema bien grande. Un reclamo que levantan los gremios de distintas áreas es que aparentemente crece el gasto en algunas cosas, pero baja la inversión en cada sector.
Por ejemplo, te venden como la gran cosa que están igualando el valor por párvulo. En Chile, las guaguas que van a los jardines cuestan distinto según la institución a la que asisten, y eso es brutal. Pero equilibrar eso no corrige todas las brechas, porque esas instituciones cargan con otras. Además, abre la discusión de si vamos a financiar a cada niño o a los jardines directamente, para que puedan planificarse. Esa es otra discusión. Pero cae la inversión: le puedes pasar más plata por niño, pero el jardín se va deteriorando, y en cinco años más tienes mayor rezago y más que invertir por el déficit del sector.
Creo que hay un problema grave. El presupuesto en educación no da certeza de que todos los niños, niñas, jóvenes e integrantes de las comunidades educativas vayan a mantener los beneficios que hoy tienen. No da garantía.
Además, hay un contexto mundial de crisis de aprendizaje, como vimos en las últimas pruebas PISA. Ojo, para mí las pruebas estandarizadas no son la panacea, pero entiendo que son un instrumento. Esa crisis no se concentra solo en los niños de más bajos ingresos: en nuestro país, el gran retroceso en lectura y matemática se da en la clase media alta y alta. Y no hay un foco puesto en aprendizaje y en apoyo docente, que debería ser un tema hoy.
De hecho, pedí por escrito más detalles sobre el programa Chile Aprende y Avanza que lanzaron, porque me tinca —por lo poco que he podido leer y conversar con gente del gobierno— que le cambiaron el nombre a lo mismo que ya existe para venderte algo. Y de apoyo docente, nada. De hecho, se pueden despedir muchos profesores.
Y, con esto cierro la idea, hay un evidente sesgo, una acción concreta de abandono de la educación pública. En lo escolar, con los fondos de apoyo y de infraestructura. En el proyecto de sala cuna, por ejemplo, quieren dejar fuera de ese financiamiento a los jardines públicos, siendo que las familias prefieren los de la Junji o Integra antes que los Vitamina u otros privados. Y en la universidad estatal: la Universidad de Chile sale perdiendo de manera muy importante.
Si la gente ha visto la nueva Gran Sala Sinfónica de Vicuña Mackenna 20: no tiene plata para sostenerse. Es un proyecto que la Universidad de Chile pagó con su plata, y había un fondo del Estado para su operación. La rectora reaccionó casi con sorpresa; pensaba que era un error. Ha sido tremendo.
Sigo el presupuesto de educación superior hace varios años, desde que estaba en la FECh, obviamente con distintos grados de involucramiento. Y nunca había visto a los rectores ser tan enfáticos en destrozar un presupuesto. Es distinto cuando ha habido reformas más críticas, pero aquí, sin una innovación grande, fueron contundentes.
Nos enfrentamos a la irrupción de la inteligencia artificial en las salas de clases y a la necesidad de invertir en innovación, en I+D, en reconvertir las universidades para no perder competitividad en un mundo que cambia tan rápido. Todos los expertos saben que ese es el camino, y no hay planificación. La ministra Lincolao anuncia por estos días un acuerdo con OpenAI. Pero no se trata solo de conversar con los empresarios interesados en que esto esté libre: discutamos como maníacos la regulación que le vamos a dar.
Hace poco vi en Netflix un documental sobre la inteligencia artificial, que recomiendo. Ahí hay expertos que dicen que esto tiene la potencialidad de ser como una bomba atómica en cuanto a destrucción de nuestra vida tal como la conocemos. Tremendo. Y no estamos ni siquiera estudiando el tema.
-Usted también integra la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. ¿Cómo ha visto el impacto del proyecto de presupuesto 2027 en esa área?
En mujeres vemos un presupuesto bastante acotado. Se retrocede de manera importante, y también es muy tramposo. En la subcomisión mixta de presupuestos, la ministra decía que hay más plata para el programa 4 a 7. ¿Pero cuántas beneficiarias más hay? Cero. Te hacen trampa con esto.
El programa de participación política de la mujer desaparece. No hay una preocupación por la inserción laboral de las mujeres; si no me equivoco, también hay un retroceso ahí. Está Prodemu, sobre todo con el programa de mujeres rurales. Y no solo en el Ministerio de la Mujer: en el Ministerio del Trabajo no hay el énfasis que se esperaría, e incluso habría un retroceso en los subsidios al empleo de las mujeres.
Lo más transparente de este gobierno sería decir: “No nos preocupa trabajar con perspectiva de género porque no la compartimos”. Que se lo digan al país. Pero, más allá de su opinión, los datos son porfiados. Si las prioridades del país deben ser reactivar el empleo y bajar el costo de la vida, sin tomar en cuenta la realidad de las mujeres eso queda completamente cojo.
Las mujeres son uno de los grupos con mayor tasa de desempleo. Hay muchísimas mujeres jefas de hogar, y la mayoría es la que gestiona el hogar y enfrenta el alza del costo de la vida. No hay un enfoque en eso, como si todos enfrentáramos por igual las emergencias. Y lo cierto es que no: hay diferencias de clase social, de género, de todo lo que quieras.
Creo que esto muestra también el nulo liderazgo de la ministra Judith Marín. La veo completamente desaparecida. Ni siquiera se ha atrevido a impulsar su propia agenda ultraconservadora; más bien ha guardado silencio. Lo que veo es una ministra buscando salvar los muebles para que no la saquen del cargo. El poder por el poder.
Si yo fuera de su grupo evangélico radicalizado, estaría decepcionada: ¿dónde está la ministra que me prometió enfrentar al feminismo, defender a las familias y mis valores? No está. Está más preocupada de quedarse en el puesto. Y, al mismo tiempo, Quiroz recorta por aquí y por allá, porque las mujeres son una preocupación de último orden para este gobierno, por su trayectoria. No estoy diciendo nada nuevo: querían eliminar el Ministerio de la Mujer. No lo van a andar fortaleciendo.
-¿Y en materia de diversidades?
Ahí creo que hay menos retrocesos. Hay organizaciones que han estado muy atentas a este tema. Llamo a quienes se quieran informar a seguir las redes del Bloque Salud Trans para Chile. Tuvieron reuniones con la ministra y han tenido buenas noticias.
Por cierto, lo estamos estudiando atentamente, porque no es que aparezca un ítem llamado “diversidad sexual”: hay que mirarlo con lupa. Me preocupa particularmente la prevención de ITS y VIH; eso hay que mirarlo con ojo. Pero, por los reportes que he tenido hasta el momento, no hay grandes recortes en la materia. Tampoco te digo que haya un énfasis; más bien hay una continuidad tímida.
Llamo a estar alertas. Creo que recularon bastante con algunas cosas que iban a recortar a mitad de año. Pero va el primer año y les quedan tres. Ojo. Yo no soy optimista; más bien soy una pesimista con retardo.