Lo serio en materia de seguridad pública es decir las cosas como son: que es un asunto de Estado, complejo, que requiere la contribución de las instituciones y también de las personas. Que el adversario es el delito, y quienes alteran la paz de los barrios, no un bando político.
Esa distinción importa hoy más que nunca. La Ley N° 21.802, de Seguridad Municipal, se promulgó en febrero de este año y entró en vigencia hace apenas un mes, el 12 de agosto. Durante todo este tiempo, los municipios de Chile y sus asociaciones se han estado preparando: ajustando presupuestos, capacitando equipos, desplegando inspectores.
Pero el reglamento que debía darle a esa ley toda su fuerza y que debía estar listo mucho antes, recién se ingresó a la Contraloría el 2 de septiembre, sin haber sido socializado a tiempo con los municipios que debían aplicarlo. Ese retraso no es un detalle administrativo. Es la diferencia entre que una vecina pueda contar hoy con su inspector municipal para un caso de violencia intrafamiliar, o que todavía no pueda.
Y cuando el reglamento finalmente llegó, no vino a destrabar el problema: trajo uno nuevo. El texto ingresado a Contraloría establecía que, si un municipio no verificaba bien los requisitos antes de nombrar a su director de seguridad o a sus inspectores, esa infracción podría configurar, para el alcalde respectivo, la causal de cese del cargo por notable abandono de deberes. Bastó esa frase para unir, en la misma crítica, a alcaldes de RN, la UDI, el Frente Amplio y el Partido Socialista.
La Asociación Chilena de Municipalidades pidió formalmente que se retirara la disposición. El martes, el Gobierno todavía defendía la norma, asegurando que solo remitía a una responsabilidad ya existente en la ley. Un día después, la retiró por completo de la Contraloría. Es otro capítulo de una implementación hecha a tropezones, pero también la prueba de que, cuando la presión es transversal y bien fundada, hasta un Gobierno que tarda en escuchar termina cediendo. Ese es exactamente el estándar que los municipios venimos pidiendo desde el primer día: no reaccionar bajo presión, sino hacer las cosas bien desde el principio.
¿Cómo se convirtió un avance en un problema? Esa es una pregunta que no nos corresponde responder a quienes trabajamos todos los días en terreno. Nos corresponde, eso sí, decir con claridad que una ley necesaria, que por fin le da a los municipios una base real para llevar seguridad a los barrios, no puede quedar atrapada en una implementación que no estuvo a la altura de lo que la propia urgencia del tema exige.
Falta, además, el problema del financiamiento. El reglamento exige equipar a los inspectores con estándares altos y correctos: chalecos certificados, cámaras corporales, seguros de vida. Pero el fondo de apoyo del Gobierno alcanza a 50 comunas, de las más de 340 que deben implementar esta ley. Los plazos de implementación están escalonados según el tamaño de cada comuna, lo que en la práctica solo confirma que un vecino de una comuna pequeña esperará mucho más que uno de una comuna grande para tener el mismo nivel de protección.
Con responsabilidad, hay que decirlo sin trincheras y sin echarle la culpa a nadie más que a la propia implementación: hacerse cargo es lo que la ciudadanía exige, y es lo que todos merecemos. No necesitamos una ley que abulte la burocracia municipal. Necesitamos una ley ágil, que le dé herramientas reales a los municipios y no más problemas, que le entregue por fin a la gente lo que hace años viene pidiendo: personal en la calle, y seguridad en su propio barrio. Los municipios ya hicimos nuestra parte. Lo que corresponde ahora es que el nuevo reglamento se dicte pronto y bien, que la ley corta, hoy detenida en el Senado se despache, y que el financiamiento llegue a las comunas que todavía esperan.
