El principal desafío en tiempos de inmediatez y viralización de las imágenes, es ser capaces de dotarlas de un relato y un contexto que minimice los riesgos asociados a su difusión.
Marcha contra gobierno de Kast en Santiago - Agencia Uno
Frente al primer paro nacional convocado por la CONFECH, tanto en Chile como en distintos contextos internacionales comenzaron a circular las primeras fotografías de las movilizaciones. Imágenes que no solo registran el presente, sino que también anticipan los tiempos que vienen y la intensidad de la violencia que puede desplegarse
Es inevitable preguntarse: ¿qué rol cumplen los fotógrafos en estos contextos? Para responder a esa interrogante es necesario situar primero la producción de imágenes dentro del escenario político en el que se inscribe.
El lunes primero de junio se realizó la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, en la que se anunció que quienes hayan cometido determinados delitos, como agresiones a Carabineros, al personal de salud, bloqueos del transporte público, tráfico de estupefacientes o daño a monumentos nacionales, entre otros, perderán el acceso a beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal o el subsidio de arriendo.
En este contexto, la tarea de la fotografía se vuelve especialmente compleja. Si bien constituye una herramienta fundamental tanto para la construcción de memoria histórica como para la denuncia de violaciones a los derechos humanos, permitiendo una democratización de la información gracias al acceso actual a la publicación y circulación de imágenes, también resulta imprescindible repensar la responsabilidad social que conlleva.
La fotografía de protesta no es un fenómeno nuevo. Desde la dictadura hasta el estallido social de 2019, estos registros muestran que la imagen no solo documenta: también disputa sentido, construye relato y puede convertirse en evidencia histórica de la violencia estatal. Por ende, este trabajo adquiere una relevancia fundamental.
Sin embargo, en la actualidad el contexto tecnológico introduce una dimensión adicional. La circulación digital de imágenes, junto con herramientas de reconocimiento facial y análisis automatizado, ha transformado profundamente las condiciones de riesgo asociadas a fotografiar manifestaciones, así como la propia viralización y, por tanto, la exposición de los manifestantes.
Esto obliga a replantear una pregunta central: no sólo qué se fotografía, sino también cómo se publica, para quién circula y qué consecuencias puede tener esa circulación.
Cuando se observan imágenes de estudiantes heridos o personas detenidas, también es necesario considerar su dimensión humana. Detrás de cada fotografía hay una hija, un hermano, una familia: una víctima. En ese sentido, la fotografía de protesta se sitúa en una tensión constante entre documentación y exposición. Su potencia no reside únicamente en la captura del acontecimiento, sino en la responsabilidad con la que ese registro es producido y distribuido.
Esto no significa que no haya que salir a las calles y ejercer el derecho a la protesta y la libre expresión, sino preguntarse cuáles son los riesgos que representa para los mismos manifestantes, en un contexto, en el que se busca activamente criminalizar las expresiones de descontento popular.
Por estos motivos, en este contexto en particular, es necesario reflexionar sobre el ejercicio crítico de la fotografía. El principal desafío en tiempos de inmediatez y viralización de las imágenes, es ser capaces de dotarlas de un relato y un contexto que minimice los riesgos asociados a su difusión.