En política, hay explicaciones que pretenden cerrar una polémica y terminan abriendo una mucho mayor. Eso es precisamente lo que ocurre en Lo Barnechea con el alcalde Felipe Alessandri (RN), quien ahora debe enfrentar una investigación solicitada a la Contraloría por un eventual conflicto de interés y una posible vulneración del principio de probidad. El asunto no es menor, detrás de esta controversia aparecen un socio comercial, una organización que administró millonarios recursos municipales y más de $10 mil millones transferidos durante dos años.
De acuerdo a El Mostrador, durante el concejo municipal del 20 de agosto, el concejal Francisco Madrid (PC) calificó como “bastante delicada” la presencia de Rodrigo Bella Martín entre los postulantes al directorio de la nueva corporación municipal destinada a reemplazar a Lo Barnechea Servicios. Bella no era precisamente un desconocido para Alessandri, pues ambos son socios desde 2008 en Bella, Alessandri y Carvallo Abogados Limitada.
El problema se vuelve considerablemente más incómodo porque Bella se desempeñaba como tesorero de la Organización Comunitaria Funcional (OCF) Lo Barnechea Servicios, entidad que recibió del municipio $5.017.526.061 durante 2025 y otros $5.368.752.885 durante 2026. Es decir, más de $10.386.278.946 en dos años. Y según Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, Lo Barnechea habría transferido a esta organización más de $32.600 millones desde su creación.
Aquí aparece la primera ironía: Alessandri ha construido buena parte de su discurso público sobre la gestión, el orden y la responsabilidad institucional, pero resulta que una sociedad que mantenía con quien llegó a ser tesorero de una organización receptora de miles de millones de pesos municipales no figuraba en su Declaración de Intereses y Patrimonio.
La explicación entregada por el municipio fue que se trató de un “error” que posteriormente fue corregido. Alessandri, por su parte, sostuvo que la sociedad con Bella llevaba más de una década sin movimiento y que este era una persona “de confianza”.
Ahí aparece el problema: la probidad no consiste solamente en demostrar que alguien recibió dinero. También exige evitar situaciones que puedan comprometer la imparcialidad de la autoridad o, al menos, generar una apariencia razonable de conflicto. La pregunta incómoda no es cuánto le pagaron a Bella por ejercer como tesorero. La pregunta es por qué una persona que era socio del edil podía ocupar ese cargo mientras la municipalidad dirigida por ese mismo alcalde transfería miles de millones a la organización.
Bella asumió como tesorero en 2025. La directiva estaba integrada además por Rodrigo Mekis, como director. Este último tampoco era un extraño para Alessandri, ya que había sido presidente de la Corporación para el Desarrollo de Santiago cuando el actual alcalde de Lo Barnechea dirigía esa comuna.
Existe, además, otro detalle no menor… Aunque el municipio sostuvo que Alessandri “no intervino en la asamblea” ni en el nombramiento de Bella, fue el propio alcalde quien reconoció públicamente que se trataba de alguien de su confianza.
En septiembre, Madrid llevó el asunto a la Contraloría General de la República, solicitando investigar un eventual conflicto de interés y vulneración de la probidad. Entre los antecedentes planteados está que Alessandri habría participado en la asignación de recursos durante dos períodos pese a su vínculo societario con Bella y que omitió esa sociedad en su declaración de intereses.
La dimensión institucional tampoco puede esconderse detrás de la palabra “error”. La OCF Lo Barnechea Servicios, creada en 2015, ha sido cuestionada por América Transparente debido a que se le han entregado ingentes recursos, sin obligaciones equivalentes de transparencia institucional y con un tesorero vinculado societariamente al alcalde, lo que constituye una anomalía administrativa.
Desde una perspectiva cercana a Jürgen Habermas, las instituciones no dependen únicamente de que sus decisiones sean formalmente legales, sino también de que puedan ser justificadas públicamente bajo condiciones de transparencia.
Siguiendo a Richard Sennett, la confianza institucional requiere que los roles públicos no se confundan con relaciones personales o privadas. Cuando la confianza personal aparece precisamente en el lugar donde debería operar la máxima distancia institucional, la sospecha deja de ser una simple cuestión de susceptibilidad política.
La administración de recursos públicos no necesita amigos confiables del alcalde, necesita procedimientos confiables para todos. Esa diferencia es elemental.
Alessandri puede sostener que la sociedad estaba inactiva, que Bella trabajó gratuitamente, que no intervino en su designación y que la omisión patrimonial fue un error corregido. Todo eso deberá ser ponderado por la Contraloría. Pero hay algo que ninguna explicación burocrática consigue borrar: el alcalde era socio de quien llegó a ser tesorero de una organización que recibió más de $10.386 millones durante sus dos primeros años de gestión municipal.
