La institucionalidad ambiental no es un obstáculo burocrático, sino una garantía constitucional para proteger el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y resguardar la naturaleza
El gobierno de José Antonio Kast inauguró su mandato anulando avances relevantes en regulación e institucionalidad ambiental que se habían concretado de manera gradual y coherente durante los últimos cuatro gobiernos de distinto signo político, con el objetivo de compatibilizar protección ambiental y desarrollo económico.
El primer retroceso ocurrió el mismo día de inicio del nuevo gobierno. El 12 de marzo, el Ministerio de Medio Ambiente, mediante Oficio Ordinario N° 01707/2026, retiró los 43 decretos que la administración de Gabriel Boric había ingresado a Contraloría entre 2024 y 2026 para su toma de razón, trámite que habilita su publicación y entrada en vigencia. Esta decisión bloqueó normas destinadas a proteger la salud de la población, como la norma de emisión de centrales termoeléctricas, la norma de emisión de plomo y arsénico y la norma de calidad de material particulado fino 2,5.
El mismo bloqueo afectó a los 12 decretos que regulan la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, obstaculizando su operación. También se retiraron los decretos de la Red de Salares Protegidos, dejando expuestos seis salares a la explotación de litio. La paralización regulatoria alcanzó además reglamentos y planes vinculados a la Ley Marco de Cambio Climático, entre ellos la Estrategia Climática de Largo Plazo en su componente de adaptación, el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático de Biodiversidad, la Gobernanza de la Estrategia de Transición Socioecológica Justa y el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 2026-2027.
Como si este retroceso fuera insuficiente, el gobierno incluyó en su primer proyecto de ley para agilizar inversiones, denominado “Reconstrucción Nacional ” (Boletín N°18.216-05), reformas que debilitan seriamente la institucionalidad ambiental y reducen la capacidad del Estado para garantizar derechos, protección social y prevención de daños ambientales.
Uno de los aspectos más preocupantes es la limitación al acceso a la justicia ambiental. El proyecto elimina vías de impugnación existentes y reduce los plazos para reclamar contra Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), restringiendo además quiénes pueden reclamar frente a proyectos con impactos negativos sobre comunidades y ecosistemas. En la práctica, esto dificulta la litigación de actores locales, muchas veces los primeros en detectar irregularidades o impactos no evaluados.
Lejos de fortalecer la evaluación ambiental, la iniciativa también restringe la posibilidad de corregir Estudios de Impacto Ambiental. Prohíbe que organismos técnicos soliciten información en etapas avanzadas de evaluación, incentivando estudios incompletos o insuficientes para identificar riesgos para la salud, los recursos naturales y los territorios. Reducir exigencias no elimina riesgos; simplemente los traslada a las comunidades y al medio ambiente.
Otra reforma alarmante es la limitación de las medidas cautelares. Incluso ante riesgo de daño grave, los jueces solo podrán detener un proyecto por un máximo de seis meses. Esto contradice el principio preventivo que inspira el derecho ambiental moderno. Los daños ambientales no esperan los tiempos administrativos ni judiciales y muchas veces se vuelven irreversibles antes de una sentencia definitiva.
A ello se suman disposiciones que obligan al Estado a asumir el costo económico cuando un tribunal anule una RCA por ilegalidad. Así, si un proyecto fue aprobado incumpliendo la ley y luego esa autorización es invalidada, serían todos los chilenos y chilenas quienes responderían con recursos públicos por el riesgo de una inversión privada. Se instala así un mecanismo que fomenta la inversión trasladando pérdidas privadas al Estado y debilitando la protección de los bienes públicos.
Finalmente, el proyecto propone retrasar los reglamentos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SNAP), congelando la implementación de una institución clave para la protección de la naturaleza, que tras 13 años de tramitación legislativa comenzó a operar en 2023. Dilatar su funcionamiento en un contexto de contaminación, pérdida de ecosistemas y extinción de especies constituye una señal irresponsable para un desarrollo económico sostenible.
También resulta cuestionable que, mediante una ley rápida y miscelánea liderada por el Ministerio de Hacienda, se duplique la discusión de normas sobre evaluación ambiental y fortalecimiento fiscalizador que ya están siendo debatidas en las comisiones especializadas del Senado y la Cámara. Chile necesita resguardar el debate democrático, la participación ciudadana y los fundamentos técnicos en la formulación de políticas públicas, no imponer atajos legislativos para acelerar inversiones.
La institucionalidad ambiental no es un obstáculo burocrático, sino una garantía constitucional para proteger el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y resguardar la naturaleza. Debilitar estas reglas pone en riesgo los ecosistemas, la salud de las comunidades y también la sustentabilidad de las actividades económicas que dependen de territorios sanos y resilientes. A menos de 100 días de iniciado el mandato, el gobierno ha demostrado estar tomando el camino equivocado.