A nuestra comunidad el Estado ya nos dijo que no muchas veces. En abril de 2025, el Consejo Regional de Magallanes votó tres solicitudes de terreno en una misma sesión. Aprobó sin discusión un espacio para acopiar tapas de bebidas y otro para piscinas de bomberos. Rechazó el nuestro: 1,26 hectáreas en San Juan para levantar una casa ceremonial kawésqar. Según consignó La Prensa Austral, un consejero sostuvo que dejaríamos "la zona de San Juan toda cerrada", y otro advirtió que la concesión podía "abrir un flanco de polémica entre distintas comunidades".
No hablaron de la ley. Hablaron de su incomodidad con nosotros. Cuando llevamos ese rechazo a la Corte Suprema, nos dio la razón: la negativa debía ser fundada. El gobierno regional de Magallanes, encabezado por el gobernador Jorge Flies, respondió manteniendo el mismo no, ahora escudado en que no "alcanzaba convicción suficiente". Cuando un tribunal ordena dar razones y el Estado contesta con una frase vacía, es que la decisión ya estaba tomada.
Escribimos ahora porque esa misma maquinaria se prepara para votar nuestra solicitud de Espacio Costero Última Esperanza y Tawokser, y los mismos consejeros y autoridades que ya rechazaron antes a las comunidades kawésqar han dejado ver su negativa de antemano. Cuando quienes deben decidir ya fijaron su posición antes de escuchar los antecedentes, la votación no es deliberación: es un trámite para ratificar lo resuelto mucho antes.
Y conviene decir por qué esos rechazos son racistas, porque no es una palabra que usemos a la ligera. Son racistas, primero, porque nos niegan midiendo nuestros derechos con la vara de la productividad. La Ley Lafkenche no fue hecha para evaluar rentabilidad ni toneladas de producción: fue hecha para reconocer un uso ancestral del mar. Cuando una autoridad rechaza nuestra solicitud porque "afecta la actividad económica", le exige a un derecho indígena que se justifique en la lógica de la empresa. Eso es imponernos una regla que la propia ley no contempla, solo porque somos nosotros quienes solicitamos.
Son racistas, además, porque nos culpan de una paralización que no existe. El estudio "¿Paralización o coexistencia?", del Observatorio Legislativo para Comunidades Costeras (OLMAR), elaborado sobre datos oficiales de Subpesca, lo demuestra: de las 1.323 concesiones salmoneras otorgadas en el sur austral, la enorme mayoría convive con los Espacios Costeros sin verse afectada, porque el Estado ya las entregó y siguen operando.
Más aún: cerca del 27% de esas concesiones permaneció inactivo entre 2012 y 2022. Es la propia industria la que subutiliza el mar que ya tiene, mientras se nos acusa a nosotros de bloquearlo. Y lo que de verdad limita su expansión no somos las comunidades, sino la propia Subpesca, que declaró que no quedan áreas disponibles para nuevas concesiones. Culparnos a nosotros de una decisión del Estado es, otra vez, decidir desde el prejuicio.
Esto no pasa solo en Magallanes: se repite en Los Ríos y Chiloé, donde las comisiones regionales rechazaron solicitudes que la Conadi ya había acreditado.
Y en Aysén ocurrió lo más grave: en noviembre de 2025 la Corte Suprema declaró que los rechazos a las comunidades Pu Wapi y Antünen Rain fueron "arbitrarios, discriminatorios y contrarios" a la Ley Lafkenche y al Convenio 169 de la OIT, y ordenó votar de nuevo sin discriminación. Un mes después, la comisión de Aysén volvió a rechazar, por unanimidad. Ni el máximo tribunal del país alcanzó para mover el voto.
Cada uno de estos rechazos cae siempre del mismo lado y beneficia al mismo interés: la industria salmonera, que necesita el borde costero libre de derechos indígenas para expandir sus concesiones. Los consejos regionales, las comisiones de borde costero y las gobernaciones actúan, resolución tras resolución, alineados con esa industria y contra las comunidades. Cuando el resultado es siempre el mismo, deja de ser casualidad y pasa a ser un sistema.
Un espacio costero no cierra los canales. Una casa ceremonial no le quita el mar a nadie. Lo que incomoda no es lo que pedimos: es que seamos nosotros quienes lo pedimos. Eso es racismo. Y mientras cada órgano del Estado siga entendiendo nuestros derechos como un estorbo para la industria, y no como un deber que la ley le impone, la respuesta será siempre la misma. Pero que quede por escrito antes de que voten Última Esperanza: ya no es solo nuestra palabra. Es la Corte Suprema la que llamó a esto por su nombre.
