Lo que se está cobrando aquí, con intereses, es el derecho de las mujeres a soñar con un futuro mejor.
Ministro Jorge Quiroz conversará con la Tesorería para evitar embargos por deudas CAE a personas con sueldos inferiores a $3,5 millones.
Durante años se nos dijo que estudiar era la vía para la movilidad social. Que endeudarse valía la pena. Que el esfuerzo individual sería recompensado. Hoy, miles de personas enfrentan embargos y cobros por haber hecho exactamente eso: estudiar.
Lamentablemente esta historia tiene una dimensión que rara vez aparece en el debate público. Según datos de la Comisión Ingresa, aproximadamente el 57% de las personas deudoras del CAE son mujeres. Es decir, no estamos hablando de una deuda neutral. Estamos hablando de un sistema de financiamiento cuyos costos recaen de manera desproporcionada sobre quienes enfrentan mayores barreras para alcanzar autonomía económica.
Esto resulta especialmente grave en un país donde las mujeres siguen enfrentando mayores obstáculos para generar ingresos propios. Según diversas mediciones, las brechas salariales, la penalización asociada a la maternidad y la distribución desigual de las tareas de cuidado continúan restringiendo las oportunidades económicas de las mujeres.
En ese contexto, el CAE no sólo financió estudios: también trasladó a las mujeres una parte importante del costo de ejercer un derecho social como es la educación. Son las mujeres las que cargan en su mayoría con las consecuencias de una política que convirtió un derecho en un negocio financiero.
Allí hay una paradoja difícil de ignorar. Durante décadas, la incorporación masiva de las mujeres a la educación superior fue presentada como una señal de progreso. Lo que pocas veces se dice es que una parte importante de ese avance fue financiado a crédito.
Decirles hoy a las personas endeudadas que debieron escoger carreras con “más futuro” equivale a culpar a las víctimas del modelo. También supone ignorar que muchas de las carreras peor remuneradas son precisamente aquellas donde estudian mayoritariamente mujeres y que están vinculadas al cuidado, la educación y la reproducción de la vida. Como si el problema fuera la decisión de formarse para enseñar, cuidar o acompañar, y no un sistema que castiga económicamente a quienes realizan trabajos socialmente indispensables.
Miles de mujeres fueron las primeras profesionales de sus familias. Muchas estudiaron para escapar de la dependencia económica, para ampliar sus oportunidades, para construir una vida más autónoma. Pero la autonomía económica no consiste únicamente en acceder al mercado laboral. También supone la posibilidad de tomar decisiones sobre la propia vida sin cargas que condicionen permanentemente el futuro. Una deuda educativa que se extiende durante años, que acumula intereses altísimos y que puede terminar en embargos limita precisamente esa autonomía.
Por eso los embargos no son una simple discusión administrativa. Son una decisión política. Porque detrás de cada cuenta vaciada o de cada procedimiento de cobro hay una pregunta incómoda: ¿qué clase de Estado responde al endeudamiento educativo con más castigo económico?
Quienes históricamente criticaron el CAE entendieron algo fundamental: el problema nunca fue sólo la deuda. Fue la idea de que el acceso a la educación debía financiarse trasladando el riesgo a las familias mientras la banca asegura sus ganancias. Los embargos son simplemente la expresión más brutal de esa lógica.
No es casualidad que las mujeres sean mayoría entre las personas endeudadas. Tampoco es casualidad que sean ellas quienes concentran los menores ingresos. Lo que estamos viendo no es un problema individual de incumplimiento: Es el resultado predecible de una política pública que convirtió un derecho en deuda. Lo que se está cobrando aquí, con intereses, es el derecho de las mujeres a soñar con un futuro mejor.
Los embargos no corrigen el fracaso del CAE. Son la prueba más evidente de ese fracaso.