El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago validó el despido de un patrullero que intentó impedir una denuncia tras un accidente en Lo Barnechea.
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago / Poder Judicial
Un accidente entre un automóvil y una motocicleta en Lo Barnechea terminó con el despido de un subjefe de seguridad, acusado de favorecer al hijastro de su superior y presionar a una conductora para que no denunciara. El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó su demanda y consideró justificada la desvinculación.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el episodio ocurrió el 1 de febrero de 2025, en el cruce de las avenidas El Rodeo y Huinganal. El funcionario acudió en una patrulla y comprobó que el motociclista, que viajaba con una acompañante, no tenía licencia de conducir ni documentos del vehículo.
En lugar de esperar a Carabineros, llamó al jefe operativo de la asociación de seguridad, padrastro del motociclista. Según la sentencia, este llegó al lugar, retiró a la acompañante y el conductor se marchó en la moto sin ser fiscalizado.
La conductora del automóvil, que tenía dificultades para comunicarse en español, fue a buscar a su esposo y quiso acudir a una comisaría. El patrullero los interceptó tres veces y les advirtió sobre la "Ley Emilia", atribuyéndoles una fuga y una infracción de tránsito que no había presenciado.
Como la pareja insistió en denunciar, el trabajador llegó antes a la 53ª Comisaría de Lo Barnechea. Allí entregó, según estableció el tribunal, información incompleta y omitió que el motociclista conducía sin licencia.
Tras recibir una denuncia de la conductora el 3 de febrero, la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana Zona Oriente abrió una investigación. Revisó cámaras corporales, registros de vigilancia y GPS, y despidió al funcionario el 28 de febrero por falta de probidad e incumplimiento grave de sus obligaciones.
El trabajador, que llevaba más de ocho años en la institución, demandó por vulneración de su honra y, subsidiariamente, por despido injustificado. Alegó que la carta contenía acusaciones falsas y solicitó, entre otros pagos, una indemnización especial de $21.785.324.
El juez Nicolás Martínez Núñez concluyó que los videos respaldaban las acusaciones y que no se acreditó una difusión maliciosa de la carta. Señaló que el funcionario “instrumentalizó su cargo” para favorecer al familiar de su superior.
También descartó que el tiempo transcurrido implicara perdonar la falta, pues durante ese período se desarrolló una investigación interna. Aunque reconoció la reserva de derechos incluida en el finiquito, rechazó ambas demandas y condenó al extrabajador a pagar $500.000 en costas.
