El diputado Juan Santana criticó el cobro del CAE y acusó un sistema tributario desigual que favorece a empresas por sobre trabajadores.
Diputado Juan Santana (PS) critica doble estándar por cobro del CAE y evasión de impuestos de grandes empresas. Créditos: Agencia Uno.
En medio del debate por la décima acusación constitucional presentada por el gobierno de José Antonio Kast —cuestionada por cuatro exministros de Hacienda—, el diputado del Partido Socialista Juan Santana denunció esta semana un doble estándar en el sistema tributario chileno: amplio para las empresas, restrictivo para los trabajadores y los estudiantes.
El parlamentario contrastó la evasión del pago del impuesto de las grandes empresas con los cobros y embargos que actualmente ejecuta la TGR —con el vaciamiento de cuentas— contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La intervención tomó como base datos del propio Servicio de Impuestos Internos (SII). Según un informe elaborado por Michel Jorratt, exdirector del organismo, el incumplimiento en el pago del impuesto de las empresas bordeó el 50% entre 2018 y 2020. Ese mismo estudio calculó que el Estado chileno deja de percibir anualmente alrededor de 21.500 millones de dólares por concepto de evasión y elusión tributaria.
Por otro lado, la TGR ha ejecutado más de 1.500 procedimientos de embargos en las cuentas bancarias de deudores del CAE —incluyendo casos de personas con sueldos inferiores a $3,5 millones, pese a que en primera instancia el gobierno asegurara que solo se aplicaría para rentas superiores a ese monto—.
"Los mismos que decían 'con mi plata no' cuando se trata de las isapres, parece que sí dicen 'con mi plata sí' cuando se trata de los trabajadores y los estudiantes", sostuvo el parlamentario,
Agregó: "Así funciona nuestro país, y particularmente este gobierno, como la ley del embudo: ancho para los empresarios, restringido para los trabajadores", señaló durante su intervención.
Como referencia concreta, el parlamentario citó la Operación Tributos, el mayor fraude fiscal en la historia reciente del país: una defraudación superior a los 275 millones de dólares mediante más de 100 mil facturas falsas, que resultó en la detención de 55 empresarios en diciembre de 2023.
También aludió al acuerdo entre el empresario Julio Ponce Lerou y SQM (Soquimich), que según su relato habría implicado un perjuicio de 128 millones de dólares para el fisco.
El cuestionamiento se da en medio de la décima acusación constitucional, advirtiendo que quienes cuestionaban el uso correcto de las herramientas del Estado "parecen estar haciendo un uso incorrecto de esas mismas herramientas cuando las urgencias de los chilenos son otras".
