Chile necesita recuperar empleo, inversión y productividad. Pero si el trabajo no permite vivir mejor y participar del valor que ayuda a producir, contar puestos seguirá siendo una medida incompleta del progreso.
En Chile volvió a instalarse una urgencia transversal: crear empleo. El gobierno anuncia medidas, los gremios organizan ferias y economistas proponen incentivos a la contratación. Está bien que así sea. Para quien perdió su trabajo, el empleo es ingreso, seguridad y posibilidad de ordenar la vida.
Pero porque importa tanto conviene hacer otra pregunta: ¿empleos para qué? No para relativizar la urgencia de generarlos, sino para recordar que empleo y buen empleo no son sinónimos. El trabajo compromete identidad y reconocimiento. Contar cuántas personas trabajan dice poco si no preguntamos qué vida pueden construir con ese trabajo.
En agosto de 2026, Fundación SOL publicó la XIII versión de “Los Verdaderos Sueldos de Chile ”, basada en la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2025 del INE. El 50% de las personas ocupadas recibe menos de $680 mil líquidos mensuales (unos US$728); el 28% supera $1 millón y, entre quienes trabajan 40 horas o más, apenas un tercio supera esa cifra.
La encuesta registra 2,54 millones de ocupaciones informales, el 26,8% del total. Su ingreso mediano alcanza $360 mil líquidos mensuales (unos US$385), menos de la mitad del empleo formal. Todo eso es empleo, pero no entrega la misma seguridad ni posibilidad de desarrollo. La pregunta es si esos ingresos permiten sostener vivienda, alimentación, transporte, crianza, salud, descanso y algún ahorro.
La historia económica chilena aconseja desconfiar de la idea de que primero hay que crecer y contratar, y que salarios, estabilidad o distribución vendrán después. El ciclo salitrero (1880-1920) produjo riqueza extraordinaria, pero convivió con jornadas extenuantes, disciplina patronal y fichas de las propias compañías. Entre 1905 y 1920, la mayoría de los salarios reales perdió alrededor de la mitad de su nivel anterior.
Durante la industrialización dirigida por el Estado (1930-1970), ese vínculo cambió parcialmente. Para amplios sectores, entrar a una fábrica significaba salario, sindicato y previsión. Organización obrera, legislación y acción estatal ayudaron a que parte del crecimiento llegara a la vida cotidiana; José Pablo Arellano documenta una fuerte expansión del gasto social entre 1920 y 1972.
En plena dictadura, desde 1979, esa arquitectura volvió a transformarse. El Plan Laboral restringió la negociación colectiva y redujo el poder sindical; el sistema previsional fue reemplazado por la capitalización individual administrada por AFP y la salud previsional se abrió a las Isapres.
En los noventa (gobiernos progresistas de la Concertación) Chile creció con fuerza, redujo la pobreza, recuperó salarios reales y amplió el consumo. Los gobiernos democráticos aumentaron el gasto social, pero la distribución primaria —donde salarios, propiedad y poder de negociación definen quién captura el excedente— cambió bastante menos.
Rodríguez Weber ha mostrado que el auge salitrero combinó modernización y concentración, mientras José Gabriel Palma identifica 1990-1998 como un período excepcionalmente dinámico. La dificultad histórica no parece haber sido producir riqueza, sino traducirla en mejores salarios y seguridad social.
El Informe sobre Desigualdad de Ingresos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, publicado este año, sostiene que parte sustantiva de la desigualdad se origina antes de la redistribución estatal, en la distribución primaria del ingreso. Entre sus factores menciona brechas salariales, empleo informal o precario, baja densidad sindical y ausencia de negociación colectiva sectorial.
La distinción importa. Solemos discutir cuánto debe corregir el Estado mediante impuestos, transferencias o subsidios. Pero existe una pregunta anterior: ¿cómo se distribuye el valor antes de que el Estado tenga que corregirlo? Eso obliga a mirar salarios, productividad, poder de negociación y rentas del capital como una misma ecuación.
Al incorporar registros tributarios, Cuentas Nacionales y utilidades empresariales no distribuidas, el informe muestra que el 10% de mayores ingresos concentra cerca de la mitad del ingreso nacional, mientras el 50% inferior recibe alrededor del 15%. Importa cómo se reparte el valor en su origen.
Chile necesita empleo, inversión, empresas rentables, productividad e innovación. Pero una economía no debería aspirar solo a ocupar personas. Debería anhelar a que trabajar permita vivir mejor: con salarios suficientes, estabilidad, protección y capacidad de construir patrimonio.
Sin empresas rentables no hay empleo sostenible, inversión ni innovación. Pero la sostenibilidad funciona en ambas direcciones: una economía donde millones trabajan y aun así viven al límite, y donde crecer no significa necesariamente participar de sus frutos, también tiene un problema.
Las ferias laborales, las políticas de empleo y la inversión son necesarias. El verdadero desafío comienza cuando la persona consigue trabajo. ¿Qué encontrará allí? ¿Qué podrá construir con él? El empleo puede contabilizarse; el valor del trabajo obliga a discutir salarios, protección, poder, reconocimiento y distribución. Chile necesita más puestos de trabajo, por cierto. La pregunta molesta es otra: ¿qué empleos, con qué valor y para qué sociedad?
