La Universidad San Sebastián sigue bajo la lupa por contrataciones y pagos a figuras políticas, mientras se mantienen abiertas investigaciones administrativas y penales.
Universidad San Sebastián - Agencia Uno
A más de dos meses de que la Superintendencia de Educación Superior formulara cargos contra la Universidad San Sebastián (USS), el organismo aún no dicta una sanción definitiva, pese a que las investigaciones paralelas en la Fiscalía y la Contraloría General de la República continúan avanzando.
El caso estalló tras conocerse en 2024 el millonario sueldo que recibía la exministra Marcela Cubillos en la USS, donde percibía más de $17 millones brutos mensuales mientras residía en Madrid.
La situación derivó en una investigación del regulador educacional que terminó detectando presuntas irregularidades en contrataciones y remuneraciones de más de 15 personas políticamente expuestas.
Según reveló Reportea, entre los nombres investigados aparecen figuras ligadas al segundo gobierno de Sebastián Piñera, como Andrés Chadwick, Sebastián Sichel, Víctor Pérez, Juan José Ossa, Julio Isamit y Enrique Paris. También fueron mencionados los exsubsecretarios Arturo Zúñiga y Rodrigo Ubilla.
La Superintendencia concluyó preliminarmente que en varias contrataciones no se respetaron los requisitos internos establecidos por la universidad para cargos académicos o directivos. Además, el organismo detectó pagos fuera de las bandas salariales definidas por la propia USS.
Entre los casos más sensibles también aparece el del exfiscal Manuel Guerra, actualmente imputado en una arista del Caso Audios de Luis Hermosilla. La Fiscalía investiga si su contratación en la USS formó parte de eventuales beneficios recibidos a cambio del cierre de causas judiciales vinculadas al entorno de Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.
Asimismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también figura entre las contrataciones observadas por el regulador.
El Ministerio Público mantiene abierta una investigación penal iniciada tras una denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini. Desde la Fiscalía Regional Occidente señalaron que la causa sigue vigente y con diligencias pendientes.
En paralelo, la Contraloría desarrolla otra indagatoria relacionada con el eventual traspaso de fondos públicos a la Universidad San Sebastián durante el período en que Marcela Cubillos encabezaba el Ministerio de Educación.
De acuerdo con antecedentes publicados por Ciper Chile y citados por Reportea, entre agosto de 2018 y marzo de 2020 la USS recibió cerca de $1.479 millones desde la Subsecretaría de Educación por programas y asesorías.
El reportaje añade que, durante la segunda administración de Sebastián Piñera, la universidad recibió más de $7 mil millones desde distintos organismos públicos, sin considerar recursos provenientes del CAE y otros beneficios estatales.
Pese a que la USS ya presentó sus descargos y el expediente estaría listo para resolución, la Superintendencia aún no comunica sanciones. La demora ocurre luego de que en marzo pasado el Gobierno solicitara la renuncia del entonces superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, argumentando pérdida de confianza tras conocerse públicamente el proceso sancionatorio.
La investigación administrativa comenzó en septiembre de 2024 y, hasta ahora, el expediente completo permanece bajo reserva.
