La Plaza de Armas será el punto de encuentro para exigir el fin de los embargos por CAE, que denuncian como ilegales y responden a un plan basado en el miedo.
Deudores del CAE se movilizan en Plaza de Armas y acusan la TGR de proceder de forma ilegal. Créditos: Agencia Uno.
El Movimiento de Deudores del CAE convocó a una concentración para este jueves 25 de junio a las 19 horas en la Plaza de Armas de Santiago, luego de que la segunda asamblea del movimiento, realizada el lunes pasado lunes, reafirmara la movilización. La convocatoria se replica, además, con asambleas que se levantan en otras regiones del país.
Desde el movimiento denuncian que los embargos ejecutados por la Tesorería General de la República (TGR) serían ilegales. El argumento es que el organismo estaría aplicando facultades propias del Código Tributario —diseñadas para deudas de ese tipo— a un crédito civil contraído con un banco, lo que, a su juicio, no corresponde jurídicamente.
En paralelo, la asamblea conformó comisiones de trabajo en áreas legales, comunicacionales, apoyo psicológico y análisis de datos.
El pasado 17 de junio, la TGR expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados los resultados de su plan de cobro.
Entre enero y mayo de 2026, la Tesorería recaudó $59.225 millones de pesos distribuidos en tres mecanismos: $30.818 millones vía convenios de pago (52% del total); $20.208 millones vía compensaciones por operación renta (34%); y $4.207 millones vía embargos directos a cuentas bancarias, equivalentes al 7% del total recaudado.
Esos embargos afectaron hasta la fecha a un primer grupo de 1.535 personas con ingresos superiores a los cinco millones de pesos mensuales, lo que representa apenas el 0,3% de los 565.263 deudores morosos.
Sin embargo, la exposición de la TGR reveló dos grupos adicionales: 90.933 deudores ya demandados con sueldos de entre $1,5 y cinco millones —el 16% del total— y 470.795 personas con deuda morosa y sueldos inferiores a $1,5 millones, que representan el 83% del total de deudores morosos.
Estos últimos fueron notificados entre abril y mayo para firmar convenios bajo amenaza de demanda, aunque aún no han sido demandados.
Frente a este panorama, el movimiento sostiene que el plan apunta principalmente a disciplinar a los deudores y a generar convenios a través del miedo.
En particular, señalan, la presión sobre el segmento de menores ingresos —que tiene escaso patrimonio embargable— busca asegurar una fuente de cobro estable en la forma de salarios.
