La Contraloría General de la República ofició a la Dipres para aclarar si el decreto que establece los recortes en Salud fue publicado y cómo se notificó oficialmente.
Fachada de la Contraloría General de la República - Agencia Uno
La Contraloría General de la República (CGR) otorgó un plazo de 10 días hábiles a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para aclarar si el Decreto N°333, que establece un millonario recorte presupuestario al Ministerio de Salud, fue efectivamente publicado y, en caso afirmativo, informar la fecha, el soporte utilizado y la forma en que se comunicó oficialmente.
Se habría vulnerado el principio de juridicidad, consagrado en nuestra Constitución Política de la República e infringido el principio de legalidad y responsabilidad, cuya sanción es la nulidad de derecho público.
La decisión del organismo fiscalizador surge tras un requerimiento presentado por la bancada PPD-Independientes, que cuestionó la falta de publicación del decreto y advirtió que esa situación impediría recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la medida.
En el oficio enviado a la Dipres, la Contraloría solicitó un informe formal que deberá ser elaborado con participación de la asesoría jurídica del organismo, salvo que el asunto no requiera interpretación normativa o la institución no cuente con dicho profesional.
El requerimiento busca establecer con precisión si el Decreto N°333 fue publicado, además de identificar la fecha exacta, el soporte —digital o físico— utilizado y el mecanismo mediante el cual fue comunicado oficialmente.
La respuesta deberá ser entregada dentro de 10 días hábiles, plazo fijado por el ente contralor.
La solicitud de la Contraloría se originó tras un oficio presentado el 19 de junio por parlamentarios de la bancada PPD-Independientes, quienes sostienen que la ausencia de publicación del decreto impediría ejercer acciones ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar los ajustes presupuestarios.
Según han señalado los legisladores, la publicación del acto administrativo constituye un requisito para avanzar con ese tipo de acciones judiciales.
El Decreto N°333, firmado el 24 de abril de 2026, contempla una modificación al presupuesto vigente del Ministerio de Salud, con rebajas que afectan distintos programas y organismos del sector, incluyendo recursos destinados a hospitales públicos y a la Atención Primaria de Salud (APS).
Tras conocerse el oficio de la Contraloría, el presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que la decisión del organismo confirma las dudas planteadas por la oposición respecto del proceso de tramitación del decreto.
El diputado sostuvo que existe una falta de transparencia en la forma en que se han gestionado los recortes presupuestarios en Salud y reiteró que su colectividad continuará impulsando acciones para esclarecer el procedimiento y evaluar una presentación ante el Tribunal Constitucional.
En la misma línea, el diputado Fernando Zamorano, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, señaló que la intervención de la Contraloría demuestra que existen dudas razonables sobre la situación del decreto y sostuvo que continuarán fiscalizando hasta aclarar completamente el proceso.