jueves 30 de julio de 2026

Combates civilizados: una ley sobre Inteligencia Artificial y Deepfakes

Hace unos días se despachó de su primer trámite constitucional el proyecto de ley que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial.

30 de julio de 2026 - 05:00

"(Los) únicos combates civilizados serán los de los libros y la inteligencia", escribió Gabriela Mistral hace casi 100 años. Radicaba su esperanza en que la humanidad discutiría los asuntos de la política no solo en las batallas, sino en las ciencias. Con decenas de autores reconocidos discutiendo sobre la humanidad y sus porvenires, llamaba a los sabios a educar a los futuros frutos de la sociedad, entregarles consejos sabios y alejarlos de la ignorancia y el fanatismo.

Cuando leí esta columna me pregunté qué herramientas nos preparamos para esta era de política digital. Y no me refiero al voto electrónico, cuyo análisis ojalá sea desechado por muchas décadas más, sino a los resguardos que tendremos para proteger el valor más relevante en nuestro sistema político: la democracia y su protección a los derechos de todas y todos.

Cuando algunos nos quieran conquistar con otros sistemas políticos con virtudes de progreso, yo creo que hay que perfeccionar y creer más en las democracias. Más todavía cuando otros nos quieren limitar derechos —como el voto por familia o limitar el ius solis—, confío en que hay que fortalecer en los pueblos la fe en que podemos gobernarnos entre todas y todos. Tenemos un desafío superior en la humanidad.

Y es que hoy nos acecha un reto insalvable: la convivencia humana con la tecnología. Ni siquiera es un asunto de futuros, como proyectaba Mistral en sus retos. Esto es una discusión que no podemos postergar, porque ya afecta cada uno de nuestros entornos. La ciencia logró tener a disposición —al menos a pago— implementos para simplificarnos miles de tareas, incluso las intelectuales y la masificación de ideas.

Cómo convive la democracia con la facilidad de reemplazar la reflexión, la síntesis, la comprensión de los saberes de la política —y con un buen uso—. Cómo coexiste con la facilidad de crear contenido rápido y de difusión masiva en segundos por todo el mundo. Cómo cohabita un mundo en que puedes falsear atributos de sujetos para alterar la información en el debate público.

No es un temor abstracto. Hace no mucho, vivimos una avalancha de propuestas legislativas tras el contenido falso que circuló en las pasadas elecciones para desacreditar candidatos —pero principalmente candidatas—, que vieron alteradas sus imágenes para atribuirles enfermedades que no tenían, o escucharon de sus propias voces relatos que jamás dijeron. Fue una preocupación transversal, para todos los sectores políticos.

Frente a ese vacío, hace unos días se despachó de su primer trámite constitucional el proyecto de ley que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial, conocidas popularmente como deepfakes. La moción busca establecer un marco regulatorio en torno a las diversas creaciones visuales u orales simuladas, y se aprobó con una mayoría amplia en la Sala, debiendo continuar ahora su trámite en el Senado.

Es ambiciosa y muy necesaria: establece un derecho a la integridad digital para que podamos resguardar nuestros atributos; determina a los regulados -personas naturales y jurídicas, entre ellas las plataformas digitales de redes sociales que han masificado estos fenómenos-; y fija responsabilidades para las infracciones, como el deber de etiquetado del contenido generado con IA y la exigencia de que las plataformas extranjeras tengan representante legal en Chile.

Por supuesto, hay opositores. En la Unión Europea y en Brasil, los intentos de regular a las grandes plataformas han enfrentado presiones comerciales, incluidas amenazas arancelarias desde Estados Unidos, para frenar o diluir la normativa. Preparémonos para algo similar en Chile: legislar sobre estos temas no es gratuito, y las grandes tecnológicas no se quedarán calladas.

Pero no basta con la regulación; hay que educar también. Hago eco de Mistral en fortalecer a los pueblos con la educación, y en este caso, con la alfabetización digital. La Ley N°21.801 entregó a las comunidades educativas herramientas para fortalecer la democracia con un uso responsable y reflexivo de las tecnologías. Pero qué pasa con el resto de la población.

Mistral confiaba en que los libros y la inteligencia reemplazarían las batallas. Un siglo después, la batalla se libra también en los algoritmos, y ahí la ignorancia no se combate solo con leyes, sino con criterio. Regular sin educar es insuficiente. Por eso esta regulación, y algunas más que debemos plantear, son urgentes. La democracia lo necesita.

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