El "perdonazo" a la empresa se enmarca justo cuando la TGR trabaja activamente en procedimientos de cobranza para deudores del CAE.
Tesorería General de la República (TGR).
En medio de la controversia por los más de 1.500 embargos concretados por la Tesorería General de la República (TGR) por deudas CAE, el Segundo Juzgado Civil de Rancagua falló a favor de una empresa decretando la prescripción de una deuda tributaria que superaba los $30.200 millones.
El tribunal argumentó que la TGR no implementó las acciones de cobro contra la Comercializadora Cugat SpA dentro del plazo legal establecido, ya que habían transcurrido más de 3 años sin reactivar el procedimiento de cobranza. En consecuencia, el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación quedó sin efecto.
Se trata de una deuda originada entre septiembre de 2010 y enero de 2017, que contemplaba $30.232.487.243, considerando los reajustes, intereses, capital y otros cargos.
Fue así que, transcurridos los 3 años, la empresa solicitar la extinción formal ante la justicia, petición que finalmente fue acogida por el tribunal.
El caso de la deuda tributaria prescrita a la empresa Cugat ocurre en paralelo a un escenario de creciente presión sobre los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), donde la TGR, por el contrario, ha intensificado las acciones de cobro, incluyendo embargos de cuentas bancarias y retenciones de fondos.
Cabe destacar que los cuestionamientos al espíritu activo de la TGR por cobrar el CAE han sido rechazados en diversos casos, debido a que se aplican procedimientos propios de deudas tributarias para tratar deudas financieras por créditos con garantía del Estado.
Una de las críticas de la oposición ha sido apuntar contra el aumento de cobranzas por créditos estudiantiles, en un escenario donde las empresas han incumplido con el pago de impuestos e incluso se les pretende rebajar gracias a la Ley Miscelánea.
