La representación pública exige mucho más que ganar una elección: exige una conducta que esté permanentemente a la altura de la confianza depositada por la ciudadanía.
Core Alan Bastías / Crédito: LaRegionHoy.cl
La política suele presentarse como el espacio donde se depositan la confianza pública, la representación democrática y la promesa de servicio a la comunidad. Sin embargo, esa confianza se diluye cada vez que una autoridad elegida por la ciudadanía termina enfrentando graves imputaciones penales.
Ese es el caso del consejero regional (Core) del Biobío, Alan Bastías Urrutia, quien fue electo representando a la provincia de Concepción Centro, integrada por las comunas de Concepción, Chiguayante y Florida, mientras militaba enel extinto partido Demócratas, colectividad fundada por Ximena Rincón, hoy ministra de Energía del gobierno de José Antonio Kast.
Bastías ocupa el centro de la atención pública porque el Juzgado de Garantía de Chiguayante decretó su prisión preventiva, tras ser formalizado por el delito de violación.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, los hechos investigados se remontan a noviembre de 2025, cuando una mujer denunció ante la Policía de Investigaciones haber sido víctima de una violación ocurrida luego de una fiesta realizada en su domicilio, en Chiguayante.
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía sostuvo que la investigación logró reunir antecedentes suficientemente sólidos para atribuir participación al consejero regional. La fiscal subrogante Marcia Matus explicó que la investigación permitió obtener evidencia científica, además de testigos de contexto, elementos que sustentaron la formalización por el delito de violación.
El Ministerio Público invocó dos circunstancias especialmente graves contempladas en la legislación penal: el empleo de fuerza o intimidación y la incapacidad de la víctima para oponerse, además del abuso de confianza.
El tribunal concluyó que la libertad de Alan Bastías constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la cual decretó la medida cautelar de prisión preventiva, fijando además un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.
Toda persona mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme. Sin embargo, esa garantía jurídica no elimina el juicio político que puede formular la ciudadanía respecto del comportamiento esperado de quienes ejercen funciones públicas. La exigencia ética hacia una autoridad es necesariamente superior a la que pesa sobre cualquier ciudadano común, porque administra confianza pública y representa institucionalmente a miles de personas.
El filósofo Charles Taylor ha sostenido que las democracias modernas dependen de la confianza moral que los ciudadanos depositan en sus instituciones y en quienes las representan. Cuando una autoridad elegida popularmente enfrenta imputaciones por delitos de extrema gravedad, esa confianza se resquebraja y se instala un profundo escepticismo respecto de la capacidad del sistema político para ofrecer representantes dignos de la función pública.
Desde otra perspectiva, Pierre Bourdieu sostuvo que el poder político depende, en gran medida, del capital simbólico: el prestigio, la credibilidad y el reconocimiento social que legitiman la autoridad. Cuando un representante público enfrenta una imputación por un delito tan grave como la violación, ese capital se desploma.
Las instituciones públicas solo pueden operar con legitimidad cuando los ciudadanos creen que quienes ejercen cargos de autoridad actuarán dentro de los márgenes éticos y jurídicos esperados. Cuando esa expectativa se rompe por investigaciones de alta connotación pública, la desconfianza deja de dirigirse únicamente hacia una persona y comienza a extenderse hacia el conjunto del sistema político, deteriorando la credibilidad institucional.
Existe además una dimensión política que no puede ser ignorada. Bastías fue elegido bajo la bandera de Demócratas, partido que prometió moderación, responsabilidad institucional y renovación. El hecho de que uno de sus representantes termine en prisión preventiva inevitablemente golpea esa narrativa y reabre el debate sobre la capacidad de los partidos para seleccionar adecuadamente a quienes presentan ante la ciudadanía como ejemplos de servicio público.
No se trata de atribuir responsabilidades penales a una colectividad política por los actos individuales de uno de sus exmilitantes. La responsabilidad penal es siempre personal. Pero la responsabilidad política es distinta: los partidos escogen candidatos, los promueven, los financian políticamente y solicitan el voto ciudadano garantizando, implícitamente, que son personas aptas para representar el interés público. Cuando esa confianza se rompe, la organización política no puede limitarse al silencio ni refugiarse en formalismos jurídicos.
La confianza ciudadana —ese recurso escaso sobre el cual descansa toda democracia— vuelve a recibir un golpe difícil de reparar, recordándonos que la representación pública exige mucho más que ganar una elección: exige una conducta que esté permanentemente a la altura de la confianza depositada por la ciudadanía.
