La Contraloría General de la República hizo noticia este viernes al conocerse que instruyó a la Tesorería General de la República luego de ordenar la devolución de recursos retenidos a una contribuyente para el pago de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).
La decisión surgió tras el reclamo presentado por una trabajadora independiente, quien acusó que la Tesorería utilizó parte de su devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2023 para compensar una deuda vinculada al CAE, pese a que esos fondos estaban destinados al pago de cotizaciones previsionales obligatorias.
Contraloría prioriza pago de cotizaciones previsionales
De acuerdo con el dictamen del organismo encabezado por Dorothy Pérez, las cotizaciones de seguridad social deben tener preeminencia frente al cobro de este tipo de obligaciones financieras.
La afectada explicó que las retenciones provinieron de boletas de honorarios emitidas a la Municipalidad de Chonchi y que posteriormente debió cubrir sus cotizaciones con recursos propios, debido a que la Tesorería había retenido el dinero originalmente destinado a ese fin.
Tras analizar los antecedentes, la Contraloría resolvió revocar la compensación aplicada por la Tesorería y ordenó restituir los recursos descontados para amortizar la deuda del CAE.
El conflicto por las cobranzas del CAE
El fallo ocurre en medio de una fuerte ofensiva de la Tesorería para perseguir deudas morosas del Crédito con Aval del Estado, por orden del gobierno de José Antonio Kast.
Durante las últimas semanas, el organismo impulsó retenciones e incluso embargos contra contribuyentes con deudas universitarias impagas.
Solo en la segunda etapa de devoluciones de la Operación Renta 2026, la Tesorería informó retenciones a más de 11 mil personas por deudas vinculadas al CAE, por un monto superior a los $2.100 millones.
Contraloría había respaldado facultades de Tesorería
Pese a esta resolución, la propia Contraloría había emitido previamente un dictamen señalando que la Tesorería sí tiene facultades legales para realizar acciones de cobranza respecto de créditos CAE en poder del Estado.
Sin embargo, el nuevo pronunciamiento establece un límite relevante: cuando los recursos retenidos estén destinados al pago de cotizaciones previsionales obligatorias, estas deberán ser priorizadas por sobre el cobro de las deudas educacionales.
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