La resiliencia ciudadana no puede seguir siendo el escudo del Estado para camuflar su ineficiencia. El saber local es un activo estratégico de seguridad pública; la prevención es un pacto por la vida que no admite más postergaciones.
Chile es un país forjado por la catástrofe. Nuestra geografía nos impone una historia de resiliencia ante terremotos, aluviones e incendios forestales de gran magnitud. Sin embargo, tras cada evento adverso surge la misma interrogante: ¿por qué la respuesta institucional sigue viéndose superada en el territorio?
La respuesta no yace en la falta de leyes, sino en una desconexión estructural: el divorcio entre el centralismo burocrático estatal y el valioso conocimiento micro-territorial de las organizaciones sociales de base.
La promulgación de la Ley N° 21.364, que dio origen al SINAPRED, prometía transitar desde una " Gestión de Desastres" reactiva hacia una " Gestión del Riesgo de Desastres" (GRD) preventiva, descentralizada y corresponsable. No obstante, las emergencias forestales demuestran que esta gobernanza colaborativa es formal en el papel, pero inexistente en la práctica. El Estado sigue operando bajo un paradigma rígidamente jerárquico.
Durante las primeras horas de una crisis, la coordinación centralizada suele verse sobrepasada por el caos. Con las telecomunicaciones caídas y ante la tardanza de los COGRID, los municipios y dirigencias vecinales se ven obligados a operar bajo una "autonomía adaptativa" para salvar vidas. Históricamente, las organizaciones sociales en las zonas de interfaz se transforman en la verdadera primera línea, levantando ollas comunes, coordinando acopios y removiendo escombros.
Aquí emerge la gran contradicción del modelo: el nivel central concibe la participación ciudadana únicamente de forma reactiva e instrumental. Se les mira como un "brazo ejecutor" que amortigua la lentitud estatal, pero se les niega incidencia estratégica en las decisiones de largo plazo.
Esta miopía se agudiza en el post desastre: los planes de reconstrucción oficiales se elaboran desde Santiago, omitiendo los diagnósticos y catastros que los equipos locales levantaron a pulso. Diseñar soluciones ignorando las dinámicas reales del barrio condena a repetir las mismas vulnerabilidades que causaron la tragedia.
Los desastres son fenómenos socioambientales que exponen desigualdades preexistentes. Si CONAF reconoce que casi la totalidad de los siniestros son causados por el ser humano, ¿por qué la prevención sigue descuidada? El nudo es presupuestario y regulatorio. Los municipios carecen de recursos permanentes para ejecutar planes robustos y de facultades legales para sancionar a privados que no gestionan la maleza de sus predios.
Esta asimetría es insostenible bajo la gestión presupuestaria del gobierno vigente. Las directrices del Ejecutivo han profundizado la crisis municipal mediante severos recortes presupuestarios que estrangulan la capacidad operativa local. Quitarle financiamiento a las comunas ante el cambio climático es de una preocupante negligencia política, pues impide contratar personal técnico para oficinas de emergencia que sean capaces de cubrir las necesidades comunales.
A la asfixia financiera se suma una alarmante parálisis legislativa. En el Congreso, la Ley de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales continúa durmiendo en el parlamento. En su momento, el exdirector ejecutivo de CONAF advirtió que la institución se encontraba atada de manos esperando esta ley, que otorgaría facultades punitivas frente a conductas de riesgo en predios particulares. Esta inacción parlamentaria convierte al Estado en cómplice pasivo de las futuras tragedias.
Para avanzar hacia una gobernanza real del riesgo, Chile debe implementar transformaciones urgentes:
La resiliencia ciudadana no puede seguir siendo el escudo del Estado para camuflar su ineficiencia. El saber local es un activo estratégico de seguridad pública; la prevención es un pacto por la vida que no admite más postergaciones.