La discusión no es si el Estado deberá destinar recursos a las pensiones, sino si estos se utilizarán para sostener un sistema de capitalización individual que no garantiza pensiones suficientes o para construir un verdadero sistema de seguridad social
En julio del 2026 se cumplieron 10 años desde la masiva marcha que convocó a miles de adherentes al movimiento NO+AFP, un hito en la historia de las movilizaciones en Chile que no sólo reunió adultos/as mayores, sino también a familias trabajadoras completas que reaccionaron ante un contexto de bajas pensiones que se tornó cada vez más crítico.
El diagnóstico era claro: las pensiones pagadas por las AFP eran insuficientes y generaban jubilaciones de miseria, pero esas deficiencias no eran casuales, sino el síntoma de un sistema que, mientras empobrece a la clase trabajadora, entrega capital fresco a las grandes empresas y grupos económicos, favoreciendo la riqueza de algunos a costa del trabajo de otros.
¿Cómo salir de un sistema planeado a principios de la década de los 70 e implementado a la fuerza durante una de las dictaduras más feroces de Latinoamérica, en la que, paradójicamente, las Fuerzas Armadas y de Orden que la lideraron no se hicieron parte del cambio? ¿Cómo romper con un sistema que, en ese entonces, llevaba 35 años traspasando el dinero acumulado por trabajadores/as a las manos del gran capital, entregando exiguos retornos? ¿Cuál es la alternativa a un sistema ya quebrado socialmente?
A finales del 2016 la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP junto con la Fundación SOL elaboraron una propuesta basada en un sistema de reparto moderno con reservas técnicas. Esto es, en términos simples, que no todo el dinero que ingresa se gasta inmediatamente, así se asegura su sostenibilidad.
Esta propuesta se desarrolló con un modelo propio basado en metodologías y prácticas actuariales que permitieron simular escenarios detallados hasta el 2100, integrando diversas fuentes de información y con el propósito de asegurar que la propuesta cuenta con viabilidad y sostenibilidad económica. Más allá de los números, sin embargo, la importancia de la propuesta radica en que surge desde el mundo del trabajo e incorpora al debate las bases de la seguridad social.
Entre los múltiples principios de la propuesta, vale la pena mencionar tres, que hace 10 años anticiparon las principales problemáticas a la cual las políticas previsionales han tenido que hacer frente en el último tiempo. Primero, se contempla la creación de una Pensión Universal no contributiva que permita llegar por lo menos al 100% del Salario Mínimo para quienes no puedan cubrir ese monto con su pensión contributiva. Esta alternativa, aunque diferente, nace 6 años antes de la puesta en marcha de la PGU.
Segundo, en relación con las pensiones contributivas, es decir, aquellas que dependen del ahorro de los/as trabajadores/as, se establece una tabla que fija montos mínimos y máximos de pensión, equivalentes a una tasa de reemplazo o beneficio definido, de acuerdo con los años de cotización y los ingresos imponibles de las y los trabajadores.
Tercero, la propuesta para un nuevo sistema de previsión social reconoce la mayor carga laboral de las mujeres por el trabajo en labores domésticas y de cuidado, así como la discriminación salarial de la que son objeto en el mundo del trabajo. Para mitigar las bajas pensiones que históricamente han recibido las mujeres, se consideran años adicionales en el cálculo de la pensión contributiva, sumando 2 años al cumplir cinco años cotizados, y otros 3 años adicionales al cumplir diez años cotizados, completando así 5 años adicionales en total. Tanto para hombres como para mujeres, la nueva propuesta busca el beneficio de cotizar más años, como un incentivo social y solidario para fortalecer el sistema de pensiones.
Incorporar principios de solidaridad en un sistema de seguridad social no es novedad, la mayoría de los países del mundo tienen por lo menos un componente solidario en su pilar contributivo. Chile ha sido una excepción, con pequeñas modificaciones introducidas en 2025 por la última reforma previsional.
Dentro de un sistema de capitalización –e inseguridad– individual, Chile no había tenido posibilidad de reflotar el debate por alcanzar la seguridad social. Las masivas movilizaciones del 2016 no fueron simplemente una protesta contra las bajas pensiones, sino una crítica al modelo.
