Gobierno pide renuncia a superintendente de Educación Superior: Sueldos de Arturo Squella y Marcela Cubillos en la mira
En medio de la preparación de sanciones contra la Universidad San Sebastián (USS) por irregularidades en contrataciones y millonarios sueldos a figuras políticas de derecha, el gobierno del presidente José Antonio Kast pidió la renuncia al superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.
La solicitud fue comunicada este jueves 19 de marzo por el jefe jurídico de la Subsecretaría de Educación Superior, Francisco Zambrano, en una citación realizada en el Ministerio de Educación, todo esto tras conocerse una investigación periodística Reportea.
Sanciones por sueldos de Squella y Cubillos
La medida se enmarca en la “instalación de las nuevas autoridades” y responde a una “pérdida de confianza” en el cargo, que Salazar ocupaba desde 2023 tras un concurso de Alta Dirección Pública.
La decisión coincide exactamente con el avance de una investigación reservada que la Superintendencia de Educación Superior llevaba adelante contra la USS.
Según reveló el medio antes mencionado, el organismo había formulado cargos en diciembre de 2025 por pagos y contrataciones irregulares a cerca de 15 personas, entre ellas:
La exministra Marcela Cubillos, quien percibía un sueldo de $17 millones brutos.
El presidente del Partido Republicano y senador Arturo Squella.
El exfiscal regional Manuel Guerra (actualmente en prisión preventiva por el Caso Audios de Luis Hermosilla).
El caso en la USS
La indagatoria, iniciada en septiembre de 2024 tras una publicación de El Mostrador, detectó dos tipos principales de irregularidades: Incumplimiento de las bandas salariales internas de la universidad y contrataciones “políticas” que no cumplían con los lineamientos académicos establecidos. La Superintendencia estaba afinando las sanciones que se darían a conocer en los próximos días.
Desde el oficialismo se insiste en que se trata de una decisión administrativa normal, similar a la salida de otras jefaturas como la superintendenta de Educación Escolar, Loreto Orellana, a quien se le permitió tomar vacaciones.
“Se evaluaron algunas jefaturas para disponer de los cargos y elegir nuevas autoridades por el mecanismo que corresponde”, señalaron desde el Ministerio de Educación.
Sin embargo, la oposición reaccionó con dureza y vinculó directamente la salida de Salazar con el intento de proteger a figuras afines al gobierno. La diputada Emilia Schneider (FA), el diputado Héctor Barría y la diputada Daniela Serrano (PC) exigieron explicaciones y denunciaron una “interferencia grosera” en un organismo autónomo para frenar sanciones que afectarían al oficialismo y al Partido Republicano.
“Es evidente que la renuncia se pide justo cuando estaban a punto de sancionar a la USS por pagar sobresueldos a Cubillos, Squella y otros”, señalaron parlamentarios de oposición, quienes anunciaron que pedirán citar al ministro de Educación y a las nuevas autoridades para que expliquen la medida en el Congreso.
