El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción acogió el autodespido de una trabajadora que ejerció funciones de Técnico en Enfermería sin reajuste salarial.
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción ordenó indemnizar a trabajadora tras acoger su autodespido / Poder Judicial
Durante más de dos años, una trabajadora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que había estudiado Técnico en Enfermería mientras era auxiliar de aseo, desempeñó funciones vinculadas a la formación de estudiantes de Medicina sin recibir un ajuste salarial. El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción acogió su autodespido y ordenó indemnizarla.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la trabajadora ingresó a la universidad en 2006 como auxiliar de aseo.
Con el tiempo estudió Técnico en Enfermería y, desde mayo de 2022, comenzó a desempeñarse en el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina, donde debía preparar escenarios clínicos, organizar insumos y habilitar salas para actividades docentes.
Según expuso en su demanda, dejó de realizar labores de aseo y pasó a cumplir tareas vinculadas al funcionamiento de los laboratorios de simulación.
Entre ellas estaban la preparación de maniquíes, materiales médicos, equipos y espacios utilizados en la formación de futuros profesionales de la salud.
La trabajadora sostuvo que aceptó el cambio luego de que se le prometiera una modificación contractual y un aumento de sueldo acorde a las nuevas responsabilidades.
Sin embargo, aseguró que ello nunca ocurrió, pese a que continuó desempeñando esas funciones durante más de dos años.
Además, denunció que tampoco recibió un bono de término de negociación colectiva por $850 mil establecido en un contrato colectivo vigente, situación que incluyó entre los incumplimientos que justificaron su autodespido en enero de 2025.
Al analizar los antecedentes, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción concluyó que las nuevas funciones eran de mayor complejidad y responsabilidad que las originalmente pactadas.
El tribunal estableció que la trabajadora ejecutó labores asociadas a un cargo distinto durante un período prolongado sin que se regularizara adecuadamente su situación contractual.
La sentencia también tuvo por acreditado que el cambio de funciones se mantuvo durante años sin que se concretaran los ajustes comprometidos, pese a las reiteradas solicitudes realizadas por la trabajadora.
Por ello, el tribunal acogió la demanda por despido indirecto y declaró que la universidad incurrió en un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo.
Como consecuencia, fue condenada a pagar $9.499.600 por indemnización por años de servicio, $4.749.800 por recargo legal del 50% y $863.600 por indemnización sustitutiva del aviso previo, sumando más de $15,1 millones, además de reajustes e intereses.