Una década después, vemos que la propuesta colectiva no fue la elegida y el rumbo del país se ha orientado a profundizar el modelo que se mantiene desde mayo de 1981, con una reforma aprobada durante el 2025.
El primer punto crítico de esta reforma es que, aunque existirá un incremento en las pensiones en el corto plazo –especialmente para las mujeres que han cotizado más de 10 años y los hombres que han cotizado más de 20 años, por el bono tabla y bono años cotizados–, este aumento es a costa de una profundización del sistema de capitalización individual y la concentración de poder político y económico de unos pocos.
Como es costumbre en las políticas de postdictadura, esta reforma no soluciona los problemas estructurales del sistema de capitalización individual, sino que los traslada hacia el futuro. En base al cálculo de la rentabilidad real del fondo C, se observa que los retornos obtenidos en los inicios del sistema han caído sostenidamente, acumulando un porcentaje de 0,19% en los 6 años y medio que lleva de la década del 20’ (entre enero del 2020 y junio del 2026). Incluso, con estos resultados, se puede proyectar que las AFP no podrán pagar pensiones suficientes aunque se realicen cambios paramétricos, como el aumento de la tasa de cotización o la postergación de la edad de jubilación.
El gobierno de Gabriel Boric no hizo una reforma tributaria que cambie de un modelo regresivo a uno progresivo, por lo cual seguirá siendo la clase trabajadora la que, proporcionalmente, paga una mayor tasa de impuestos para financiar la PGU como el “respirador artificial” (pilar no contributivo) del sistema de capitalización individual. Es decir, la clase trabajadora sigue pagando por las bajas pensiones que entregan las AFP, instituciones que fueron creadas para pagar pensiones, pero terminan apropiándose de los ahorros de los/as trabajadores/as.
A una década de las históricas movilizaciones, el escenario previsional sigue mostrando los límites estructurales del modelo. Las cifras más recientes revelan que quienes se pensionaron durante 2025 y que cotizaron entre 35 y 40 años obtuvieron una tasa de reemplazo promedio de apenas un 29,1%, muy lejos del 80% que se prometió al momento de instaurar el sistema.
Cambiaron algunas reglas, aumentaron determinados beneficios y se aprobó una nueva reforma, pero las bajas pensiones cada vez necesitan más gasto público para ser complementadas, mientras la lógica de la capitalización individual permanece no solo intacta, sino que ha sido fortalecido. En un país que envejece aceleradamente y donde el costo de la vida continúa aumentando, postergar nuevamente la discusión de fondo solo prolonga una crisis que afecta a millones de personas.
Las marchas de 2016 demostraron que el debate previsional dejó de ser una discusión reservada para especialistas y pasó a convertirse en una disputa sobre el tipo de sociedad que Chile quiere construir. Lo que estuvo en juego entonces, y continúa estándolo hoy, no fue únicamente el monto de las pensiones, sino la posibilidad de construir o recuperar la seguridad social como un derecho colectivo y no como un negocio financiero.
La propuesta elaborada desde el mundo del trabajo mostró que existen alternativas viables para avanzar hacia un sistema basado en la solidaridad, la suficiencia y la protección social. Las proyecciones actuariales realizadas hasta el año 2100 estimaron que el gasto público total del sistema se estabilizaría, a partir de 2050, en torno al 7 % del PIB, al mismo tiempo que permitiría mejorar sustancialmente las pensiones actuales y futuras.
Se trata de un esfuerzo fiscal relevante, pero no ajeno a las necesidades que enfrenta el sistema vigente: mantener y ampliar la cobertura de la PGU para compensar las bajas pensiones autofinanciadas también requerirá un gasto público creciente. Por lo tanto, la discusión no es si el Estado deberá destinar recursos a las pensiones, sino si estos se utilizarán para sostener un sistema de capitalización individual que no garantiza pensiones suficientes o para construir un verdadero sistema de seguridad social. Mientras esa discusión siga pendiente, el espíritu que movilizó a cientos de miles de personas hace diez años continuará plenamente vigente.
